miércoles, 5 de febrero de 2020

martes, 4 de febrero de 2020


¿Quiénes tienen la consideración de personas o entidades vinculadas?

a.    Una entidad y sus socios o partícipes.
b.    Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.
c.    Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.
d.    Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
e.    Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.
f.      Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25% del capital social o de los fondos propios.
g.    Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente, en, al menos el 25 % del capital social o de los fondos propios.
h.    Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.
En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25%. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.
Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

Normativa:
Artículo 18 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

miércoles, 29 de enero de 2020


El Supremo dicta una interesante sentencia sobre la conservación de la nacionalidad española


  • Materias: Civil
  • Fecha: 09/01/2020

El Poder Judicial informa sobre la sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Nº 696/2019, de 19 de diciembre de 2019, Rec. 3326/2017, resolviendo un recurso de casación sobre la interpretación del artículo 24.3 del Código Civil, que establece la pérdida de la nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.
En el caso resuelto por el TS, la demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad. La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del art. 24.3 CC.
Frente a las resoluciones que acordaron la pérdida de la nacionalidad por incumplimiento de los requisitos de dicha norma, la interesada formuló la demanda que dio lugar a este procedimiento. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial, por el contrario, confirmando la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), entendió que la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad debía ser expresa y que ese requisito no concurría en este supuesto.
El Pleno de la Sala tiene en cuenta la finalidad del art. 24.3 CC, que trata de evitar la perpetuación de estirpes indefinidas de descendientes de españoles en el extranjero, a pesar de que no mantengan la menor vinculación con España.
Para ello, se exige a los nietos de emigrados españoles, segunda generación nacida en el país de acogida, una declaración de voluntad dentro de cierto plazo para no perder la nacionalidad española. La pérdida de la nacionalidad se produce «ex lege» si no se realiza esa declaración. Sin embargo, no se exige que la declaración de querer conservar la nacionalidad esté sujeta a una forma solemne, por lo que no se ve inconveniente para admitir que la voluntad se manifieste de manera indirecta a través de un comportamiento concluyente.
En el caso que ha dado lugar a este recurso, la demandante compareció en el Consulado de España para solicitar la renovación de su pasaporte dentro del plazo de tres años previsto en el art. 24.3 CC. Aunque formalmente no declarara de manera expresa y directa su voluntad de conservar la nacionalidad española, esta solicitud debe ser tenida como tal, en atención a lo que significa habitual y socialmente en este ámbito la tenencia del pasaporte.
La solicitud de renovación del pasaporte no es un mero uso de la nacionalidad española, sino una petición que se realizó ante el Consulado General y que comporta de manera inequívoca la voluntad de querer ser español.
Por todo ello, la Sala estima el recurso de casación y confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que había revocado la resolución de la DGRN y había declarado la nacionalidad española de origen de la demandante.


lunes, 27 de enero de 2020


DGT V0107-19, de 16/01/2019


  • Órgano: SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
  • Fecha: 16 de Enero de 2019
  • Núm. Resolución: V0107-19

Normativa

Ley 35/2006, art. 27

Cuestión

Tributación en el IRPF de la indemnización y deducibilidad de los gastos de abogado y procurador.

Descripción

El consultante, abogado, fue demandado por supuesta negligencia profesional por una cliente del turno de oficio, reclamándole una indemnización por responsabilidad civil. Habiendo obtenido sentencia favorable, tanto en primera instancia como en la Audiencia provincial, y al tener suscrito el Colegio de Abogados al que pertenece un seguro de responsabilidad civil que cubre tanto el pago de indemnizaciones (hasta cierta cuantía) y los gastos de abogado y procurador, la aseguradora le abona los honorarios de abogado y procurador.

Contestación

La indemnización (percibida de la compañía aseguradora) por el importe de los gastos correspondientes a los honorarios de abogado y procurador en que ha incurrido el consultante por su defensa en la demanda que le interpone una clienta por supuesta negligencia profesional, en cuanto consecuencia del ejercicio de la actividad que viene realizando (la abogacía), no puede tener otra calificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que la de rendimientos de esa actividad económica (profesional).

