viernes, 24 de febrero de 2017

CONSULTAS VINCULANTES

Sociedades (Ley 27/2014)

·         V1082-16 Depreciación por deterioro de valor de los solares adquiridos antes de 2007. Ejercicio 2015

·         V1402-16 cooperativa. Acuerdo de cesión de crédito con la administración concursal de una sociedad. Adquiere los pagarés cuyo importe le adeuda. ¿Criterio de las operaciones a plazos del art.11.4?

·         V0882-16 transición a los nuevos coeficientes de amortización lineal de la nueva LIS en el caso de bienes que ya estaban siendo amortizados





Ø  No procede la indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo pues no se ha acreditado la relación de causalidad entre el suceso acaecido y la infracción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Ha quedado probado que el accidente de trabajo sufrido por el trabajador se produjo por una actuación negligente de éste, y no por infracción en materia de normas de seguridad y salud en el trabajo. STA TS 03-11-2016

jueves, 23 de febrero de 2017


Ø  Los médicos internos residentes (MIR) extracomunitarios tienen derecho a cotizar por desempleo. El TSJ ha determinado que los MIR extracomunitarios tienen derecho a cotizar por desempleo, después de que el Servicio Cántabro de Salud decidiera en 2014 excluirles de esta contingencia. El tribunal entiende que "ninguno de los argumentos barajados por la Administración permiten concluir, al margen de toda circunstancia concurrente, que trabajadores que desarrollan legalmente su actividad laboral en España no puedan gozar en el futuro del derecho a la prestación por desempleo". STA TSJ Cantabria 22-07-2016.

miércoles, 22 de febrero de 2017

CONSULTAS VINCULANTES

IRPF (Ley 35/2006)

·         V3375/16 tributación del pago de la cláusula de rescisión. SAD/CLUBS.





Ø  Extinción del contrato de trabajoIncapacitación judicial del empresario. Es totalmente válida la extinción efectuada por los hijos tras el proceso judicial que declaró incapaz a su padre. Es normal que durante la gestión de este proceso los hijos hubiesen asumido la dirección empresarial, porque si hubiese sido a la inversa, no hubieran estado legitimados para extinguir el contrato. Y también es prudencial el plazo de mes y medio desde que se dicta la sentencia de incapacitación hasta que se comunica al trabajador. Esta causa de extinción opera autónomamente sin necesidad de acudir al procedimiento del art. 51 ET y sin necesidad de incardinarla en un supuesto de fuerza mayor. STA TS 20-10-2016

Acceso al recurso de suplicación en caso de reclamación de gran invalidez. El TS, apreciando la competencia funcional de la jurisdicción social, anula la sentencia recurrida. Señala que en supuestos en los que se reclama son prestaciones de la seguridad social por gran invalidez, la fijación de la cuantía de la base reguladora de la prestación viene determinada por la diferencia entre la prestación reconocida y la reclamada, sin que quepa excluir del cálculo a realizar el complemento por gran invalidez, pues la pensión básica del gran invalido incluye ese complemento, conforme a una interpretación literal del precepto normativo aplicableSTA  TS 01-12-2016.

Ø  Acto de no competencia postcontractualDesproporcionada reclamación por la empresa en concepto de indemnización por incumplimiento del pacto de no competencia. Desproporción entre la renuncia a que se comprometió el trabajador y el ingreso económico que reclama la empresa. Se han de tener en cuenta las particularidades del ámbito laboral diferentes a la interpretación civil, ya que el cálculo indemnizatorio se fija precisamente sobre la base del salario bruto del trabajador, que es un concepto eminentemente social, al igual que el principio de autonomía de la voluntad en el estricto ámbito civil y en el social no tiene el mismo alcance. STA  TS 26-10-2016. Enviada como noticia 06-02-2017.

