lunes, 3 de diciembre de 2018



Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. (actualización 04/08/2018)

Artículo 27. Lugar y plazo para solicitar la afiliación.
1. La solicitud de afiliación, a nombre de cada trabajador, se dirigirá a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma en la provincia en que esté domiciliada la empresa en que preste servicios el trabajador por cuenta ajena o asimilado o en la que radique el establecimiento del trabajador autónomo o, en su defecto, en la que éste tenga su domicilio.
1.º También podrá presentarse la solicitud de afiliación y la documentación que deba acompañarla en otra Dirección Provincial de la Tesorería General o Administración de la Seguridad Social o en los lugares previstos en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuyo caso la unidad u oficina ante la que se hubieren presentado las remitirá en el mismo día o al siguiente hábil a la Dirección Provincial o Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social competente para practicar la afiliación conforme al apartado 1 del artículo 33 de este Reglamento.
2.º El empresario, el trabajador o, en su caso, quien hubiere presentado las solicitudes de afiliación podrá exigir el correspondiente justificante, en los términos regulados en el apartado 5 del artículo 32 de este Reglamento.
2. Las solicitudes de afiliación deberán formularse por los sujetos obligados con anterioridad a la iniciación de la prestación de servicios del trabajador por cuenta ajena o de la actividad del trabajador por cuenta propia en los mismos términos, medios y supuestos que para las altas iniciales se prevén en los artículos 32, 38 y 43 de este Reglamento.

jueves, 29 de noviembre de 2018

Trabajo nocturno y trabajador nocturno


CONDICIONES DE TRABAJO
Trabajo nocturno y trabajador nocturno
En su empresa se dan diferentes supuestos de trabajadores que desarrollan su jornada más allá de las diez de la noche. ¿Son todos ellos trabajadores nocturnos? ¿Qué debe tener en cuenta en estos casos?
Trabajo nocturno
Lo que dice la ley. Usted ha consultado la normativa para saber cómo se regula el trabajo nocturno. En concreto, ha leído lo siguiente:
o    Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana.
o    Se consideran trabajadores nocturnos aquellos que realicen normalmente al menos tres horas de su jornada diaria en horario nocturno, así como aquellos que se prevea que realizarán en horario nocturno al menos un tercio de su jornada de trabajo anual.
Confusión. Estas definiciones son aparentemente simples, pero a usted le llevan a alguna confusión. Parece, por ejemplo, que un trabajador que finaliza su jornada a las doce de la noche desarrolla trabajo nocturno (dos horas de diez a doce), pero no es trabajador nocturno (por no alcanzar las tres horas que establece la ley). ¿Cómo debe retribuirle? Apunte. Vea diferentes supuestos que pueden serle de aplicación.
Diferentes casos
Caso 1. Naturaleza nocturna. En su empresa existe un trabajador que desarrolla un trabajo que por su propia naturaleza es nocturno (por ejemplo, un vigilante nocturno), por lo que el convenio ya establece un salario específico para ese puesto (es decir, el convenio ya tiene en cuenta la nocturnidad para fijar el salario). Apunte. En este caso, usted no deberá pagar ningún plus de nocturnidad, sino que cumplirá con sus obligaciones satisfaciendo el salario fijado en el convenio.
Caso 2. Nocturno, pero no previsto. Puede ser también que el trabajo se desarrolle total o parcialmente de noche, pero en su convenio no esté previsto ese puesto como nocturno. ¡Atención! En este caso, deberá abonar el plus de nocturnidad previsto en el convenio.
Ejemplo
Situación. Su empresa tiene varios trabajadores cuyo puesto de trabajo no está previsto en el convenio como específicamente nocturno. No obstante, su convenio establece un plus de nocturnidad (un 30% más respecto al salario normal), y prevé que cuando el trabajador desarrolle más del 50% de su jornada diaria en horario nocturno, dicho plus se pagará al 100%.
o    Juan trabaja de nueve de la noche a cinco de la madrugada (siete horas nocturnas sobre ocho), por lo que cobrará plus de nocturnidad al 100%.
o    Pedro trabaja de cuatro de la tarde a doce de la noche, por lo que cobrará el plus sólo respecto a las dos horas que desarrolla en horario nocturno.
o    Santiago trabaja de cinco de la tarde a una de la madrugada. ¡Atención! Aunque es trabajador nocturno (trabaja al menos tres horas en horario nocturno), sólo cobrará el plus por las tres horas nocturnas, al no alcanzar éstas el 50% previsto en el convenio.
Trabajador nocturno. Fíjese en Santiago. El concepto de trabajador nocturno no está ligado con el derecho a cobrar el 100% del complemento de nocturnidad, sino que, realmente, la ley conecta dicho concepto con unos derechos específicos. Apunte. En concreto, los trabajadores nocturnos disponen de una evaluación gratuita de su salud (anterior a su incorporación como trabajadores nocturnos, y posteriormente de forma regular) y tienen derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno en caso de que se les reconozcan problemas de salud ligados con la nocturnidad.
Deberá pagar un plus de nocturnidad a los trabajadores que realicen trabajos dentro del horario nocturno. No obstante, no deberá hacerlo si el salario según convenio ya se ha fijado teniendo en cuenta la nocturnidad.