Al tratarse del ejercicio de una actividad profesional, actividad cuyo método de determinación del rendimiento neto es el de estimación directa, para la fijación de este rendimiento se hace preciso acudir al artículo 28.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), precepto que realiza una remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades disponiendo que “el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva”.

Esta remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas, nos lleva al artículo 10 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre), cuyo apartado 3 establece: “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”.

Por su parte, el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades dispone que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:

“e) Los donativos y liberalidades.
No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.
No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.
Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad”.

De acuerdo con lo anterior, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados con la obtención de los ingresos, serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad económica. Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar, así como estar convenientemente justificados.

Con este planteamiento, procede afirmar que se cumple el principio de correlación respecto a los gastos de defensa jurídica en los que ha incurrido el consultante ante la demanda interpuesta por una clienta, por lo que tendrán la consideración de deducibles en la determinación del rendimiento neto de su actividad económica siempre que se cumplan los restantes requisitos referidos en el párrafo anterior.

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

jueves, 23 de enero de 2020


Pronunciamientos judiciales de interés relacionados con el registro horario


  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 13/01/2020

Entre los casos tratados por los Tribunales en relación con el registro horario, merece la pena destacar:

a) La omisión de registro genera la presunción de existencia de jornada a tiempo completo
En caso de inexistencia del registro horario, las reglas de distribución de la carga de la prueba determinan que es la empresa a quien corresponde acreditar una jornada a tiempo parcial y no a la persona trabajadora demostrar que su jornada es a tiempo completo.

En la STSJ Castilla y León 24/05/2019, Rec. 272/2019, ECLI: ES:TSJCL:2019:2243, seguida de muchas otras[1], la Sala de lo Social entiende una injustificada falta de aportación del registro de jornada, o lo que es lo mismo "la ausencia de acreditación de su existencia", como un claro indicio de incumplimiento de las obligaciones que en esta materia corresponde a la empresa, por lo que no puede hacerse recaer sobre la trabajadora la carga de acreditar la realización de una jornada a tiempo completo.

La omisión de registro genera la presunción de existencia de jornada a tiempo completo, es decir, siguiendo las reglas de distribución de la carga de la prueba, será la empresa a la que corresponde acreditar una jornada a tiempo parcial y no a la persona trabajadora demostrar que su jornada es a tiempo completo. Lo contrario, asevera la Sentencia, “iría en contra de la vinculación que la norma transcrita establece [artículo 12.4.c) del ET] y del efecto presuntivo contemplado en el artículo 385.1 de la LECiv, según el cual "las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca". Supondría, además, desconocer los efectos propios del criterio de disponibilidad y facilidad probatoria contemplado en el artículo 217.7 de la LECiv, conforme al cual corresponde a la empresa la llevanza de los registros de jornada acreditativos de la realizada y quien puede y debe aportarlos, de serle requeridos, como así ocurrió en este caso”

La posibilidad de prueba en contrario que el artículo 12.4.c) del ET dispone se admite en el número 2 del precitado artículo 385 en una doble dirección, tanto para probar la inexistencia del hecho presunto como para demostrar que no existe, y, «ninguna actividad ha desplegado la empresa, que es a quien corresponde ahora la carga probatoria, en orden a acreditar una jornada a tiempo parcial».
El fallo condena a la empresa demandada a que abone a la trabajadora la suma de 6.597,18 €, más un 10% anual en concepto de intereses de demora.

b) Sanción disciplinaria por eludir los controles horarios y fichar por otros compañeros.

La reciente SAN de 20 de marzo de 2019, Rec. 18/2018, Ecli: ES:AN:2019:947, desestima el recurso contencioso-administrativo presentado frente a sanción disciplinaria por «acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo» (artículo 7.1 p) Reglamento de Régimen Disciplinario) realizado por un funcionario, infracción por la que se le había impuesto, inicialmente, una sanción de ocho meses de suspensión de funciones.

