jueves, 2 de mayo de 2024

La tarjeta europea de discapacidad será gratuita



La Comisión Europea sigue dando luz verde a la nueva tarjeta europea para personas con discapacidad. Fue hace ocho meses cuando se lanzó la propuesta, que se centra en garantizar a este colectivo un trato preferente y que no sean discriminados. El Parlamento Europeo ha votado y el resultado ha sido muy claro: 613 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones. De esta manera, ya tan solo falta la aprobación definitiva por parte del Consejo.

Desde la web de la Comisión Europea se informa que esta tarjeta puede garantizar que las personas con discapacidad puedan desplazarse libremente por la Unión Europea. Para ello, la Comisión ha propuesto la creación no solo de la nueva tarjeta europea de discapacidad, sino también de una versión mejorada de la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad.

Si hablamos de la tarjeta europea de discapacidad, debemos dejar claro que servirá para demostrar la condición de discapacidad en todos los países de la UE, siendo gratuita y en formato físico, aunque también estará en digital. La renovación de la misma también será gratuita, siendo los países los que deciden si cobrar por ella o no en caso de pérdida. En este sentido, se concederá a los titulares de tarjetas una igualdad de acceso a condiciones especiales y a un tratamiento preferencial en cualquier lugar de la Unión Europea.

Las condiciones especiales se aplican a la hora de utilizar el transporte público, así como de asistir a actos culturales y acudir a museos, centros deportivos y de ocio, parques de atracciones, etc. Pueden ofrecerse, por ejemplo, en forma de:

  • Entrada gratuita
  • Tarifas reducidas
  • Acceso prioritario
  • Asistencia personal
  • Ayudas a la movilidad

Desde la Comisión Europea señalan que deben dar a conocer las tarjetas, en particular mediante la creación de un sitio web europeo centralizado. Este sitio web debe de estar vinculado a las webs nacionales, con información sobre cómo obtener, utilizar y renovar las tarjetas e información sobre las condiciones preferenciales. La cámara también ha dado luz verde al acuerdo político entre Consejo y Parlamento sobre la ampliación de las tarjetas a nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE. Esto incluye a solicitantes de asilo y apátridas.

Sobre la tarjeta de estacionamiento, podemos adelantar que el objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan utilizar plazas de aparcamiento y servicios reservados para ellas en todos los países de la UE. Dichas tarjetas van a sustituir las tarjetas de estacionamiento nacionales.

¿Cuándo entrará en vigor dichas tarjetas?

Como hemos adelantado, fue el 6 de septiembre de 2023 cuando la Comisión Europea presentó la propuesta para crear estas dos tarjetas. Tras varios meses, parece que entra en su recta final, tras recibir la aprobación del Parlamento Europeo. 

Según Yannis Vardakastanis , presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, las tarjetas europea para personas con discapacidad son sólo una «victoria trascendental» para alrededor de 100 millones de personas con discapacidad en la UE. «Las tarjetas eliminan algunos obstáculos al viajar. Lo hacen más fácil, pero no nos permiten disfrutar del derecho a circular, a estudiar, a trabajar. La discapacidad no viaja con nosotros», señala.

La Comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli, destaca la rapidez con la que se adoptó la legislación y explica que «con esta tarjeta, todos los derechos que una persona con discapacidad tiene en un país estarán disponibles para todas las personas con discapacidad que visiten ese país en particular, por lo que este reconocimiento es muy, muy importante».

Noticia de Manuel Ruiz Berdejo López.


miércoles, 1 de mayo de 2024

Sistema Universitario: modificación LO 4/2000 y Ley 14/2013.



El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy publica la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario que entrará en vigor a los veinte días de su publicación y modifica la LO 4/2000 y la Ley 14/2013, entre otras, de la que resaltamos, por la materia que nos ocupa:

(…) si bien el Estado español es el primer destino del estudiantado del programa Erasmus en los últimos años y uno de los principales emisores de estudiantes de este programa, la cifra del estudiantado extranjero en España es, en términos relativos, inferior a la de muchos países de nuestro entorno europeo. Por otra parte, apenas el tres por ciento del personal docente e investigador universitario posee una nacionalidad distinta a la española cuando, en cambio, cerca del 15 por ciento de los residentes en España han nacido fuera del país. La significativa y creciente presencia de universidades españolas en las alianzas de universidades europeas nos indica el camino a seguir en ese proceso imparable de compartir conocimiento, docencia e investigación a escala europea, siendo las universidades la expresión más evidente de los valores de humanismo, defensa de los derechos y valores democráticos, de libertad de pensamiento y creación, que Europa quiere proyectar al mundo.