Ø  Competencias de la ITSS en los expedientes de regulación de empleo. A pesar de la supresión del requisito de la autorización administrativa previa en los expedientes de regulación de empleo, la función inspectora sigue teniendo cometidos tan relevantes como vigilar el cumplimiento de las normas del orden social y exigir las correspondientes responsabilidades, funciones que no pueden realizarse con una actuación superficial y meramente formal. No solo debe dar fe de que el empresario ha incorporado los documentos preceptivos y que se ha realizado el período de consultas, sino que debe emitir un informe que constate que aquella documentación es la exigida en relación con las causas del despido. STA TS 02-11-2016

Ø  A efectos de la declaración de IPT derivada de enfermedad profesional, el concepto de profesión habitual no se identifica con el concreto puesto de trabajo, hay que tener en cuenta las tareas que se pueden desempeñar dentro del grupo profesional. La protección dispensada por la prestación guarda relación con la pérdida de rentas no meramente inmediata, sino con un perjuicio más extendido en el tiempo.         STA TS 26-10-2016

Ø  Cláusulas de ultraactividad en los Convenios de empresa. No puede considerarse como cláusula de ultraactividad aquella que establece que al llegar al plazo de vigencia, el convenio prorrogará su contenido mientras duren las negociaciones para un nuevo convenio, puesto que terminaría con el fin de las negociaciones. STA TS 18-10-16

Ø  Extinción del contrato de trabajoIncapacitación judicial del empresarioEs totalmente válida la extinción efectuada por los hijos tras el proceso judicial que declaró incapaz a su padre. Es normal que durante la gestión de este proceso los hijos hubiesen asumido la dirección empresarial, porque si hubiese sido a la inversa, no hubieran estado legitimados para extinguir el contrato. Y también es prudencial el plazo de mes y medio desde que se dicta la sentencia de incapacitación hasta que se comunica al trabajador. Esta causa de extinción opera autónomamente sin necesidad de acudir al procedimiento del art. 51 ET y sin necesidad de incardinarla en un supuesto de fuerza mayorSTA TS 20-10-2016

Ø  Los médicos internos residentes (MIR) extracomunitarios tienen derecho a cotizar por desempleo. El TSJ ha determinado que los MIR extracomunitarios tienen derecho a cotizar por desempleo, después de que el Servicio Cántabro de Salud decidiera en 2014 excluirles de esta contingencia. El tribunal entiende que "ninguno de los argumentos barajados por la Administración permiten concluir, al margen de toda circunstancia concurrente, que trabajadores que desarrollan legalmente su actividad laboral en España no puedan gozar en el futuro del derecho a la prestación por desempleo". STA TSJ Cantabria 22-07-2016.

Ø  ERE temporalSuspensión de contratos y reducción de jornada. Nulidad de la medida adoptada por vulneración de la libertad sindical y por la tardía aportación de la cuenta de resultados del ejercicio económico vigente, para demostrar la necesidad objetiva. No obstante, la empresa está obligada únicamente a reponer a los trabajadores en sus mismos puestos de trabajo y con las mismas condiciones, pero no a abonar las diferencias retributivas del periodo en el que tuvieron reducida su jornada laboral, porque ello no fue impuesto por la sentencia judicial. No se ha vulnerado la garantía de indemnidadSTA TS 08-11-2016

Ø  No procede la indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo pues no se ha acreditado la relación de causalidad entre el suceso acaecido y la infracción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Ha quedado probado que el accidente de trabajo sufrido por el trabajador se produjo por una actuación negligente de éste, y no por infracción en materia de normas de seguridad y salud en el trabajo. STA TS 03-11-2016

Ø  Despidos colectivos y facultad de la autoridad administrativa de oponerse a ellos. No puede considerarse contrario a la libertad de establecimiento el mero hecho de que un Estado miembro establezca en su legislación nacional que, antes de llevarse a cabo, los proyectos de despido colectivo deban notificarse a una autoridad nacional que dispone de facultades de control que le permiten oponerse en determinadas circunstancias, a dicho proyecto por motivos relacionados con la protección de los trabajadores y del empleo. STA TJUE 21-12-2016.

Ø  Incremento salarial durante la ultraactividad. Pese a que la cláusula de incremento salarial es parte del contenido normativo del convenio, en ella se expresa una indudable limitación temporal que impide que se extiendan los incrementos pactados durante el periodo de ultraactividad. STA TS 08-11-2016.

Ø  

martes, 21 de febrero de 2017

Consultas vinculantes

IVA (Ley 37/1992)

·         V4491/4492-16 auxiliar externo que presta a una compañía mediadora de seguros servicios de apertura y gestión de siniestros con personal propio.


·         V0173/0179-17 servicios de asistencia jurídica gratuita de abogados en turno de oficio. 
Proyecto de Orden que regula las especificaciones normativas y técnicas de desarrollo del SII.