Los hechos probados en el fallo recogen que, entre otras actuaciones, la funcionaria, inspectora de Hacienda, había forzado el torno de entrada que sirve para el control horario de los empleados, no utilizaba la tarjeta de acceso o utilizaba tarjetas de otras personas para fichar simulando la entrada de otros funcionarios, lo que se entiende como acciones de «carácter doloso», con la clara intención de eludir los controles horarios y ayudar a otros funcionarios a simular su entrada en horario distinto del real.

Para la AN, aunque no todos los incumplimientos declarados probados en la resolución administrativa estén respaldados por prueba suficiente, sí se acredita la reiteración en la conducta sancionada, por lo que «No se trata de un incumplimiento puntual, sino que se prueba la habitualidad en la conducta».

Teniendo en cuenta lo anterior, la infracción cometida se considera grave. Si bien era posible imponer una suspensión de funciones hasta un máximo de tres años (artículo 16 párrafo primero del Reglamento de Régimen Disciplinario) y fue inicialmente aplicada una de ocho meses de suspensión de funciones, la inexistencia de reincidencia ni anotaciones desfavorables en el expediente personal de la funcionaria implica, a juicio de la AN, una aplicación menos rigurosa de la sanción, por entender la pérdida de ingresos durante un período de tiempo tan prolongado una sanción demasiado severa. Y si bien los precedentes administrativos sobre graduación de la sanción no deben ser determinantes para considerar correctas las sanciones más benignas, si deben tomarse en consideración a la vista del amplio margen de apreciación que la norma sancionadora otorga a la Administración en el ejercicio de su potestad punitiva, para moderar el ejercicio de esta potestad.
En suma, consideramos que la sanción debe rebajarse sustancialmente e imponerse con una duración de cuatro meses de suspensión de funciones, teniendo presente que ésta es la mayor de las sanciones impuestas por hechos similares investigados de manera casi simultánea, que tienen una gravedad similar a la conducta observada por la apelante.

c) Despedido procedente por abuso sobre las personas trabajadoras a su cargo al obligar a realizar horas extra no remuneradas ni registradas.

Recordando que, en el marco de los despidos disciplinarios, ha de aplicarse la «teoría gradualista», para la ponderación proporcional entre derecho al trabajo (art.35.1 CE, derecho a no ser despedido sin justa causa) y la libertad de empresa. (art.38 CE), la STSJ de Cataluña Nº 4640/2018, de 26 de noviembre de 2018, Rec. 4640/2018, ECLI: ES:TSJCAT:2018:10854, considera procedente el despido de un gerente por obligar a sus subordinados a entrar, antes del inicio de su jornada laboral, para realizar diversas tareas en el establecimiento que dirigía tales como reposición de productos en estanterías o marcación de precios, sin que ese trabajo efectivo quedara reflejado en el sistema de control horario.

El encargado había manifestó a sus subordinados, que debían ir al centro de trabajo a las 05:00 si querían que los formara con vistas a un posible ascenso, pero en lugar de formarlos trabajaban colocando mercancías, reponiendo y limpiando. Una vez en el establecimiento, les decía que no ficharan hasta las 06:00 porque habían ido a ayudar.

Según declaración testifical, el demandante no obligaba a los trabajadores a ir al establecimiento a las 05:00 pero ensalzaba a los que acudían a esa hora ante los que no lo hacían diciéndoles que aquellos eran mejores que ellos por este motivo.

Tras diversas quejas de sus subordinados, la empresa entregó al demandante una carta de despido por motivos disciplinarios que el gerente reclamó judicialmente.

Para la Sala de lo Social del TSJ, no hay duda de que la conducta sancionada no es puntual u ocasional, sino que se reitera, por lo que encajaría en la sanción impuesta, y ello con independencia de que hubiera recibido o no una advertencia, pues dicho requisito no se exige por el tipo sancionador.