(…)

Las disposiciones finales, además de las determinaciones típicas, incluyen la modificación de (…); la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en lo relativo a la vigencia de las autorizaciones iniciales de estancia por estudios superiores cuya duración se extienda más allá de un curso académico y a las prórrogas de las autorizaciones de otras categorías, así como respecto de los lugares de presentación de las solicitudes y exigencia de comparecencia personal; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, para clarificar la regulación relativa a los requisitos para el ejercicio profesional de la psicología en el ámbito sanitario y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para ampliar los períodos de eficacia de las autorizaciones de residencia del estudiantado para búsqueda de empleo y la autorización de residencia para prácticas.

(…)

Artículo 1. Objeto.

1. Constituye el objeto de esta ley orgánica la regulación del sistema universitario, así como de los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas con competencias en materia universitaria.

2. A los efectos de esta ley orgánica, se entiende por sistema universitario el conjunto de universidades, públicas y privadas, y de los centros y estructuras que les sirven para el desarrollo de sus funciones.

Por su parte, se entiende por universidades aquellas instituciones, públicas o privadas, que desarrollan las funciones centrales de docencia, investigación y transferencia e intercambio del conocimiento, además de las recogidas en el artículo 2.2 y que ofertan títulos universitarios oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado en la mayoría de ramas de conocimiento, pudiendo desarrollar otras actividades formativas.

(…)

Artículo 10. Convalidación o adaptación de estudios, homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros, validación de experiencia y reconocimiento de créditos.

Corresponde al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regular:

a) Los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros. Este procedimiento deberá estructurarse partiendo de los principios que sustenten el Espacio Europeo de Educación Superior, en cuanto al mutuo reconocimiento de títulos académicos de los países que lo han implementado, así como de acuerdo con el Convenio sobre reconocimiento de cualificaciones relativas a la educación superior en la Región Europea (número 165 del Consejo de Europa), hecho en Lisboa el 11 de abril de 1997.

b) Las condiciones de homologación de títulos oficiales extranjeros de educación superior con títulos universitarios oficiales españoles.

c) Las condiciones para la declaración de equivalencia de un título oficial extranjero de educación superior en relación con el nivel académico universitario oficial de Grado o de Máster Universitario. Los títulos de Grado expedidos por universidades en los Estados miembros de la Unión Europea serán equivalentes, a todos los efectos, a aquellos expedidos por universidades españolas.

d) Las condiciones para el reconocimiento académico de la experiencia laboral o profesional, así como la formación a lo largo de la vida.

e) El régimen de convalidaciones y de reconocimiento de créditos entre las enseñanzas oficiales universitarias y las otras enseñanzas que constituyen la educación superior.

(…)

TÍTULO VII

Internacionalización del sistema universitario

Artículo 23. Fomento de la internacionalización del sistema universitario.

1. Las universidades fomentarán la internacionalización de la docencia, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento, de la formación y de sus planes de estudio, así como la acreditación internacional de los mismos especialmente en el Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, promoverán la internacionalización de su personal y de todas sus actividades.

Las universidades fomentarán y facilitarán el conocimiento y el uso de lenguas extranjeras en el conjunto de su actividad. Igualmente, velarán por que el proceso de internacionalización no suponga una segregación en el estudiantado por razones económicas.

2. El Ministerio de Universidades, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y de las propias universidades, articulará las medidas que resulten precisas para promover la internacionalización del sistema universitario en todos los ámbitos de su actividad y, en particular, su articulación en el Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, impulsará el Espacio Iberoamericano de Educación Superior y del Conocimiento y otras áreas de cooperación regional.

El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Ciencia e Innovación, las Comunidades Autónomas y las propias universidades potenciarán la participación de investigadores/as, grupos y centros de investigación en redes internacionales de investigación, así como la concurrencia competitiva de los mismos en proyectos del ámbito internacional.

(…)

Artículo 27. Movilidad internacional de la comunidad universitaria.

1. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las propias universidades promoverán programas de movilidad e intercambio del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. A tal fin, fomentarán programas de becas y ayudas al estudio y a la formación a lo largo de la vida que podrán ir dirigidos a áreas geográficas y ámbitos de conocimiento estratégicos específicos.