·        Incluye Anexo I con las claves de identificación de las facturas expedidas y recibidas en función del régimen especial o tipo de operación con trascendencia tributaria

·        Incluye Anexo II con el nuevo modelo de 036 de declaración censal

·        Incluye Anexo III con el nuevo modelo de 037 de declaración censal simplificada

·        Incluye Anexo IV con el nuevo modelo de 322 de IVA. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual

·        Incluye Anexo V con el nuevo modelo de 303 de IVA. Autoliquidación

Las Novedades en el SII: Información técnica y PREGUNTAS FRECUENTES (versión 05) la cual adjuntamos. Se han actualizado las versiones iniciales. Aplicar a partir del 7 de febrero.

Te recuerdo que desde el icono de SII de la web de la AEAT, cuyo enlace os indicamos, pueden acceder a la siguiente información relacionada con el SII:

·        Novedades:

·        Información General: nuevo sistema. Principales novedades RD 596/2016. Esquema informativo. Preguntas frecuentes. Presentación SII. Información adicional.

·        Información técnica


·        Normativa: RD  596/2016. Normas en tramitación: proyecto de orden y sus anexos.
PAREJAS DE HECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso la resolución del TEARA-Málaga-, de 26 de noviembre de 2009, desestimatoria de la reclamación formulada por el actor en relación a liquidación tributaria por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones; solicitando de la Sala el dictado de sentencia que la anule por ser contraria a derecho toda vez que procede la reducción de la Base Imponible por parentesco con el causante y ello en aplicación de lo dispuesto en la ley 5/2002 de parejas de hecho de Andalucía - arts. 14 y 20 -, en relación al Decreto 35/2005 de 15 de febrero por el que se constituye y regula el registro deparejas de hecho .
El Abogado del Estado, en trámite de contestación vino a oponer la desestimación del recurso en base a la fundamentación jurídica de la resolución combatida, pronunciándose en términos semejantes la defensa de la Junta de Andalucía al no constar la inscripción del recurrente en el Registro de Parejas dehecho de Andalucía.
SEGUNDO.- El articulo 20 de la Ley de Parejas de Hecho en Andalucía , establece que "A todos los efectos tributarios y beneficios fiscales en el régimen tributario y fiscal autonómico, la convivencia por unión estable de una pareja se equiparará al matrimonio siempre que la misma y su acreditación reúnan los requisitos previstos en esta Ley."
En tal sentido, como fase final del proceso de acreditación de la existencia de la pareja de hecho, se establece la posibilidad de su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, a solicitud de los interesados, como determina el articulo 6, siendo inexcusable cumplir tal requisito, a juicio de la Sala, cuando se trate de hacer efectivos " Los beneficios previstos en la presente Ley ", pues el punto 3 del referido articulo 6, de forma taxativa así lo dispone, al decir que "...... serán aplicables a las parejas de hecho a partir de su inscripción en el Registro instituido a tal fin ", lo cual es congruente con lo que se expone en la exposición de motivos de la Ley, cuando, al referirse al régimen de acreditación y deRegistro que se establece, explica que ".... no se emplea como instrumento limitativo de la facultad de las personas para constituir parejas de hecho, sino para dotar de efectos jurídicos a su unión en relación con las Administraciones Públicas de Andalucía y servir como elemento de prueba de su existencia frente a terceros."
A mayor abundamiento, el articulo 8 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre , por la que, en esta Comunidad Autónoma, se establecen normas en materia de Tributos Cedidos y otras Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que es norma de especifica aplicación de beneficios tributarios al caso, exige el requisito de la previa inscripción registral, cuando expresamente determina que " A los efectos establecidos en el apartado 2 de este artículo (relativo a la reducción de la base imponible y aplicación de coeficientes correctores, previstos en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) se establecen las siguientes equiparaciones: a) Las personas unidas de hecho e inscritas en el registro de uniones o parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía se equipararán a los cónyuges.
En consonancia con lo dicho, el beneficio fiscal pretendido por la recurrente no podía serle reconocido ante la inexistencia de inscripción de la pareja de hecho en el Registro de la Comunidad Autónoma Andaluza, y ello es así aún cuando conste en el expediente certificación del Ayuntamiento de Torremolinos acreditativa de la inscripción del actor y el causante de la sucesión en el RegistroMunicipal de Uniones de Hecho, toda vez que el Decreto 35/2005 dictado en desarrollo de la Ley 5/2002 en su D. T. 2 dispone: "...Asimismo, a petición de las personas interesadas, se integrarán en elRegistro de Parejas de Hecho regulado en el presente Decreto las inscripciones existentes en los Registros de Uniones o Parejas de Hecho creados por los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que se acredite, por certificación del órgano competente de la citada Entidad, que la pareja de hecho reúne los requisitos establecidos en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre". Tales requisitos constitutivos de la inscripción no se han cumplido en el supuesto de litis, por lo que la simple inclusión en el registro municipal de parejas de hecho, no produce más que un efecto declarativo de la situación personal de los interesados, sin consecuencia jurídica alguna.
Por todo lo cual procederá la desestimación del recurso en el sentido que a continuación de dirá.
TERCERO.- No se aprecia temeridad ni mala fe en orden a la imposición de las costas procesales - art. 139 LJCA -.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

