viernes, 13 de noviembre de 2020

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo cambia de criterio e impone a una entidad bancaria el pago del total de los gastos de gestoría, etc derivados de un préstamo hipotecario. STS, N.º 555/2020

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo impone a una entidad bancaria el pago de los gastos de gestoría derivados de un préstamo hipotecario. Descargar modelo reclamación banco Modelo reclamación banco

El Tribunal Supremo a través de su Sala de lo Civil ha dictado una importante sentencia en materia de gastos hipotecarios. En la STS, N.º 555/2020, de 26 de octubre, ECLI:ES:TS:2020:3453, condena a un banco a sufragar los gastos de gestoría derivados de la escritura de un préstamo hipotecari

"Respecto de los gastos de gestoría por la tramitación de la escritura ante el Registro de la Propiedad y la oficina liquidadora del impuesto, en la sentencia 49/2019, de 23 de enero, entendimos que como "cuando se haya recurrido a los servicios de un gestor, las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas partes, el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad".

Este criterio no se acomoda bien a doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, porque con anterioridad a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de Contratos de Crédito Inmobiliario, no existía ninguna previsión normativa sobre cómo debían abonarse esos gastos de gestoría. En esa situación, ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva. Razón por la cual, estimamos también en este extremo el recurso de casación".

El resto de motivos alegados en el recurso, el Supremo aplica la doctrina fijada por el TJUE en la sentencia de 16 de julio de 2020.

También el Supremo estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria contra la sentencia de primera instancia y modifica así su parte dispositiva, fijando la sufragación de los gastos hipotecarios de la siguiente manera:

"i) son de cuenta del prestatario la mitad de los aranceles notariales dimanantes del otorgamiento de las dos escrituras, con excepción de los que deriven del libramiento de la primera copia o demás copias expedidas a petición del prestamista; y ii) son de cuenta del prestatario los pagos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados derivados del otorgamiento de esas escrituras

El TJUE obliga a los bancos a devolver los gastos hipotecarios derivados de cláusulas abusivas

En una esperada resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado en contra de los bancos y ha establecido que deben devolverse los gastos declarados abusivos y cobrados indebidamente a los clientes, salvo que la ley nacional prevea lo contrario. Así, salvo el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la banca deberá devolver los gastos derivados de cláusulas que en su día fueron declaradas abusivas. 

El tribunal de Luxemburgo ha respondido 15 cuestiones prejudiciales presentadas por un juez de Mallorca y otro de Ceuta, agrupadas en cinco grandes categorías sobre la cuestión. La sentencia también abre la puerta a que las costas sean cargadas a las entidades bancarias y a declarar abusivas las controvertidas comisiones de apertura. 

El fallo, que resuelve la cuestión respecto de un contrato hipotecario firmado con Caixabank en el año 2000 y otro contraído con BBVA en el 2011, establece que los jueces nacionales sí son competentes para declarar abusivas las cláusulas de apertura Estos acuerdos permitían al banco cobrar a los clientes una comisión por la mera apertura del crédito, pero en puridad no ofrecían ningún servicio a cambio. 

La sentencia subraya que, aunque este importe forme parte del total a pagar del préstamo, no se trata de una cláusula principal o esencial del acuerdo, sino accesoria. Así, como tal, un juez nacional puede estudiar su abusividad, con independencia de que España no haya transpuesto el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, que precisamente regula la cuestión. 

El Alto Tribunal es claro cuando establece que la imposición al consumidor de esta comisión de apertura va en su detrimento y es un acto contrario a la buena fe, si la entidad no demuestra que se está prestando un servicio a cambio (esto debe investigarlo el juez). 

La ley española ya matizaba que por todo concepto cobrado debe prestarse un servicio. El TJUE puntualiza al respecto que cualquier cláusula que exima al profesional de demostrar que se han prestado estos servicios puede provocar un desequilibrio entre las partes, y por tanto los jueces tienen la competencia de declararlas también nulas. 