2. El Ministerio de Universidades, las Comunidades Autónomas y las propias universidades promoverán y difundirán los programas de movilidad financiados con fondos de la Unión Europea, con particular referencia al programa Erasmus+, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación pública, asegurando la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las lenguas oficiales del Estado español.

3. El Ministerio de Universidades, las Comunidades Autónomas y las propias universidades promoverán la presencia de universidades, estudiantes y las distintas instancias del sistema universitario español en los órganos y foros de representación internacional universitaria.

Artículo 28. Atracción de talento.

1. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las propias universidades cooperarán para fomentar la atracción de talento internacional al sistema universitario.

A tal efecto, se promoverán programas de información, acogida, orientación, acompañamiento y formación, y cualesquiera otras medidas que faciliten la incorporación del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios internacionales.

2. El Gobierno agilizará y simplificará los trámites de homologación y declaración de equivalencia de los títulos expedidos en el extranjero y los procedimientos de acceso a las universidades atendiendo al principio de reciprocidad. Asimismo, el Gobierno agilizará los procedimientos migratorios legalmente establecidos para el estudiantado, el personal docente e investigador y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios internacionales.

Artículo 29. Centros en el extranjero.

1. Las universidades podrán crear centros en el extranjero, que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez y eficacia en todo el Estado o títulos propios, por sí solos o mediante acuerdos con otras instituciones nacionales, supranacionales o extranjeras, que tendrán la estructura y el régimen establecido en la normativa aplicable.

2. Los centros en el extranjero podrán actuar como agentes de internacionalización de las universidades que los hayan creado, en colaboración con el Servicio Exterior del Estado, en ejercicio de las competencias de acción exterior en materia educativa previstas en su normativa específica.

(…)

Artículo 88. Profesorado de la Unión Europea.

1. El profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aquéllas una posición comparable a la de Catedrático/a de Universidad, Profesor/a Titular de Universidad o Profesor/a Permanente Laboral será considerado acreditado a los efectos previstos en esta ley orgánica, según el procedimiento y condiciones que se establezcan por orden de la persona titular del Ministerio de Universidades, previo informe del Consejo de Universidades. Con carácter general, estos reconocimientos de acreditación con otros Estados miembros estarán sujetos al principio de reconocimiento mutuo.

2. A los efectos de la concurrencia a los procedimientos de acreditación, a los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios y a las convocatorias de contratos de profesorado que prevé esta ley orgánica, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea gozarán de idéntico tratamiento, y con los mismos efectos, que los nacionales españoles. Igual criterio se seguirá respecto a los nacionales españoles que hayan cursado sus estudios en la Unión Europea.

Igualmente, lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará a los nacionales de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se encuentra definida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Lo establecido en el primer párrafo de este apartado asimismo será aplicable a las personas extranjeras que se hallen regularmente en territorio español, así como a las personas nacionales de terceros países miembros de la familia de personas españolas o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea en los términos establecidos por la normativa específica en esta materia.

3. Las Administraciones Públicas y las universidades fomentarán la movilidad del profesorado en el Espacio Europeo de Educación Superior a través de programas y convenios específicos y de los programas de la Unión Europea.

Igualmente, impulsarán la realización de programas dirigidos a la renovación metodológica de la educación universitaria para el cumplimiento de los objetivos de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior.

(…)

Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se modifica como sigue:

Uno. El título del capítulo IV del título II queda redactado del siguiente modo:

«CAPÍTULO IV

De las tasas por autorizaciones administrativas y por tramitación de las solicitudes de visado y de los precios públicos»

Dos. Se da la siguiente nueva redacción a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 33:

«1. Podrá ser autorizado, en régimen de estancia, conforme a lo dispuesto en la presente ley, el extranjero que tenga como fin único o principal realizar una de las siguientes actividades de carácter no laboral:

a) Cursar o ampliar estudios.

b) Realizar actividades de investigación o formación, sin perjuicio del régimen especial de los investigadores.

c) Participar en programas de intercambio de alumnos en cualesquiera centros docentes o científicos, públicos o privados, oficialmente reconocidos.

d) Realizar prácticas no laborales.

e) Realizar servicios de voluntariado.

2. La vigencia de la autorización coincidirá con la duración del curso para el que esté matriculado, de los trabajos de investigación, del intercambio de alumnos, de las prácticas o del servicio de voluntariado. En el caso de los estudios superiores, en los supuestos en los que el solicitante vaya a estudiar más de un curso académico, la vigencia de la autorización coincidirá con la duración oficial de los estudios en las condiciones que reglamentariamente se determinen, que incluirán el mantenimiento y comprobación de los requisitos que dieron lugar al otorgamiento de la autorización.