lunes, 19 de noviembre de 2018


ACTUALIDAD LABORAL
  • Como consecuencia del fortalecimiento del mercado laboral, y tal y como venían apuntando las cifras alcanzadas en los últimos meses, finalmente la tasa de desempleo se ha reducido por debajo del 15% (14,5%), a tenor de los últimos datos publicados, aun cuando hay quien afirma que como consecuencia de la precariedad y el empleo barato, con salarios bajos y baja cualificación, y en todo caso, manteniéndose una tasa elevada de paro juvenil, un considerable número de parados de larga duración y gran cantidad de hogares en los que nadie trabaja.
Dicho esto, como ya veníamos indicando, esta reducción en la tasa de desempleo por debajo del 15% tiene consecuencias, por cuanto determinadas ayudas y bonificaciones dejarían, a priori, de ser efectivas, según lo previsto legalmente; e igualmente se verían afectados ciertos contratos.
Ciertamente, esta caída de la tasa de desempleo afectaría a algunas de las medidas extraordinarias aprobadas durante la crisis y que llevaban asociada su vigencia a que el nivel de paro se encontrara por encima de la citada tasa del 15%.
Sin embargo, según se apunta desde el Ministerio de Trabajo, no está previsto llevar a cabo un cambio en tal sentido de manera inmediata, pues previamente se han de analizar las actuales circunstancias, y sin olvidar que es altamente probable que en la siguiente Encuesta de Población Activa la tasa de desempleo vuelva a superar el 15%.
Así pues, por el momento, a día de hoy las medidas en cuestión se mantendrían vigentes.
  • El proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que lo situará en los 900 euros; un aumento que, de inicio, se ha criticado desde el colectivo de trabajadores autónomos, al considerar que supondría un incremento considerable en el pago de la cuota para aquellos que coticen por la base mínima, por cuanto las bases mínimas de gran parte de los trabajadores por cuenta propia se incrementan, normalmente, en paralelo al SMI.
Sin embargo, desde el Gobierno se ha asegurado que no se producirá esta circunstancia, dado que en el momento previsto para la entrada en vigor de dicho incremento (1 de enero de 2019), igualmente se encontraría activa la reforma del RETA que incluiría la cotización de los trabajadores autónomos en base a sus ingresos reales, garantizándose con ello una reducción en la cuota para aquellos trabajadores con menores ingresos. Y, en todo caso, si por alguna circunstancia esta modificación del RETA no se produjera a tiempo, de igual manera la subida del SMI se desvincularía de la cuota mínima del trabajador autónomo.
Esto aparte, no obstante y a tal efecto, el Ministerio de Trabajo viene negociando con las principales asociaciones de trabajadores autónomos una actualización de las cotizaciones sociales de estos trabajadores para 2019; una medida que, llegado el caso, sería provisional en tanto entrara en vigor la citada reforma en base a la cual las cuotas de autónomos pasarían a pagarse en función de lo que estos facturen.
De inicio, y a expensas de lo que se acuerde finalmente, para la adecuación de las cuotas a los ingresos reales se prevé el establecimiento de cuatro tramos, siendo el primero para aquellos que ingresen menos del SMI, y los otros tres, con cuotas determinadas en base a una estimación de ingresos que, posteriormente, al final del año, se podría ajustar a los ingresos que realmente se hubieran percibido.
Se aboga, asimismo, porque la cotización de dos conceptos que a día de hoy se considera voluntaria, pase a ser obligatoria: contingencias profesionales y cese de actividad. De esta manera, aunque se pague más, igualmente aumentaría la protección del trabajador autónomo.
  • Continuando en el ámbito de la cotización a la Seguridad Social, igualmente está previsto un incremento de las bases máximas durante el año 2019. Con ello se persigue lograr un considerable incremento en los ingresos de la Seguridad Social.
Como bien es sabido, las bases de cotización suponen la referencia oficial para el cálculo de lo que empresas y trabajadores han de pagar a la Seguridad Social, correspondiéndose esas bases con el salario, y estableciendo los límites máximos y mínimos correspondientes, siendo que, por ejemplo, si un trabajador gana por encima de la base establecida como máxima, no habría de cotizar por esa cantidad que supere el salario, sino por ese límite marcado.
Pues bien, al incrementar esa base, se estaría aumentando la cuantía que deberían abonar quienes más ganan, lo que evidentemente supondría una mayor recaudación para el Estado.
Se trataría, en todo caso, de una medida que no afectaría a todos los trabajadores, pues aquellos cuyas bases de cotización se encuentren por debajo de 45.644 euros al año o 3.803 euros mensuales (límite máximo actual), ya estarían cotizando por todo su sueldo.
  • Todo apunta a un acuerdo en lo que al nuevo subsidio para desempleados mayores de 52 años se refiere; un acuerdo que no es sino una reforma del actual subsidio por desempleo para mayores de 55 años, que ahora se adelanta a la indicada edad de 52 años (edad que, dicho sea de paso, ya se contemplaba antes del año 2012).
En efecto, se trata de una reforma que, amén de la edad de acceso, modifica el criterio de renta, en base al cual únicamente se contemplarán los ingresos del desempleado —tal y como sucedía hasta el año 2013—, en lugar de tener también en cuenta sus rentas familiares, cuestión esta que en cualquier caso ya se está aplicando, dado que el Tribunal Constitucional consideró que el criterio de renta familiar era anticonstitucional.
Otro cambio reside en lo relativo a la base de cotización, siendo que los beneficiarios del subsidio volverán a cotizar por una base equivalente al 125% de la base mínima del Régimen General, en lugar de por el 100% de dicha base, como venía sucediendo hasta ahora.
Otras cuestiones que se contemplan en la citada reforma son: acceso a la jubilación para los perceptores de la ayuda cuando ellos quieran (anticipada voluntaria, forzosa o edad legal ordinaria), siempre que cumplan los requisitos al efecto; cobro íntegro del subsidio también para quienes actualmente solo cobran una parte al provenir de un empleo a tiempo parcial; y eliminación del requisito de acceso al subsidio por el cual el desempleado tenía que acceder forzosamente desde una situación de cobro de una prestación por desempleo o tras haber estado contratado durante al menos tres meses.

LEGISLACIÓN: Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019 (BOE 20-10-2018). 

viernes, 16 de noviembre de 2018

Los jueces admiten la pérdida de apoyo social: "Nos quieren cortar el cuello a todos"

·         MARISA RECUERO Madrid 11-11-2018


El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, en un acto en el Tribunal Militar Central. Ángel Díaz EFE
«El Poder Judicial está sufriendo una crisis que está demostrando la fragilidad del sistema». Claro, conciso y directo. He aquí las palabras de Raimundo Prado Bernabéu, magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más numerosa entre las cuatro asociaciones que existen en el colectivo jurisdiccional, con 865 afiliados.

En pleno debate sobre quiénes serán los 12 magistrados y ocho juristas que se sienten en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los próximos cinco años, y quién será el presidente de este órgano de los jueces, los profesionales de la Justicia española manifiestan su preocupación por el «descrédito» que «la torpeza» del presidente de la Sala Tercera del Tribunal SupremoLuis María Díez-Picazo, cometió con la reciente sentencia relativa a los impuestos de las hipotecas.
«Me entristece que la sociedad nos quiera cortar el cuello a todos porque la Sala Tercera del Supremo haya montado este circo. Es injusto». Celso Rodríguez Padrón, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la más numerosa, con más de 1.300 afiliados-, no se muerde la lengua al asegurar que los jueces españoles se sienten «injustamente considerados por la sociedad».
«No puede extrapolarse el resultado de un asunto concreto a la credibilidad que merece la carrera judicial en su conjunto», prosigue, sin pasar por alto que los tribunales españoles resolvieron más de seis millones de casos en 2017. «No se puede caer en una descalificación global de la Justicia», advierte este magistrado, que es de los que defiende que «no hay ninguna injerencia espúrea» en el Poder Judicial y que «en España, la Justicia no tiene ningún problema de independencia». «Es una realidad y pongo la mano en el fuego», sentencia, pese a que reconoce, no obstante, que existe «desconfianza por parte de la sociedad por el menoscabo que causa la independencia judicial» debido a la manera en que se designa a los vocales del CGPJ y al presidente.
Para el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces y magistrados, «la credibilidad del sistema judicial se resiente», pero no por casos como la sentencia de las hipotecas o la independencia, sino por «la lentitud de la respuesta al ciudadano». «La Justicia española es tardía» y «hay descontento por parte de la sociedad hacia nosotros».

Sin embargo, hay magistrados que sí consideran que «existe un descaro político» en la elección de los vocales del órgano de los jueces y que éstos no acceden por pertener a una asociación, sino por amistad. «Ahí entra el que es amigo del político. Y eso es vergonzoso», reconoce Raimundo Prado, a menos de un día de que concluya el plazo para presentar a los candidatos.
Este magistrado, que desempeña su trabajo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tiene claro que en España hay dos grupos de jueces. «Los que cumplimos con nuestro trabajo, tenemos nuestra vida, somos gente normal en todos los sentidos, pero nos dedicamos a un trabajo difícil» y «un sector que está compuesto por muy pocos jueces y que la gente confunde con lo que es la Justicia». Es este grupo el que «hace que la sociedad crea que somos de un partido o de otro», señala el portavoz de la AJFV.
En esta misma línea se pronuncia Ignacio González, magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la tercera asociación más numerosa, con entorno a 500 afiliados. «Hay una Justicia para ricos y otra para el resto de los ciudadanos», manifiesta con rotundidad.
Este magistrado también es de los que piensa que la Justicia está desacreditada, pero por casos como el ocurrido en el Alto Tribunal con la sentencia de las hipotecas. «La mala gestión que se ha hecho sobre este asunto hace que planee en la sociedad la sospecha de que los poderes económicos influyen en las decisiones del Supremo y por tanto en la Justicia». Para González, la desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial crece «a pasos agigantados» y «el sistema de elección de los vocales del CGPJ no es la panacea a los problemas que presenta la Justicia».
«Hay jueces, con cargos importantes y de diferentes asociaciones y tendencias ideológicas, que opinan lo mismo que yo. Estamos preocupados», reconoce el portavoz de JJpD, que no pasa por alto que los profesionales judiciales se enfrentan a un escenario en el que «junto al descrédito de la clase política está el de los jueces». «Tenemos la función de controlar los abusos del poder y garantizar los derechos de los ciudadanos», defiende.
«Llevo 31 años de carrera y he venido notando un maltrato institucional continuo». He aquí la opinión de Concepción Rodríguez González del Real, juez de menores de Madrid y presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), la asociación más joven, con 16 años de vida. «En España ya no hay separación de poderes», advierte con resignación, pero reivindicando con urgencia deslindar el Poder Judicial del Ejecutivo y el Legislativo.

«El órgano de gobierno de los jueces es elegido por el Poder Legislativo. Siempre ha sido así, pero no se da una respuesta adecuada porque todas las respuestas son una vuelta de tuerca a la independencia judicial», reprocha esta magistrada, que es consciente de que «hay un reparto entre los dos grandes partidos y ninguno lo quiere soltar». «Esto es un asalto al Poder Judicial, a controlarlo. Y todo porque en España no hay una mentalidad democrática en la que los mecanismos de control deben funcionar y ser independientes», defiende.
La presidenta y portavoz del FJI califica de «anómala» la gestión que el Supremo hizo del caso de las hipotecas y es contundente al reconocer que le parece «absolutamente vergonzoso lo que ha pasado en el Tribunal Supremo». «Esto te demuestra que el sistema no funciona y hay que modificarlo». Sin embargo, es consciente de que cuando el PP o el PSOE «se ven en el poder y ven que pueden controlar el Poder Judicial, no quieren modificar la ley porque les da mucho poder».
«Cuanto peor esté el Poder Judicial, mejor para ellos; cuanto más intervenido esté, mejor para ellos», denuncia la magistrada Rodríguez, alertando de que el sistema tiene «un problema estructural» y «el PP y el PSOE están atrincherados en que no quieren modificar el sistema de elección» de los vocales del CGPJ
«Se han dado una serie de factores que están demostrando que el sistema judicial no funciona. Tiene unos fallos internos que se han querido ocultar», en palabras del portavoz de la AJFV.
Dicho esto, los catedráticos universitarios también coinciden con los profesionales judiciales. Es el caso de Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. «Tendemos a magnificar las cosas», advierte en relación a las consecuencias negativas que ha supuesto la sentencia de las hipotecas para el Poder Judicial. «La Justicia es mucho más que un problema concreto», precisa, dejando claro que «a quien hay que pedir responsabilidad no es a los jueces, sino al legislador», ya que «los tribunales se limitan a resolver un conflicto interpretando la norma». «Hay intereses ocultos para desprestigiar al Poder Judicial y, en particular, al Supremo», concluye este profesor.

La guinda la pone Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Complutense. «No se puede cuestionar la credibilidad del Poder Judicial por una falta de habilidad por parte del presidente de la Sala Tercera. El Poder Judicial son millones de sentencias todos los años, bien hechas y bien motivadas». «El nivel de la magistratura española es muy bueno», reivindica, para aplaudir que «son muchos jueces y muy competentes».

miércoles, 14 de noviembre de 2018


OPCIONES PARA TRABAJADORES MENORES DE TREINTA AÑOS --30--

-          Contrato INDEFINIDO APOYO EMPRENDEDORES:
Trabajador inscrito como demandante de empleo Periodo de prueba un año.

§  Debe mantenerse el empleo del trabajador contratado al menos 3 años desde la fecha de inicio de la relación laboral y así mismo deberá mantenerse  el nivel de empleo alcanzado al menos un año, en caso de incumplimiento de estas obligaciones procederá el reintegro de los incentivos aplicados
§  Incentivos
·         Fiscales por el primer trabajador contratado menor de 30 año, la empresa tendrá un reducción fiscal de 3000 euros
·         Bonificación 1º año 1000 €/año (83.33 €/mes) - 2º año 1100 €/año (91.67 €/mes) - 3º año 1200 €/año (100 €/mes) – Todo en proporción a la jornada en contrato a tiempo parcial

-          Contrato  A TIEMPO CON VINCULACION FORMATIVO (jornada no superior al 50%, salvo en el casos de beneficiarios Garantía Juvenil que puede llegar al 75%)

o   Indefinido o de duración determinada
o   Trabajador inscrito como demandante de empleo y ser beneficiario de Sistema de Garantía Juvenil
o   No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses, o bien proceder de otro sector de actividad según CNAE, o bien carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación profesional o de certificado de profesionalidad
o   Reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes del 100% durante toda la vigencia del contrato con un máximo de 12 meses. Este contrato podrá ser prorrogado por otros doce mees siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la ya cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo de los doce primeros meses.
o   Los trabajadores deben compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los seis meses previo a la celebración del contrato.
o   La formación no será necesario que esté vinculada específicamente al puesto de trabajo, y podrá ser, formación acreditable oficial o promovida por el SEPE, o bien formación en idiomas o tecnologías de la información y comunicación de una duración mínima de 90 horas en cómputo anual
o   Debe mantenerse el nivel de empleo alcanzado al menos durante la duración de dicho contrato, con un máximo de 12 meses desde su celebración, en caso de incumplimiento de estas obligaciones procederá el reintegro de los incentivos aplicados
-          Contrato FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE (CCC especifico)
o   Trabajador inscrito como demandante de empleo
o   Reducción del 100% en las cuotas de la seguridad social del trabajador contrato y del 100% en las cuotas empresariales a la Seguridad social
o   Formación inherente al contrato y a la actividad de la empresa, para la obtención de un título de formación profesional, certificado de profesional, durante toda la vigencia del contrato con un Centro Acreditado. La no realización por el trabajador de la formación de manera continuada y hasta la obtención de la correspondiente titulación dará la lugar al reintegro de las reducciones aplicadas
o   El trabajador podrá solicitar en el SEPE la ayuda de 430€/mes

NOTA: Estos incentivos son aplicables mientras la tasa de desempleo se situé por debajo del 15%. Las últimas cifras han recogido una tasa de desempleo por debajo de dicho porcentaje pero el SEPE ha establecido que dichos incentivos serán aplicables mientras el ejecutivo no establezca una disposición de regulación


Protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos
Los trabajadores autónomos que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo y estando incluidos en los niveles de protección en ella recogidos, hayan tenido que cesar en esa actividad, de manera involuntaria, de manera definitivo o temporal.

Requisitos
Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad. Mínimo 12 meses (máximo 48 meses) en los que se ha cotizado de manera continuada por el cese de actividad e inmediatamente anteriores al cese de la actividad. Se tendrá derecho a 2 meses de prestación por 12 meses de cotización a un máximo de 12 meses de prestación por un máximo de 48 meses meses de cotización (la prestación tiene alguna especialidades cuando el autónomo tiene 60 años)

Encontrarse en situación legal de cese de actividad.

No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.
Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

Cuando el trabajador autónomo tenga a uno o más trabajadores a su cargo, será requisito previo al cese de actividad el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación laboral.

Solicitud y nacimiento del derecho
Los trabajadores autónomos deberán solicitar el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad a la misma Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a la que se encuentren adheridos. Los supuestos que determinan el derecho a la prestación están regulados y son muy claros y limitativos, y deben ser acreditados por el trabajador autónomo que quiera causar derecho (acreditar unas pérdidas de un 10%, cierre de la actividad, …….)
La cuantía de la prestación, durante todo su periodo de disfrute, se determinará aplicando a la base reguladora el 70%. Dicha base reguladora será el promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.
La base de cotización por cese de actividad, se corresponderá con la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que hubiera elegido como propia el trabajador autónomo con arreglo a lo establecido en las normas de aplicación.
El tipo de cotización será del 2,2 por ciento aplicable a la base de cotización elegida por el trabajador autónomo.
Pago único de la prestación por cese de actividad
Los titulares del derecho a la prestación por cese de actividad, que tengan pendiente de percibir un período de, al menos, seis meses, podrán percibir de una sola vez el valor actual del importe de la prestación, cuando acrediten ante el órgano gestor que van a realizar una actividad profesional como trabajadores autónomos.


AVISO DE INCORPORACIÓN DE LOS COMPAÑEROS A LOS LISTADOS DE LOS JUZGADOS PARA INTERVENIR COMO PERITOS.


Como cada año ANTAP pone en marcha la comunicación a nuestros asociados que quieran constar como Peritos en los listados judiciales. A fin de proceder a su confección, se establece como fecha tope de envío de datos el 23 de noviembre de 2018.


Los que queráis aparecer por primera vez en la guía debéis remitirnos los siguientes datos:
Apellidos, Nombre - Nº Asociado
Dirección postal
Tel  - Fax  - Móvil  – correo electrónico - web (si tiene)


Recordar que la inscripción y participación en los listados de peritos Legales y Forenses en voluntaria y tiene un plazo.



miércoles, 31 de octubre de 2018


CAMBIOS PARECE SER QUE DEFINITIVOS EN LA  PRESENTACIÓN DEL MODELO 347 QUE PASA PARA EL MES DE FEBRERO

Por lo que respecta al modelo 347 se modifica el plazo de presentación regulado en el artículo 10 de de la Orden EHA / 3012/2008, de 20 de octubre, para establecer con    carácter indefinido el plazo de presentación del modelo 347 en el mes de febrero.

La Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, así lo establece y, además, introduce modificaciones en los modelos 303, 322 y 390
En el BOE de 31 de octubre se ha publicado la Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación; la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.
En primer lugar, se introducen las siguientes modificaciones en los modelos 303 y 322:
Con el fin de clarificar los sujetos pasivos que deben informar de su volumen de operaciones en la declaración-liquidación correspondiente al último periodo de liquidación, la casilla «¿Existe volumen anual de operaciones (art. 121 LIVA)?», se sustituye por otras dos, la primera a cumplimentar por los exonerados de la obligación de presentar la declaración-resumen anual y la segunda por los que, estando exonerados, deban consignar su volumen de operaciones. Esta modificación afecta a los modelos 303 y 322.
En relación con el volumen de operaciones, se modifican las casillas 79 de los modelos, para incluir en las mismas, de manera expresa, el importe de las entregas no habituales de oro de inversión.
Con respecto al modelo 390 se introducen las siguientes modificaciones:
  • Se establece que la realización de actividades por las que no exista obligación de presentar autoliquidaciones periódicas no afectará a la exoneración de presentar el modelo.
  • En el apartado de datos identificativos se elimina la casilla «¿La autoliquidación del último periodo corresponde al régimen especial del grupo de entidades?».
  • En el desglose del IVA deducible, se eliminan los tipos no vigentes y se crea una casilla en la que se incluirán, en su caso, las cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firmes con tipos no vigentes.
  • En el apartado de resultados de las liquidaciones se crea una casilla para consignar las cuotas pendientes de compensación al término del ejercicio.
  • En el desglose del volumen de operaciones se incluyen expresamente las entregas no habituales de oro de inversión en la casilla 106.
Por lo que respecta al modelo 347 se modifica el plazo de presentación regulado en el artículo 10 de de la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, para establecer con carácter indefinido el plazo de presentación del modelo 347 en el mes de febrero.

Por último, se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, para adaptar la misma al nuevo sistema de gestión de declaraciones informativas previsto para 2018 (Transmisión Grandes Volúmenes Información con validación online).

El nuevo sistema posibilita la validación en línea de declaraciones de gran volumen de información, unificando el tratamiento de las declaraciones informativas. De este modo, cuando de la validación online de la información a presentar existan registros erróneos y otros correctos, el sistema posibilita la presentación de los segundos, debiendo el obligado proceder a la subsanación de los registros erróneos, presentando posteriormente una declaración complementaria adicional.

Por último, señalar que esta orden que estamos reseñando entrará en vigor el día 1 de noviembre de 2018 y será aplicable por primera vez para la presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303 y 322, correspondientes al último periodo de liquidación de 2018 y de las declaraciones informativas, modelos 390 y 347, correspondientes a 2018


lunes, 29 de octubre de 2018



EL REA. REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS.