El plazo de prescripción es legal, pero debe ser estudiado

Otra cuestión de importancia que resuelve el TJUE es el puntiagudo asunto de los plazos de prescripción. La Directiva no se opone a que la reclamación quede sometida a un plazo de prescripción. Eso sí, de aplicarse dicho plazo, el tribunal advierte que no se debe dificultar extraordinariamente el ejercicio del derecho del consumidor. Si el plazo obstaculiza de forma injusta la reclamación del cliente, el juez podrá revisarlo. 

La jurisprudencia nacional estableció en este punto un plazo de cinco años (que toma del Código Civil). El Supremo concluyó que dicho término empezaba a correr a partir de la celebración del contrato que contiene esta cláusula. Sin embargo, el Tribunal de Justicia puntualiza ahora que ese plazo puede dificultar excesivamente el ejercicio de los derechos que la Directiva confiere al consumidor, ya que no son conscientes de que están firmando algo que resulta abusivo, y sin embargo el contador empieza a correr desde que plasman su firma. El juez nacional, por tanto, debe estudiar la cuestión y decidir si existe un desequilibrio entre las partes en este punto.  

En quinto lugar, y por último, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva y el principio de efectividad se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas. Ese régimen, puntua el TJUE, crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.


martes, 3 de noviembre de 2020

El Supremo prohíbe desahuciar de sus locales a los autónomos en jubilación activa

 Corrige a varios tribunales y establece que el retiro parcial, con el que casi 100.000 trabajadores por cuenta propia prolongan su edad laboral para acceder a una pensión digna, deja de ser utilizado como causa para desalojarlos de sus negocios.

El Supremo aprecia falta de transparencia en las hipotecas con IRPH, pero no abusividad

Sede del Tribunal Supremo. — EFE | ARCHIVO / EFE

El Supremo acaba de cambiar, para bien, las condiciones de los negocios de los casi dos millones de autónomos que trabajan en locales arrendados, tanto abiertos al público como cerrados, y que optan por la jubilación activa como un medio para prolongar su carrera laboral y acceder a pensiones dignas.
El tribunal ha establecido que el acceso a la jubilación parcial no puede ser utilizado por los propietarios de los locales como base para desahuciarlos y recuperar su posesión, que es lo que estaba ocurriendo desde que en 2013 comenzó a aplicarse este formato del retiro en España.

"De nada serviría al arrendatario acceder a una jubilación parcial, al amparo de una norma que le permite continuar en ejercicio de la actividad con determinadas condiciones, cuando ello significaría la extinción del contrato de arrendamiento sobre el local en que se ejerce la actividad", señala el Supremo en la sentencia por la que revoca dos anteriores del Juzgado número 2 de Tudela y la Audiencia de Navarra, que mantenían, como ocurría con los tribunales de otras comunidades autónomas, que el acceso por parte del autónomo a "la modalidad de jubilación activa no excluye la aplicación de la causa de extinción del arrendamiento" que contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

La sentencia supone un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de los autónomos en un país en el que, según los datos de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores autónomos), el 60% de ellos desarrolla su negocio en locales arrendados. La resolución no afecta a los eventuales desalojos por impago de rentas.

"No tendría sentido que la ley amparara desahuciar una actividad legal"

"Evidentemente, la jubilación activa no puede ser una causa de desalojo, ya que, de hecho, lo que permite es seguir desarrollando la actividad", sostiene el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, que añade que "en todo caso, eso puede ocurrir cuando el profesional se da de baja en Hacienda y en la Seguridad Social. No tendría sentido que la ley amparara el desahucio de una actividad legal y en funcionamiento".

Sin embargo, eso lleva ocurriendo siete años, desde la entrada en vigor de ese sistema de retiro parcial en 2013. Y, de hecho, lo habitual era que los tribunales, incluido el Supremo, se pronunciaran en ese sentido y avalaran el desalojo de los autónomos. Aunque en ocasiones lo hacían en casos relativos a la jubilación flexible, que es otra cosa, y a los retiros fraudulentos.