lunes, 20 de febrero de 2017

¿Cuál es la principal diferencia entre el paradigma docente y el de aprendizaje?


Nos dicen que el paradigma docente es el que está centrado en el profesorado y el de aprendizaje en el alumnado. También nos dicen que en el paradigma docente el alumnado tiene una actitud pasiva, no participa en el desarrollo del aprendizaje y, habitualmente, está desmotivado. Todo lo contrario ocurre con el paradigma de aprendizaje, se nos dice que el alumnado participa de forma activa, ayuda a construir el aprendizaje, coopera y colabora con otras personas.
La metodología más popular asociada al paradigma docente es la lección magistral (que se suele utilizar tanto para  clases teóricas como de problemas). En el paradigma de aprendizaje no hay una metodología específica pueden ser muchas y variadas (trabajo en equipo, aprendizaje basado en proyectos, en retos, gamificación, flip teaching,…..)
Aunque parece fácil distinguir entre el paradigma docente y el de aprendizaje no lo es. Seguramente todos nosotros recordamos algún profesor o profesora que nos impartía lecciones magistrales totalmente motivadoras, en las que el alumnado participaba con preguntas e incluso hacía actividades y todo ello bajo un paradigma centrado en el docente.
El caso contrario también se da, es decir, profesorado que utiliza trabajo en equipo, o un aprendizaje basado en problemas, pero continua con un perfil centrado en el docente.
Sin embargo hay algo que distingue de forma inequívoca al paradigma docente del paradigma de aprendizaje, y además ese algo es muy sencillo:
En el paradigma  centrado en el docente: se enseña. En el paradigma centrado en el aprendizaje: se enseña a aprender.

“Enseñar a aprender”,  qué fácil es decirlo, qué fácil es entenderlo y qué difícil es hacerlo.

SENTENCIAS

Ø  Despido objetivo. Por causas económicas. Disminución general de ingresos. Con la vigencia del RDL 3/2012 es suficiente con acreditar la disminución de ingresos durante tres meses consecutivos. STA TS 28-06-2016.

viernes, 17 de febrero de 2017

SENTENCIAS

Ø  Despido objetivo. Error excusable en el cálculo de la indemnización. El bonus por objetivos abonado el anterior año, pero correspondiente al penúltimo, ha de ser incluido en la cuantía de la indemnización. La diferencia de la cuantía entre la indemnización entregada por la empresa y la que corresponde, se debe a la complejidad jurídica derivada del modo en que se devenga y abona el incentivo. Por tanto, el despido es procedente, pero con derecho al cobro de la diferencia indemnizatoria correspondiente al bonus mencionado. STA TS 30-06-2016.

jueves, 16 de febrero de 2017

Ø  Acto de no competencia postcontractual. Desproporcionada reclamación por la empresa en concepto de indemnización por incumplimiento del pacto de no competencia. Desproporción entre la renuncia a que se comprometió el trabajador y el ingreso económico que reclama la empresa. Se han de tener en cuenta las particularidades del ámbito laboral diferentes a la interpretación civil, ya que el cálculo indemnizatorio se fija precisamente sobre la base del salario bruto del trabajador, que es un concepto eminentemente social, al igual que el principio de autonomía de la voluntad en el estricto ámbito civil y en el social no tiene el mismo alcance. STA  TS 26-10-2016. Enviada como noticia 06-02-2017.
Servicios prestados por abogados y procuradores del turno de oficio:

Hasta ahora los servicios prestados por Abogados y Procuradores en el denominado turno de oficio o para la asistencia letrada al detenido no estaban sujetos a IVA. La razón, de acuerdo con la Resolución de 18 de junio de 1986 de la propia DGT, venía motivaba en el hecho de que las cantidades que con cargo a los presupuestos del Estado se asignan a los citados profesionales por la prestación de dichos servicios, "obligatorios para dichos profesionales en virtud de las normas jurídicas vigentes", carecía del carácter de retribución o compensación.
Sin embargo, basándose en las premisas definitorias del servicio la DGT, en Consulta Vinculante V0179-17, de 25 de enero de 2017, ha dado ahora un giro a su anterior criterio. El cambio, como la propia Dirección General indica, se basa en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Jurisprudencia TJUE
De acuerdo con lo dispuesto en la STJUE 28 julio 2016 (en el asunto 543/14) en la que se resuelven diversas cuestiones prejudiciales planteadas sobre la fiscalidad del turno de oficio por el Tribunal Constitucional belga, no todos los abogados prestan servicios en el marco del régimen nacional belga de asistencia jurídica gratuita, sino únicamente aquellos que se presentan voluntariamente para hacerlo con carácter principal o accesorio y que están inscritos a tal efecto en una lista que se elabora anualmente. Por lo tanto, prestar servicios en tal régimen no constituye sino un objetivo más entre otros de la profesión de abogado que como tal no está exento del IVA en virtud del artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112.
El artículo 132. 1 letra g) de la Directiva establece la exención para:
"las prestaciones de servicios y las entregas de bienes directamente relacionadas con la asistencia social y con la Seguridad Social, incluidas las realizadas por las residencias de tercera edad, realizadas por Entidades de Derecho público o por otros organismos a los que el Estado miembro de que se trate reconozca su carácter social"
El TJUE concluye que el artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que los servicios prestados por los abogados a los justiciables que disfrutan de asistencia jurídica gratuita en el marco de un régimen nacional de asistencia jurídica gratuita, como el que es objeto del litigio principal, no están exentos del IVA.
Entre otras aseveraciones, el TJUE señala que no puede considerarse que la categoría profesional de los abogados y procuradores en general tenga un carácter social, requisito de la exención prevista en la Directiva . Por ello, la sujeción al IVA de los servicios prestados por los abogados en el marco de ese régimen nacional de asistencia jurídica gratuita no conculca el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables que disfrutan de tal asistencia.
Cambio de criterio DGT
La aplicación de la jurisprudencia del Tribunal europeo, ahora trasladada, determina que la Dirección General de Tributos proceda a cambiar el criterio hasta ahora mantenido respecto de la tributación de los servicios prestados por abogados y procuradores, considerando que los servicios de asistencia jurídica prestados por los abogados o procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita son retribuidos no por dicho destinatario sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente, llegando a la conclusión del carácter oneroso de tales servicios, e indicando que forma parte de la base imponible de dicha prestación la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.
La DGT considera que la consultante, una abogado ejerciente adscrita al servicio de asistencia jurídica gratuita al amparo de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE de 12 de enero),  tendrá la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y la prestación de servicios de dirección letrada en favor de las personas o entidades con derecho a la asistencia jurídica gratuita, será una operación que, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 37/1992, estará sujeta al referido Impuesto.
La razón por la que consideran sujeto y no exento a IVA estos servicios se apoyan en la interpretación de la jurisprudencia del TJUE que señala que tienen carácter oneroso y no obligatorio.
La contestación literal de la Dirección es la siguiente:
«(…) De acuerdo con todo lo anterior, este Centro directivo considera ajustada a Derecho la siguiente contestación a la consulta formulada, por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido:
- Los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos del Impuesto, debiéndose repercutir en factura el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21 por ciento a su beneficiario, destinatario de la prestación de tales servicios.
El cambio de criterio de este Centro directivo se apoya, como se ha indicado, en la sentencia del Tribunal de fecha 28 de julio de 2016 y en la consideración de que los mencionados servicios prestados por los abogados y procuradores en el marco de la Ley 1/1996 se realizan a título oneroso toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.Uno de la Ley 37/1992 , constituye la base imponible de las operaciones sujetas, el importe total de la contraprestación pagada por el destinatario de las mismas o por un tercero.

En consecuencia, considerando que los servicios de asistencia jurídica prestados por los abogados o procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita son retribuidos no por dicho destinatario sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente, se llega a la conclusión del carácter oneroso de tales servicios, formando parte la base imponible de dicha prestación la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.»