3. La autorización se prorrogará con el límite de un año en cada prórroga en los términos y con los periodos de cada actividad de conformidad con su legislación específica siempre y cuando el titular demuestre que sigue reuniendo las condiciones requeridas en la autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos con carácter general y los específicos de cada una de ellas.»

Tres. El apartado 3 del artículo 44 queda redactado de la manera siguiente:

«3. Se podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios de tramitación de visados por parte de proveedores de servicios externos, de conformidad con la normativa aplicable.»

Cuatro. El primer párrafo del apartado 2 de la disposición adicional tercera queda redactado de la siguiente forma:

«2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentación de solicitudes de visado y su recogida se realizarán personalmente ante la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación aquél resida. Excepcionalmente, cuando el interesado no resida en la población en que tenga su sede la misión diplomática u oficina consular y se acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento, como la lejanía de la misión u oficina o dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso, podrá acordarse que la solicitud de visado pueda presentarse por representante debidamente acreditado. Las solicitudes relativas a los visados también podrán presentarse electrónicamente mediante las aplicaciones específicas de tramitación que existan. Asimismo, se podrán presentar en los locales de un proveedor de servicios externo con el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación mantenga un contrato de concesión de servicios, con sujeción a las condiciones previstas en la normativa comunitaria sobre visados.»

(…)

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se modifica como sigue:

Uno. El apartado 1 de la disposición adicional decimoséptima pasa a tener la siguiente redacción:

1. Una vez finalizados los estudios en una institución de educación superior, los extranjeros que hayan alcanzado como mínimo el Nivel 6 de acuerdo con el Marco Europeo de Cualificaciones, correspondiente a la acreditación de grado, podrán permanecer en España durante un período máximo improrrogable de veinticuatro meses con el fin de buscar un empleo adecuado en relación con el nivel de los estudios finalizados o para emprender un proyecto empresarial.»

Dos. El apartado 6 de la disposición adicional decimoctava queda redactado del modo siguiente:

«6. El período de validez de esta autorización de residencia para prácticas será de doce meses o igual a la duración del convenio de prácticas, de ser inferior. Esta autorización podrá ser renovada, por una sola vez, no pudiendo exceder de dos años el período total de la autorización inicial y de su prórroga. En el caso de que se trate de un contrato de trabajo en prácticas, la duración será la prevista en el mismo regida por la legislación laboral aplicable en cada momento.»

(…)

Disposición final décima segunda. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado

martes, 30 de abril de 2024

El Facilitador.


Los facilitadores juegan un papel crucial en el sistema judicial español, especialmente en el apoyo a personas con discapacidad, mujeres y otros grupos vulnerables durante los procesos judiciales y en comisarías. La figura del facilitador surge como respuesta a la necesidad de garantizar la equidad y la comunicación efectiva para aquellos que pueden enfrentar barreras durante su interacción con el sistema de justicia.


¿Qué es un facilitador?

Un facilitador es un profesional que actúa como intermediario entre el sistema de justicia y las personas con discapacidades o necesidades especiales. Su función es asegurar que estas personas comprendan los procedimientos y puedan tomar decisiones informadas, proporcionando los ajustes y el apoyo necesario para que puedan comunicarse de manera efectiva¹².


Importancia de los facilitadores en juzgados y comisarías

La presencia de facilitadores en juzgados y comisarías es vital para:

- Asegurar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

- Proporcionar apoyo para que estas personas puedan declarar y participar activamente en los procesos judiciales.

- Determinar los apoyos necesarios y realizar los ajustes de procedimiento adecuados para cada caso particular¹.


Legislación y reconocimiento

La figura del facilitador está reconocida en la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica². Aunque la figura del facilitador comienza a ser conocida, aún se trabaja en el desarrollo y reconocimiento jurídico de esta figura esencial¹.


Desarrollo y colaboración

Organizaciones como Plena inclusión España han colaborado con diferentes actores del sistema judicial para promover la importancia de los facilitadores y proponer cambios legislativos que fortalezcan su rol¹. Además, se han establecido convenios de colaboración y se ha trabajado en la sensibilización de los operadores jurídicos sobre la necesidad de estos profesionales¹.


En resumen, los facilitadores son fundamentales para construir un sistema de justicia más inclusivo y accesible, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades o vulnerabilidades, sean tratados con equidad y respeto.