Igualmente, tampoco cabe duda de que la conducta desarrollada constituye un abuso en el trato con las personas situadas a sus órdenes, a quienes diciéndoles que les daba formación para el ascenso les hacía trabajar una hora extra en tareas que nada tenían que ver con esa formación, desactivando, además, la alarma, y evitando que se registrasen esas horas extraordinarias, todo ello con infracción de las normas básicas de registro de los tiempos de trabajo, que el trabajador, en tanto que Gerente de tienda conocía. Si bien es cierto que no les obligaba, matiza la Sala de lo Social, no es menos cierto que les alababa públicamente en detrimento de quienes no seguían tales sugerencias y todo ello con utilización de tiempo de trabajo no registrado en perjuicio de dichos trabajadores.
d) Descuento en nómina de los retrasos en el fichaje de entrada.

La SAN Nº 115/2019, de 20 de junio de 2019, Rec. 82/2019, ECLI: ES:AN:2019:257, desestima la demanda sindical, contra una empresa del sector del Contac Center, por la que se solicitaba la declaración como contraria a derecho de la práctica empresarial consistente en descontar directamente de las nóminas mensuales de los trabajadores los retrasos en el fichaje de entrada. Para la Sala esta práctica no constituye una multa de haber, ya que de las obligaciones recíprocas para ambas partes derivadas del contrato de trabajo ha de entenderse que el derecho al percibo del salario se genera por la efectiva prestación de servicios.

La AN señala que el hecho de que la empresa sancione bien con amonestaciones, bien son suspensiones de empleo y sueldo, bien con despidos, las ausencias y retrasos de los trabajadores, a la vez que detrae de sus salarios la parte proporcional de ausencias injustificadas detectadas, no supone una doble sanción, por cuanto que la detracción de salarios obedece al lógico desarrollo de las obligaciones de nacidas al amparo del contrato laboral sin que implique el ejercicio de potestad disciplinaria alguna, mientras que las sanciones obedecen al legítimo ejercicio de la potestad disciplinaria previsto legal y convencionalmente.

Con arreglo al art. 1.124 Código Civil el trabajador no puede reclamar salario alguno por periodos de tiempo -"por ínfimos que estos sean"- en los que no exista efectiva prestación de servicios. Es decir, no existe un derecho del trabajador a que su jornada individual sea redistribuida una vez fijada por causa de retrasos injustificados como se pretende por la asociación sindical demandante, pues tal distribución irregular de la jornada es una facultad empresarial, y por otro lado, implicaría "hacer de peor condición al trabajador que previo aviso se ausenta unas horas del trabajo con arreglo al art. 29 del Convenio, que pierde su derecho a la retribución con relación a aquel que sin causa justificativa alguna simplemente llega tarde al su puesto de trabajo".

e) Considerado nulo el despido efectuado tras denunciar la manipulación del registro horario

La STSJ Murcia Nº 458/2019, de 30 de abril de 2019, Sala de lo Social, Rec 183/2019, Ecli: ES:TSJMU:2019:929, ha entendido que, demostrado que la persona trabajadora denunciante fue despida como represalia por su denuncia del falseamiento de los cuadrantes de horarios por la empresa, el despido ha de considerarse nulo por la vulneración de derechos fundamentales. Se absuelve a la empresa del pago de una indemnización de daños y perjuicios, pero se le condena al pago de una multa de 6.251 €.

La Sala de lo Social del TSJ coincide íntegramente con el criterio de la sentencia recurrida, cuyos argumentos se fundamentan en doctrina del Tribunal Constitucional (STC 138/2006, de 8 de mayo) en cuanto a que la garantía de indemnidad opera no solo en relación a la interposición de demanda o reclamación ante la jurisdicción, sino también en relaciona otros actos preparatorios, no exigidos por el ordenamiento. A ello se ha de añadir que la sala IV del TS estima con tal carácter de acto preparatorio de la reclamación jurisdiccional las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo.

Para la Sala, en el caso se han acreditado indicios suficientes de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, por lo que, corresponde a la empresa demandada acreditar que el despido obedece a causa diferente y tal prueba no se ha acreditado, máxime si en la carta de despido no se concreta incumplimiento contractual alguno, no se indica el precepto que sustenta la extinción, ya que solo se alude a pérdida de confianza por las discrepancias sobre la forma de desarrollar el trabajo, lo que está íntimamente relacionado con la duración de la jornada de trabajo denunciada por la trabajadora y constatada por la Inspección.