En cualquier caso, ese criterio obligó a E. D. A., que lleva décadas regentando una joyería ubicada en un local alquilado de la avenida de Zaragoza de Tudela (Navarra), a mantener un largo pleito de cuatro años para poder seguir trabajando en ese establecimiento que comenzó con dos derrotas consecutivas, tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial.

Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tudela avaló en marzo de 2016 la demanda de Barral y Asociados, la empresa que unos años antes se había hecho con la propiedad del edificio en el que se ubica la joyería, y condenó a la joyera a "dejar dicho local libre, expedito y a disposición de la propietaria del local de forma inmediata".

Año y medio después, en septiembre de 2017, la Audiencia confirmaba esa resolución argumentando que la regulación de la jubilación activa, que es un formato voluntario, "dispone, expresamente, que quien acceda a dicha modalidad de jubilación será considerado jubilado a todos los efectos". Lo contrario, añadía, supondría dejar la decisión sobre el uso del local en las manos del arrendatario en lugar de en las del dueño, posibilidad que no consideraba apropiada.

"Extinguir el contrato imposibilitaría prolongar la actividad"

Tres años después, la Sala Primera del Supremo ha aclarado la situación: "Cuando se prolonga legalmente la actividad, no se da la causa de extinción del arrendamiento; extinción que imposibilitaría en la práctica la prolongación de actividad en las mismas condiciones".

"Lo que podría ser el hecho causante del desahucio sería la baja de la actividad, pero eso no se produce con la jubilación activa", explica Abad.
La diferencia básica entre el retiro activo y el flexible consiste, según explica la web de la Seguridad Social, en que la primera es una prolongación de la vida laboral y la segunda una suspensión de la jubilación para desarrollar actividades concretas.

En la primera hay hoy cerca de 100.000 autónomos, unos 25.000 menos de los que había a finales del año pasado, que han decidido tirar la toalla ante la crisis desatada en torno a la pandemia. En España se jubilan cada año más de 25.000 trabajadores de más de 67 años, con los 70 cumplidos en muchos casos y mayoritariamente mujeres autónomas, que tratan de completar su carrera de cotización para acceder al 100% de la pensión.

Sin embargo, la covid-19 lo ha cambiado todo, con 200.000 autónomos al borde de la quiebra y sectores que, como la hostelería, temen perder este año la cuarta parte de sus unidades productivas. Eso, en un ámbito, el de los autónomos, en el que prácticamente uno de cada seis ya perdía dinero con su negocio.

"Se ha puesto de manifiesto un problema de viabilidad en el trabajo autónomo", explica Abad, en el que "el pago de los alquileres es uno de los aspectos que más está penalizando a los pequeños negocios. Si los fondos de la UE no se inyectan directamente en la economía real el desastre va a ser enorme".

viernes, 30 de octubre de 2020

Nuevo procedimiento en los puntos de registro de la ATC sobre la obligatoriedad de tramitación electrónica

 


Le informamos que la Agencia Tributaria de Cataluña implementará un cambio de procedimiento en el ámbito de su registro respecto a los diferentes colectivos obligados a relacionarse con la Administración por medios telemáticos, amparado en lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital.

Asimismo, y en relación con lo anterior, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 73.2 del Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital, los colectivos obligados a la tramitación electrónica son:

1. Las personas jurídicas.

2. Las entidades sin personalidad jurídica.

3. Quien ejerce una actividad profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria (incluidos notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) para los trámites y actuaciones con las administraciones.

4. Los que representen una persona interesada que esté obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración.

5. Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que efectúen con estas por razón de su condición de empleado público, tal como determine reglamentariamente cada Administración.

6. Los empresarios individuales o autónomos.

En este sentido, cabe destacar dos etapas en la implantación del cambio de procedimiento mencionado en el registro de la ATC:

          Una primera fase (a partir del 2.11.2020), en la que no se aceptará documentación en papel procedente de empleados públicos ni de administraciones públicas (si estas lo hacen como parte interesada) y se entregará un aviso al resto de obligados pero se registrará su documentación.