Desde la promulgación de la normativa que regula la Subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas que quieren formar parte del proceso constructivo como contratistas o subcontratistas en obras de construcción, deben estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).
Como cualquier otra norma legal, su cumplimiento es obligatorio y si las empresas la incumplen,  ello les puede acarrear sanciones económicas de considerable importancia.
Estas son las 14 preguntas claves para entender qué es y para qué sirve el REA:
1. ¿Qué es el Registro de Empresas Acreditadas (REA)? Es un registro en el que deben inscribirse todas aquellas empresas que deseen intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción, es decir, que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajar en una obra de construcción y está en funcionamiento desde el 26 de agosto de 2008. La empresa que vaya a contratar con otra deberá solicitar certificación acreditativa de inscripción en el REA dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del contrato. Además cualquier persona y cualquier empresa, puede comprobar que la empresa X está inscrita en el REA a través de una consulta simple en el siguiente enlace.
2. ¿Qué es una obra de construcción? Una obra de construcción es un lugar físico en el que temporalmente se desarrollan una serie de actividades determinadas, referidas a trabajos de construcción empleando asimismo técnicas constructivas, siendo el análisis de las circunstancias de cada caso concreto el que determinará la consideración del lugar donde se realizan los trabajos como obra de construcción.
3. ¿Qué se acredita a través de la inscripción en el REA? Disponer de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad, y ejercer directamente la dirección de los trabajos, asumiendo los riesgos, obligaciones y responsabilidades inherentes a la actividad empresarial. Acreditar que su personal cuenta con la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. Acreditar que disponen de una organización preventiva adecuada.
Acreditadas dependiente de la autoridad laboral competente del territorio donde radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista, tendrá validez en todo el territorio nacional y una duración de 3 años.
5. ¿Qué más obligaciones tienen las empresas además de inscribirse en el REA? Una vez inscritas, las empresas deberán: Comunicar cualquier variación de los datos identificativos de la empresa. Renovar la inscripción cada tres años. Solicitar la cancelación de la inscripción en el REA, cuando corresponda.
 6. ¿Quién está obligado a inscribirse? Todas las empresas y los trabajadores autónomos con asalariados, que pretendan ser contratadas o subcontratadas para realizar trabajos en una obra de construcción. Se incluyen también las empresas que realicen actividades de construcción aunque pertenezcan a otro sector productivo. Igualmente las Administraciones Públicas, por ejemplo, los ayuntamientos, tienen que inscribirse si participan como contratistas o subcontratistas en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción.
7. ¿Qué autónomos están exentos de inscribirse? Están exentos de la obligación los trabajadores autónomos sin asalariados y, ello por cuanto, no son empresarios en sentido laboral. Es por ello que, cualquier autónomo que no tenga contratado a ningún trabajador por cuenta ajena no debe inscribirse en el REA (incluidos los autónomos familiares y autónomos dependientes dependientes). Conviene recordar que los trabajadores autónomos no pueden subcontratar, ni con empresas ni con otros autónomos, y salvo casos de fuerza mayor.
8. ¿Qué ocurre cuando los trabajadores autónomos constituyen una sociedad limitada? ¿Tienen que inscribirla en el REA? No. Se les seguirá considerando trabajadores autónomos no obligados a inscribirse en el REA y que no pueden subcontratar.
9. ¿Deben inscribirse los promotores de obras? No. Están exentos de la obligación de inscripción en el REA todos los promotores de las obras que no tengan consideración de contratistas. Por el contrario, cuando el promotor asuma también la posición de contratista en la obra de construcción tendrá que inscribirse en el REA.
10. ¿Tienen obligación de inscribirse las sociedades cooperativas? ¿Y las sociedades laborales? . Deben inscribirse en el REA todas aquellas empresas en las que haya trabajadores por cuenta ajena, entendidos tales trabajadores en un sentido amplio que incluiría a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales.
11. ¿Cuál es la formación exigible a los trabajadores que presten servicios en obras de construcción? La establecida  en el convenio colectivo aplicable. En los casos en que no haya convenio colectivo estatal o en el que no se disponga nada al respecto, en tales casos resulta perfectamente válida la certificación expedida por un servicio de prevención ajeno relativo a la formación específica impartida con arreglo al artículo 19 Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
12. ¿El personal directivo ha de tener formación en prevención de riesgos laborales? . Los directivos deben tener una formación mínima de 10 horas.
13. ¿Qué ocurre si no se realiza la renovación en plazo? Las inscripciones que cumplan su plazo de inscripción y no hayan sido renovadas serán canceladas automáticamente por el sistema REA. Desde ese momento figurarán como no inscritas y la aplicación no expedirá certificados de inscripción a su favor.
14. ¿Si ya no tengo trabajadores asalariados, debo solicitar la cancelación de la inscripción en el REA? . A partir de la cancelación de la inscripción en el REA, tales empresas ya no podrán participar en las obras de construcción como contratistas o subcontratistas.