Para finalizar, la Sentencia recalca que la conducta de la empresa se encuentra tipificada en el artículo 8.12 del LISOS, como infracción muy grave, por tratarse de "decisión del empresario como reacción a una reclamación efectuada a la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento de principio de igualdad de trato y no discriminación" y el artículo 40 para las infracciones muy graves contemplan multas que oscilan entre los 6.251€ a 25.000€, para su grado mínimo. En el presente caso, teniendo en cuenta no solo el daño moral, sino también el perjuicio material antes indicado, y dada la limitada antigüedad de la trabajadora, esta Sala estima que la indemnización adecuada y razonable es la de 6.251€.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se revoca la sentencia recurrida en cuanto absuelve la empresa demandada del pago de cantidad por indemnización de daños y perjuicios y, en su lugar, condenarla al pago de la suma de 6.251€.

f) Despido improcedente ante un funcionamiento erróneo del programa informático de fichaje que no permite justificar un despido por impuntualidad

La STSJ Madrid Nº 783/2019, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 206/2019 de 12 de julio de 2019, Ecli: ES:TSJM:2019:5800, considera como improcedente el despido disciplinario dado que la empresa, por un mal funcionamiento del sistema de fichaje, no ha podido demostrar las inasistencias injustificadas al trabajo achacadas a la persona trabajadora, así como tampoco las faltas de puntualidad o las salidas antes de la hora prevista.
En el caso el TSJ, coincidiendo con primera instancia, considera probado que la falta de reconocimiento de las huellas dactilares por el sistema informático que la empleadora había implantado para el control horario del personal a su servicio se debió a fallos del sistema.
El trabajador en numerosas ocasiones había comunicado a su Coordinadora problemas en los fichajes, la cual le había aconsejado que lo pusiera en conocimiento de la Escuela, sin embargo, por dejadez no lo había llevado a cabo.
“(...) Efectivamente, la única falta achacable al demandante es que debería haber puesto en conocimiento de la Escuela que no le funcionaba el sistema de fichaje, falta que no constituye infracción alguna, al menos, esto no se ha acreditado por parte de la empresa, y es más, si llama algo la atención es la buena fé por parte del trabajador que no supuso en ningún momento que la falta de poner en conocimiento el mal funcionamiento del programa informático, le acarrearía el despido, lo que sí demuestra la mala fé de la empresa por no haberle informado de este problema, ya que no es creíble que la empresa lo supiera mes y medio después, puesto que los fichajes deben ser controlados día a día. Se trata, por tanto, de un despido improcedente a todas luces, por lo que debe estimarse la demanda en este sentido”.
No habiendo sido demostrados los incumplimientos que se imputan, y habiéndose probado que el trabajador no ha faltado a su puesto de trabajo como se quiere hacer creer de contrario, ya que no existe ni una sola queja por parte de su Coordinadora ni de ningún alumno, se considera el despido improcedente.

En igual sentido al expuesto se pronuncian, entre otras, sentencias del TSJ de Andalucía, Granada, de 22 de febrero de 2018, rec. 1893/2017, Madrid de 14 de mayo de 2018, rec. 1464/2017 y País Vasco de 18 de diciembre de 2018, rec. 2203/2018.