          Una segunda fase (prevista a partir del 2.01.2021), en la que se rechazarán también las entradas en papel de particulares canalizadas a través de otras administraciones públicas. En cuanto al resto de obligados, además del aviso, se les emitirá una diligencia según la cual la documentación no se tendrá por presentada si no se enmienda de acuerdo con lo que fija el artículo 68.4 de la Ley 39/2015.

Toda la información sobre los trámites y gestiones que pueden llevarse a cabo en la sede electrónica de la ATC está disponible en https://atc.gencat.cat/es/gestions/tramitacio-tributs/telematics/index.html.

 

lunes, 26 de octubre de 2020

Decretado un nuevo estado de alarma. Publicamos el BOE y consideraciones generales para conocimiento de todos.



Enlace al texto legal que declara el Estado de Alarma --BOE--

 ❗DUDAS SOBRE EL ESTADO DE ALARMA❗

➡️¿Es un estado de alarma como el anterior?

NO

➡️¿En qué se diferencia?

Principalmente en que no habrá confinamiento domiciliario de la población.

➡️¿Cuándo entra en vigor?

Esta tarde.

➡️¿Hasta cuándo se prolongará este estado de alarma?

Seguro que hasta el lunes 9 de noviembre, pero la idea inicial del gobierno es que el estado de alarma se prolongue durante seis meses, hasta el 9 de mayo. Tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados esta semana.

➡️¿Podría terminar antes del 9 de mayo?

Sí, pero no parece que vaya a suceder. Los seis meses que marca el Gobierno obedece a criterios científicos y técnicos. Según los expertos, este es el tiempo necesario para doblegar la curva y frenar el avance de la pandemia. 

➡️¿Va a haber confinamiento general de la población?

Inicialmente no, pero las competencias las tienen los presidentes de cada comunidad autónoma. De manera que si los datos empeoran en una comunidad, podrían llegar a decretar confinamiento domiciliario. 

En cualquier caso, la petición del gobierno es que la población se quede en casa lo máximo posible. A menos movilidad, menos contactos y menos posibilidades contagio.

➡️¿Vamos a poder salir libremente de casa?

No. Durante el día se podrá salir con cualquier fin, pero por la noche se limitan los movimientos.

➡️¿De qué hora a qué hora va el toque de queda?

En todo el territorio nacional, el toque de queda va de 23:00 horas a 06:00 horas.

➡️¿Todas las comunidades autónomas tienen el mismo horario?

No. Cada comunidad autónoma puede adelantar o atrasar la hora de inicio del toque de queda. Así podría empezar entre las 22:00 y 00:00 horas, y terminar entre las 5:00 y las 7:00 horas

➡️¿Hay excepciones al toque de queda? 

Sí. Durante el toque de queda se puede estar en la calle por las siguientes causas justificadas. Estas serían algunas:

📌Adquirir medicamentos.

📌Volver del trabajo.

📌Regresar al domicilio.

📌Cuidar personas mayores.

➡️¿Puedo entonces sacar al perro a partir de las 23:00 horas o salir a correr?

En principio no, salvo que en tu comunidad autónoma concreta se establezca como hora de inicio del toque de queda las 00:00 horas. 

➡️¿Qué va a pasar esta Navidad? 

No se sabe, pero lo más seguro es que se tendrán que celebrar las fiestas de Nochebuena y Fin de Año con los convivientes. El gobierno pretende aprobar el estado de alarma hasta al 9 de mayo. Se prolongaría hasta esa fecha el toque de queda, de manera que a partir de las 23:00 horas no se podría estar en la calle. 

➡️¿Hay alguna comunidad autónoma que no tendrá toque de queda?

Sí, las islas Canarias.

➡️¿Podremos movernos dentro de la comunidad autónoma?

Depende. Cada comunidad decidirá si hay libre circulación en su territorio o si  se realizarán confinamientos perimetrales —de barrio, ciudad, distrito, provincia...— dentro de la propia comunidad. 

➡️¿Habrá movimiento entre comunidades?

También depende. Cada comunidad decide si cierra su territorio a otras autonomías. En caso de que una comunidad cerrase sus fronteras, puede haber desplazamientos por motivos laborales, educativos o médicos.  

➡️ ¿Cuántas personas pueden reunirse?

Las comunidades también podrán limitar las reuniones sociales, pero con un límite máximo de seis personas, salvo que sean convivientes.

Ver documento legal y consideraciones al estado de Alarma

jueves, 22 de octubre de 2020

Con carácter xeral, calquera persoa interesada pode presentar documentación dirixida aos rexistros de cooperativas a través da sede electrónica

El registro de cooperativas de Galicia después de muchos años y de gastos de partidas presupuestarias ingentes y sin explicaciones comienza tarde y mal a adaptarse a las nuevas tecnologías, veremos lo que pasa en la realidad de la práctica diaria.

Ver enlace  Enlace a la norma del Registro de cooperativas de Galicia

miércoles, 21 de octubre de 2020

Los ricos, aún más ricos con la pandemia.



Según un estudio de USB, las personas más ricas del mundo aumentaron el 14,6% su fortuna en en comparación con 2017, gracias a las subidas de los mercado. Hoy en día hay 2.189 multimillonarios , frente los 2.158 de 2017.

En conjunto, las personas más ricas del mundo obtuvieron un récord de 10,2 billones de dólares a finales de julio de 2020, un aumento del 14,6% de su riqueza en comparación con 2017, gracias principalmente a las subidas del mercado de valores. Hoy en día hay 2.189 multimillonarios en todo el mundo, frente a los 2.158 en 2017.

De ellos, 37 residen en Suiza y vieron crecer su patrimonio en un 29% entre abril y julio de 2020, hasta alcanzar una fortuna conjunta de 123 500 millones de francos (135 000 millones de dólares).

Entre los mayores beneficiados se encuentran los activos en el sector de la salud, dijo UBS, que realizó la encuesta junto con la empresa de contabilidad PwC. Los nuevos tratamientos, las innovaciones en el diagnóstico y, más recientemente, la investigación sobre el Covid-19, les han ayudado a registrar un aumento del 50% de su riqueza, hasta alcanzar los 658 000 millones de dólares. Pero son los multimillonarios de la tecnología los que alcanzan la mayor fortuna, 1,8 billones de dólares en total.

Este es el séptimo informe del banco suizo sobre la riqueza de los multimillonarios. Se analizaron 2.000 multimillonarios en 43 mercados diferentes,  es decir, prácticamente todos los ricos del mundo, o, según indica este documento, el 98% de la población súper rica de la Tierra

https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A1s-ricos-los-s%C3%BAperricos-durante-la-pandemia/46086206?utm_campaign=society&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o

martes, 20 de octubre de 2020

Código Civil y legislación complementaria


Nueva entrega de legislación de interés, en este publicamos la legislación civil y complementaria. Pinchar en el enlace  Legislación civil y complementaria

La CNMC lleva a cabo 15 actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado en septiembre

 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

Titulación de arquitecto para suscribir certificados de licencias de segunda ocupación de viviendas en L’Alfás del Pi (UM/033/20)

Un ingeniero técnico de obras públicas planteó una reclamación contra el Ayuntamiento de L’Alfás del Pi, que considera solo a los arquitectos y arquitectos técnicos competentes para emitir certificados de licencias de segunda ocupación.

La CNMC concluye que el ayuntamiento no justifica ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha exigencia. El hecho de que las Administraciones Públicas exijan exclusivamente determinadas titulaciones para el desarrollo de una actividad es una medida contrataría a la LGUM. El Pleno del Consejo de la CNMC ha acordado recientemente remitir un requerimiento al consistorio antes de interponer un recurso especial del artículo 27 LGUM contra este. (UM/045/20). 

Siguen en el enlace otras de interés.          Resoluciones de la CNMC