g) Los datos del GPS del vehículo utilizado no valen como prueba del registro horario
ATS Nº 8458/2019, Sala de lo Social, de 16 de julio de 2019, Rec.  4331/2018, ECLI: ES:TS:2019:8458A. Para el TS, en cuanto a la adecuación y suficiencia del sistema de control de la jornada por vía del GPS, dicho sistema excluye de su control una parte de la jornada que se realiza antes y después de acceder al vehículo en el que dicho sistema GPS está instalado, por lo que si los trabajadores, antes de acceder al vehículo y activar su codificación, deben acceder a las oficinas de la empresa, recoger documentación, conocer las rutas o realizar otras gestiones, e igualmente cuando abandonan el vehículo, están desarrollando su jornada laboral y la empresa articula un sistema que excluye esos períodos, por lo que considera la sala que el mismo resulta objetivamente inadecuado, porque no es idóneo para el control total del tiempo de trabajo, en tanto que el tiempo que la empresa exige en el denominado Turno A se muestra superior al permitido en el Convenio y no se está computando en la jornada un tiempo de trabajo.
En consonancia con primera instancia y TSJ País Vasco, la práctica o decisión empresarial relativa a utilizar el sistema del equipo existente en el vehículo: sistema de comunicaciones de GPRS como sistema de fichaje no se ajusta a la legalidad vigente dado que "no es garantista al ser susceptible de alteración por parte de la empresa y por no ajustarse a la realidad de la jornada efectivamente realizada por los trabajadores dado que sólo computa una parte de ella, la realizada en el vehículo (ambulancia)".


martes, 21 de enero de 2020


Caso práctico: IVA en asociación sin ánimo de lucro


  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 13/01/2020
  • Origen: Iberley
PLANTEAMIENTO
Una asociación sin ánimo de lucro se dedica al ocio de menores. El Ayuntamiento les quiere ofrece el montaje y servicio del Parque de Navidad del municipio, para el cual tendrán que contratar hinchables, talleres, monitores, etc y para el que tiene un presupuesto de 15.000 euros. Como asociación,
- ¿pueden emitir la factura sin IVA al ayuntamiento?
- ¿deben dar de alta los modelos 303 y 200?

RESPUESTA
En este caso, lo más lógico es entender que se trata de una prestación de servicios sujeta y no exenta y cabe darse de alta y presentar los modelos 303 y 200.
Tal y como se recoge en la Resolución del TEAF de Bizkaia, 12939 de 18 de febrero de 2013, la entidad sin ánimo de lucro actúa supuestamente en calidad de empresaria o profesional, tal como se desprende de la aplicación de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del IVA que indica que (...) se reputarán empresarios o profesionales: a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo. No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito. Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Tres. La sujeción al Impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular. (...)'.  

La asociación realiza actividades a título oneroso que estarían sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se reconoce la exención del impuesto, según el artículo 20, a Las prestaciones de servicios que a continuación se relacionan efectuadas por entidades de Derecho Público o por entidades o establecimientos culturales privados de carácter social: (...) 1) las propias de las bibliotecas, archivos y centros de documentación; 2) las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de características similares; 3) las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas; o 4) la organización de exposiciones y manifestaciones similares. Sin embargo, no se extiende a otras operaciones distintas de las expresamente previstas en él (es decir, ni a las entregas de bienes, ni a las prestaciones de servicios diferentes de las citadas). Se trataría de servicios culturales o de difusión de la cultura, entre los cuales no podrían incluirse los que aquí se tratan.

También podría darse la exención de existir un convenio de patrocinio con el ayuntamiento. Pero para ello la actividad tendría que ser de interés general, tal y como se recoge en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Boletín Oficial del Estado del 24 de diciembre). Entonces podría considerarse que la citada actividad desarrollada por la Entidad consultante no constituye una prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. Es difícil que la actividad aquí descrita pueda calificarse de este modo. 


lunes, 20 de enero de 2020


REGISTRO HORARIO UNA OBLIGACIÓN LEGAL A TENER EN CUENTA.



¿Cómo se realiza el registro de la jornada de los trabajadores? El pasado 12 de Mayo de 2019 entró en vigor la obligación de llevar a cabo el registro diario de la jornada de todos los trabajadores.Esta obligación ha sido introducida por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que modifica el Artículo 34 del Estatuto de los TrabajadoresVamos a explicar en sencillos pasos cómo se realiza dicho registro.







¿Qué debo tener en cuenta al hacer este registro?

En primer lugar, sepa que sigue siendo obligatorio registrar la jornada diaria de los trabajadores a tiempo parcial, por lo que dicho registro debe realizarse como se venía haciendo hasta ahora, y debe entregarse copia al trabajador, junto con el recibo de salarios. del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias..