La dificultad de demostrar ante un juez las secuelas de la fibromialgia es un freno para adquirir la incapacidad permanente absoluta

La fibromialgia es un trastorno crónico que causa dolor generalizado, hipersensibilidad y fatiga persistente. En España, la padecen alrededor de un millón de personas y se estima que un 20% de los afectados podrían tener algún tipo de incapacidad para desempeñar sus funciones laborales. "No es la primera causa para conceder una invalidez", destaca Mª José Iglesias Toro, abogada especializada en derecho laboral. Añade que para que un tribunal falle a favor de la Incapacidad Permanente Absoluta, el afectado debe acreditar "lesiones muy acentuadas acompañadas de una depresión crónica y de larga evolución". 

Carla (nombre ficticio) trabajaba como maquinista industrial cuando solicitó una pensión de invalidez a la Seguridad Social como consecuencia de la fibromialgia y un trastorno depresivo grave que le diagnosticaron. El Equipo de Valoraciones de Incapacidades (EVI), denegó su petición al considerar que "no se encontraba en situación de incapacidad permanente en ninguno de sus grados". Carla denunció a la institución y solicitó la Incapacidad Permanente Absoluta, la justicia le dió la razón en primera instancia y condenó a la Seguridad Social a pagarle una pensión vitalicia del 100% de su salario.

El TSJ gallego –tras el recurso interpuesto por la Seguridad Social– matiza ahora la primera resolución, basando su criterio en un "proceso de individualización" del caso a enjuiciar y obliga a la Seguridad Social a concederle la Incapacidad Permanente Total, es decir, la invalidez que únicamente inhabilita al empleado en determinadas funciones de su profesión habitual.

Algunos expertos consideran la profesión habitual aquella que ha desempeñado el empleado "en los doce meses anteriores a la fecha de inicio de la incapacidad temporal de la cual deriva la incapacidad permanente". En cualquier caso, la Incapacidad Permanente Total no inhabilita al trabajador para el ejercicio de otras profesiones. Otra situación es la Incapacidad Permanente Absoluta, aquella que no permite desempeñar ninguna función laboral al no poder garantizar un mínimo de "rendimiento, eficacia y profesionalidad".

Aunque las causas de la fibromialgia no están del todo esclarecidas, expertos en medicina afirman que puede estar relacionada con alteraciones neurológicas. Por este motivo, es frecuente que la patología "se desarrolle tras sufrir una infección bacteriana o viral, un accidente u otra enfermedad que limite la calidad de vida", según indica la Fundación Española de Reumatología.  

A efectos de incapacidad permanente, "es habitual que esta patología vaya acompañada de depresión y otras lesiones del aparato locomotor como hernias discales o artrosis", explica Iglesias a eldiario.es. Los expertos subrayan que una de las muestras para medir la enfermedad es el dolor y para ello se tienen en cuenta 18 puntos que se reparten de forma simétrica por todo el cuerpo. Algunos de ellos se encuentran en la parte inferior del cráneo, pasando por las cervicales, escápulas, costillas y las rodillas. La confirmación de once puntos de dolor supone el diagnóstico de la enfermedad y "debe haber al menos 14 puntos identificados para obtener la incapacidad permanente", señala Iglesias.

"El dolor es subjetivo y no constituye una base para acreditar que existe invalidez", es uno de los argumentos más utiliza la parte demandada en los procesos judiciales sobre la concesión de incapacidades permanentes, sostiene Iglesias. Sin embargo, los informes médicos de la Seguridad Social y no de sanidad privada, acreditando la imposibilidad de realizar determinadas tareas son fundamentales para constatar la incapacidad.

El caso de Carla no es el primero que dibuja este escenario para aquellos que solicitan la Incapacidad Permanente Absoluta con motivo de esta enfermedad. Otra sentencia del TSJ de Extremadura concede la Incapacidad Permanente Total a una camarera con fibromialgia y hernia discal que solicitó la Incapacidad Absoluta y que sin embargo, le denegaron al considerar que sus secuelas no anulaban por completo su capacidad laboral.

El TSJ gallego recoge en la sentencia que determinadas lesiones pueden afectar de manera distinta a cada trabajador y subraya valorar al detalle el grado de las lesiones para comprobar en qué medida influyen en las capacidades de la persona afectada. En este caso, Carla pidió una prueba pericial que reconoce sus patologías psíquicas, según la sentencia. La resolución añade que dicho informe "debe prevalecer sobre el dictamen del EVI".

El tribunal considera que la fibromialgia, el trastorno ansioso-depresivo y el trastorno somatomorfo que le diagnostican a Carla, le incapacita de manera permanente "para desarrollar con la debida profesionalidad y el exigible rendimiento su actividad profesional". La justicia matiza de esta manera la primera sentencia concediéndole la Incapacidad Permanente Total y condena a la Seguridad Social a pagarle una pensión vitalicia del 55% del salario que percibía. Por Mónica Martín 31 jul 201821:16

Parte de baja y confirmación de la incapacidad temporal

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• Estado: Redacción actual VIGENTE
• Orden: Laboral
• Fecha última revisión: 05/04/2017

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La emisión del parte médico de baja es el acto que origina la iniciación de las actuaciones conducentes al reconocimiento del derecho al subsidio por incapacidad temporal. La declaración de la baja médica, en los procesos de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se formulará en el correspondiente parte médico de baja expedido por el médico del servicio público de salud que haya efectuado el reconocimiento del trabajador afectado.

NOVEDAD:

El Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, ha dado nueva redacción (con efectos de 1 de enero de 2017) a los L-14568859-2, Art. 3 y Art. 5, de la L-14568859 en relación con la tramitación de la prestación por incapacidad temporal.

Se incluye una referencia expresa a los facultativos de empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, señalando su competencia para la emisión de los partes médicos de baja, de confirmación de la baja y de alta médica por curación. 

El servicio público de salud, la empresa colaboradora o de la mutua emitirán los partes de baja y confirmación siguiendo los cuatro grupos de procesos siguientes:

DURACIÓN ESTIMADA DE LA IT (DÍAS NATURALES)	FECHA CONSIGNACIÓN PARTE DE BAJA	FECHA CONSIGNACIÓN PRIMERA PARTE DE CONFIRMACIÓN	SEGUNDO PARTE DE CONFIRMACIÓN
MENOR 5 DÍAS	Mismo día del acto médico  (alta en el mismo día de la baja o en cualquiera de los 3 días siguientes). Posibilidad de revisión a solicitud del trabajador, el día fijado como de alta médica
ENTRE 5 Y 30 DÍAS	Día del acto médico, consignando fecha de revisión médica prevista	No más tarde de 7 días desde la baja médica inicial	Tras el primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 14 días naturales entre si
ENTRE 31 Y 60 DÍAS	Día del acto médico, consignando fecha de revisión médica prevista	No más tarde de 7 días desde la baja médica inicial	Tras el primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 28 días naturales entre si
61 O MÁS DÍAS	Día del acto médico, consignando fecha de revisión médica prevista	No más tarde de 14 días desde la baja médica inicial	Tras el primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de 35 días naturales entre si

Emisión del parte médico de baja

El acto que origina la iniciación de las actuaciones conducentes al reconocimiento del derecho al subsidio por incapacidad temporal es la emisión del parte médico de baja.

El parte médico de baja de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se expedirá inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador, por el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua que lo realice.

En caso de que la baja médica derive de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, cuya cobertura corresponda a una mutua colaboradora con la Seguridad Social, en adelante mutua, será el facultativo del servicio médico de la propia mutua el que, inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador, expida el parte médico de baja

Duración de los partes de baja y de confirmación de la baja

Los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite y serán expedidos por el correspondiente facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua cuando la incapacidad temporal derive de una contingencia profesional cubierta por la misma. A estos efectos se establecen cuatro grupos de procesos:

- En los procesos de duración estimada inferior a 5 días naturales: El facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua emitirá el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto médico.

El facultativo, en función de cuando prevea que el trabajador va a recuperar su capacidad laboral, consignará en el parte la fecha del alta, que podrá ser la misma que la de la baja o cualquiera de los tres días naturales siguientes a esta.

No obstante el trabajador podrá solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día que se haya fijado como fecha de alta, y el facultativo podrá emitir el parte de confirmación de la baja, si considerase que el trabajador no ha recuperado su capacidad laboral. En este primer parte de confirmación, que dejará sin efecto el alta prevista en el parte de baja, se indicará el diagnóstico, la nueva duración estimada y el tipo de proceso, así como la fecha de la siguiente revisión médica.

- En los procesos de duración estimada de entre 5 y 30 días naturales: El facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. En la fecha de revisión se extenderá el parte de alta o, en caso de permanecer la incapacidad, el parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí. 

- En los procesos de duración estimada de entre 31 y 60 días naturales: El facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de veintiocho días naturales entre sí.

- En los procesos de duración estimada de 61 o más días naturales: El facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua emitirá el parte de baja en el que fijará la fecha de la revisión médica prevista, la cual en ningún caso excederá en más de catorce días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de treinta y cinco días naturales entre sí.

Si el trabajador no acude a la revisión médica prevista en los partes de baja y confirmación, se podrá emitir el alta médica por incomparecencia.

Tablas de duración de los procesos patológicos

Con el fin de que las actuaciones médicas cuenten con el mayor respaldo técnico se pondrá a disposición de los médicos a los que competan dichas actuaciones tablas de duración óptima tipificadas por los distintos procesos patológicos susceptibles de generar incapacidades, así como tablas sobre el grado de incidencia de aquellos procesos en las distintas actividades laborales.

Plazo de los trabajadores para presentar los partes médicos en la empresa

Partes de baja y confirmación: 3 días contados a partir de la fecha de su expedición.

Parte de alta: Dentro de las 24 horas siguientes a su expedición.

En procesos de duración estimada muy corta: Presentará a la empresa la copia del parte de baja/alta dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del alta. De forma excepcional, si el facultativo emite el primer parte de confirmación porque considere que el trabajador no ha recuperado su capacidad laboral podrá presentarlo a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a su expedición, junto con el parte de baja inicial.

Tramitación del empresario

La empresa consignará en el ejemplar del parte de baja entregado por el trabajador los datos sobre cotización relativos al mismo, a efectos de la determinación de la base reguladora de la prestación económica por incapacidad temporal. Asimismo consignará la clave del código nacional de ocupación, el código de la provincia del centro de salud en la que se ha emitido el parte médico y los datos genéricos que se establezcan a efectos identificativos del proceso y de la empresa, definidos a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED).

La empresa tiene la obligación de transmitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el parte de baja, de confirmación o de alta presentado a la misma por el trabajador a través del sistema RED, con carácter inmediato y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 3 días hábiles a partir de su recepción. Dicha obligación corresponde a las empresas aun cuando hayan asumido el pago, a su cargo, de la prestación económica de incapacidad temporal, en régimen de colaboración voluntaria

Los modelos de las copias de los partes médicos en soporte papel deberán ser conservados por las empresas durante un plazo de cuatro años, contado desde la fecha de presentación telemática de los mismos.

Agotamiento de los 365 días naturales de duración

El médico del servicio público de salud o el servicio médico de la empresa colaboradora o de la mutua, cuando expidan el último parte médico de confirmación antes del agotamiento del plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días naturales, comunicarán al interesado en el acto de reconocimiento médico que, una vez agotado el plazo referido, el control del proceso pasa a la competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina en los términos establecidos en el apdo. 2,  Art. 170 de la LGSS.

Una vez que se cumpla el plazo indicado en el párrafo anterior, el servicio público de salud o el servicio médico de la empresa colaboradora o de la mutua dejarán de emitir partes de confirmación.

El servicio público de salud comunicará al Instituto Nacional de la Seguridad Social el agotamiento de los trescientos sesenta y cinco días naturales en situación de incapacidad temporal, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente.

* Con efectos de 01/01/2017 la normativa especifica que el facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua podrán emitir parte de baja (Real Decreto 625/2014 de 18 de Jul (aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración)-2, L-14568859, según redacción aportada por Real Decreto 231/2017 de 10 de Mar (Establecimiento de sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral)).

Las funciones del contador se agotan cuando otorga la partición. La reserva de la facultad de rectificar errores o complementar, aunque esté dentro del plazo establecido por el testador, no permite al contador hacer una partición nueva, alterando las adjudicaciones ya realizadas

30 Jul, 2018.- La cuestión planteada es, si el contador puede hacer una partición nueva cuando, después de haber ejecutado su función, se declara por sentencia firme la validez de una donación que hizo en vida el causante a uno de los legitimarios y no se tuvo en cuenta en la partición, o si corresponde a los partícipes en la comunidad hereditaria o, en su defecto al juez, la facultad de modificar la partición practicada cuando fuera precisa su rectificación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2018. Recurso nº 3560/2015. Ponente: María de los Ángeles Parra Lucan

«TERCERO.- Ineficacia de la escritura de rectificación de operaciones particionales de 13 de marzo de 2012

1.- La sentencia recurrida, con apoyo en la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, declaró la ineficacia de la partición realizada el 13 de marzo de 2012 y tanto Luisa -madre como Sagrario combaten en sus recursos este pronunciamiento.

2.- Esta sala considera, al igual que la sentencia recurrida, que la escritura de rectificación de operaciones particionales de 13 de marzo de 2012 es ineficaz. La partición pone fin a la comunidad hereditaria y las funciones del contador se agotan cuando otorga la partición. La reserva de la facultad de rectificar errores o complementar, aunque esté dentro del plazo establecido por el testador, no permite al contador hacer una partición nueva, alterando las adjudicaciones ya realizadas. En supuestos en los que la cuestión litigiosa no era idéntica, esta sala ha reiterado que «las facultades de todo contador-partidor, por muy amplias que sean, quedan agotadas una vez que ha realizado las operaciones particionales y las mismas han sido aceptadas por los herederos interesados, sin que posteriormente pueda modificar la partición, por su exclusiva y unilateral decisión sin contar con el consentimiento unánime de dichos herederos, que habían aceptado plenamente la inicialmente practicada» (sentencias de 5 de enero de 2012, RC 2187/2008; 954/2005, de 14 diciembre; 273/1991, de 25 abril; 9/2001, de 16 marzo; y otras anteriores, como las de 20 de octubre de 1952, 11 de junio de 1955, 3 de enero de 1962, 15 de febrero de 1965, 25 de enero de 1971 y 15 de julio de 1988). El complemento de la partición, por aparición de nuevos bienes que no se tuvieron en cuenta, sí es posible (art. 1079 CC) porque, si el contador está en el plazo otorgado por el testador y no ha cesado por otra causa, su función de partir toda la herencia no está completa.

3.- En el presente caso, la contadora no complementó la partición con nuevos bienes que se hubieran omitido en la partición, ni hizo una mera rectificación respetuosa con las atribuciones de propiedad ya realizadas, sino que hizo una nueva partición alterando de manera unilateral las atribuciones ya realizadas. Tal y como dice la sentencia de la Audiencia, el cargo de la contadora- partidora quedó extinguido con el otorgamiento de la escritura de partición de 15 de julio de 2005. Ninguno de los preceptos denunciados como infringidos por las recurrentes sirven para desvirtuar esta conclusión si nos atenemos a los hechos probados en la instancia, pues: no hubo partición por el testador (por lo que no hay infracción del art. 1056 CC); sí hubo toma de posesión de los bienes adjudicados en la partición de 2005 (art. 1068 CC) y aceptación por los herederos, por lo que los bienes y derechos ingresaron en el patrimonio de los adjudicatarios, a lo que no se opone la multitud de pleitos entablados entre las partes, en buena medida dirigidos precisamente a exigir la entrega de lo adjudicado; la escritura de 2012 no se limitó a rectificar errores cometidos en la elaboración de la partición de 2005, sino que modificó sustancialmente las atribuciones ya realizadas, adoptando soluciones diferentes a lo manifestado por el testador, lo que determinó que la propia sentencia de primera instancia en la que se basa el recurso de Luisa -madre, a pesar de considerar que no se había extinguido el cargo, declarara que era parcialmente nula; la necesidad de reinterpretar la voluntad del testador para ajustarla a las consecuencias que derivaban de la sentencia de 2012 que declaró la validez de la donación de 2002 y que no fue tenida en cuenta en 2005 no permitía a la contadora recuperar una función que se había extinguido (por lo que no hay infracción de los arts. 1057, 675, 1056 y 1062 CC), de modo que toda actuación ulterior es incumbencia de los herederos y, en su defecto, del juez. No hay infracción de los arts. 1113, 1050 y 1056 CC porque la partición de 2005 no fue un negocio sujeto a la condición del resultado del pleito iniciado por Luis Miguel -hijo contra su padre acerca de la validez de la donación, ni en ese momento la contienda era sobre la colación de una donación que la contadora no tuvo en cuenta en la partición, ni los herederos lo eran bajo condición. Extinguido el cargo de contador, su función no podía renacer por el hecho de que, unilateralmente, se reservase la facultad de volver a actuar. Por ello procede la desestimación de los motivos del recurso de Luisa -madre (motivos segundo, tercero y cuarto) y del motivo primero del recurso de Sagrario, en los que defienden la validez y eficacia de la partición contenida en la escritura de 13 de marzo de 2012 así como de las correcciones y rectificaciones que en la misma se hicieron, sin que sea preciso analizar de manera individualizada las razones por las que las recurrentes justifican el contenido de tal escritura. La desestimación de tales motivos conduce a confirmar el pronunciamiento contenido en la letra a) del fallo de la sentencia recurrida, por la que se declara la nulidad de la citada escritura.»

Causas objetivas de despido: económicas, técnicas, organizativas y de produccion

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• Estado: Redacción actual VIGENTE
• Orden: Laboral
• Fecha última revisión: 11/04/2016

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Dentro de las distintas causas objetivas de despido, el Art. 52 ,Estatuto de los Trabajadores, contempla la posibilidad de llevar a cabo un despido motivado por causas directamente relacionadas con el funcionamiento de la empresa. La norma reguladora distingue dos supuestos: por una parte, las llamadas causas económicas; y por otra, las llamadas causas técnicas, organizativas o de producción. Cada una de estas causas de despido posee especificaciones propias pero todas comparten requisitos formales: Despido del trabajador por causas económicas: cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa (existencia de pérdidas actuales o previstas) o exista disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Despido objetivo por causas técnicas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción. Despido objetivo por causas organizativas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. Despido objetivo por causas productivas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Requisitos formales: No superación de un umbral numérico (implicaría despido colectivo), puesta a disposición de la indemnización (20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades), preaviso de 15 días y permiso de 6 horas semanales para búsqueda de empleo.

La empleadora sustentará la decisión extintiva del contrato de trabajo en el ejercicio de la facultad reconocida en el apdo. c) del Art. 52 ,Estatuto de los Trabajadores, que autoriza la misma cuando concurra alguna de las causas previstas en el apdo. 1, Art. 51 ,ET y siempre que afecte a un número de trabajadores inferior al establecido en el mismo, invocando razones económicas, técnicas, organizatvas o productivas. A este respecto el Estatuto de los Trabajadores dispone:

"Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado."

La justificación del despido económico o productivo exigirá la superación de tres fases por las empresas:

• a) acreditar la situación económica negativa o, en su caso, cambios en la demanda de los productos y servicios que la empresa quiera colocar en el mercado.
• b) determinar de qué modo las situaciones descritas inciden en los contratos de trabajo, que se pretenden extinguir.
• c) probar la adecuación de las medidas adoptadas para hacer frente a dicha necesidad.

 LA LONGITUD MEDIA DEL ENUNCIADO

La Longitud Media de Enunciados (LME) o MLULa LME es uno de los instrumentos básicos para conocer el desarrollo lingüístico de un niño (MacWhinney, 2000). En principio, es el número medio de palabras de los enunciados emitidos por un sujeto. Ahora bien, la LME puede variar mucho según cuáles sean los criterios empleados para delimitar enunciados. Por ello, es uno de los aspectos más importantes a la horade codificar un corpus. Los períodos o etapas de adquisición Los datos se ordenaron y cuantificaron en dos etapas. La primera abarca delinicio de la producción de prerradicales en la niña hasta los tres años (etapa temprana). La segunda abarca de los 3 a los cinco años (etapa tardía), la cuala su vez se divide en dos períodos: de los 3 a los 4 años y de los 4 a los 5. En la etapa temprana, antes de los tres años, la ocurrencia de los prerradicales verbales es escasa, pero se presentan ya ciertos patrones en la adquisición de estos prefijos que se mantendrán en los siguientes. Además, aparecen otras formas de contenido espacial, como adverbios, posposiciones y sufijos nominales de espacio. Son estos morfemas principalmente los que permitirán caracterizar la etapa temprana del desarrollo. Antes de iniciar el análisis del desarrollo de la expresión del espacio en W, cabe hacer algunas observaciones adicionales sobre la organización de su producción verbal. Decidí establecer dos etapas principales basados en la edad de la niña, y no en otro tipo de índices del desarrollo lingüístico, comoel índice de longitud media de enunciado o MLU (mean length of uterance)de R. Brown (1973:53-55). Las razones de esta decisión las expondré después de comentar brevemente algunas características de dicho índice. El MLU fue ideado por R. Brown (1973) por la necesidad de tener un índice que pudiera medir el desarrollo lingüístico en los niños, ya que se

descubrió desde los primeros estudios sobre adquisición del lenguaje que la edad no es un indicador preciso debido a las grandes diferencias que puede haber en el desarrollo incluso en niños que aprenden la misma lengua y pertenecen a grupos culturales y sociales idénticos. Brown pensó que la longitud del enunciado sería un buen índice del desarrollo gramatical porque

“casi cualquier tipo nuevo de conocimiento aumenta la longitud: el número

de roles semánticos expresados en la oración, la adición de morfemas

obligatorios, la codificación de las modulaciones de significado,...”90 La

longitud de enunciado siempre aumentará con el desarrollo gramatical, especialmente si se mide en morfemas, más que en palabras. Más adelante, sin embargo, el mismo autor señala que cuando el niño ha alcanzado la etapa V es capaz de hacer construcciones de una variedad tal que lo que dice y el MLU de la muestra depende más del carácter de la interacción que de lo que el niño sabe.91 A partir de este momento, el índice pierde su valor como indicador del desarrollo gramatical. El siguiente cuadro resumen las etapas del desarrollo de la gramática basado en el índice de longitud de enunciado, según la propuesta de R. Brown, tomado de la tabla que presenta Ingram (1991:50).CUADRO 4. Etapas propuestas por R. Brown (1973) en términos del índice de longitud media de enunciado (MLU).ETAPA MLU Categorías adquiridas I 1.00-1.99 Roles semánticos y Relaciones gramaticales II 2.00-2.45 Morfemas gramaticales III 2.50-2.99 Modalización de la oración simple IV 3.00-3.99 Subordinación V 4.00 - Coordinación de oraciones simples y

relaciones proposicionales Tomemos un ejemplo concreto de un momento del desarrollo lingüístico medido mediante el índice de MLU. Brown presenta la diferencia que permite esta medición en el desarrollo de los tres niños estudiados por él. Mientras que el caso más precoz, Eva, alcanza 3.20 morfemas por e nunciadoa los 22 meses, Adam y Sarah alcanzan este nivel hasta los 34 y los 40 meses respectivamente. Es decir, a esas edades alcanzan los tres la etapa IV. Poco después (a los 26 meses), Eva alcanza la última etapa.92El índice de desarrollo gramatical o MLU sin duda ha resultado útil para medir el progreso en la adquisición en inglés, especialmente en lasetapas tempranas del desarrollo. Sin embargo, su aplicación a otras lenguas muy diferentes tipológicamente al inglés presenta serios problemas. Por ejemplo, en relación con la adquisición de una lengua con rasgos acentuados de aglutinación como el húngaro, MacWhinney (1986:1084) opina que no es la complejidad o longitud del enunciado el mejor indicador del desarrollo del lenguaje, sino la complejidad morfológica de las palabras que se producen. Otro caso similar lo tenemos al aplicar el índice a lenguas con rasgos depolisíntesis, como las lenguas esquimales. Fortescue (1985:103) señala que en estas lenguas la etapa de adquisición de la morfología se inicia de una manera intensa desde antes de los dos años. En su trabajo presenta la producción en groenlandés de un niño de dos años extraída de una grabación de media hora. En ésta, el niño muestra el dominio de los siguientes morfemas ligados:24 afijos derivativos40 flexivos2 clíticos

Cláusulas específicas del contrato indefinido de personas con discapacidad

Requisitos de los trabajadores

• Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo competente, o pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

• Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo.

• El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los veinticuatro meses anteriores a la contratación mediante un contrato por tiempo indefinido.

• Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato, excepto en el supuesto previsto en el artículo 8.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre).

Las dos últimas exclusiones no se aplicarán cuando se trate de trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral. A estos efectos se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100

Requisitos de la empresa

Podrán solicitar los beneficios que a continuación se indican las empresas que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indefinido a jornada completa o parcial, así como las cooperativas de trabajo asociado que incorporen trabajadores con discapacidad como socios y cumplan los requisitos siguientes:

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social tanto en la fecha de alta de los trabajadores como durante la aplicación de las bonificaciones correspondientes. Si durante el periodo de bonificación existe una falta de ingreso en plazo reglamentario de dichas obligaciones, se producirá la perdida automática de las bonificaciones reguladas en el presente Programa, respecto de las cuotas correspondientes a periodos no ingresados en dicho plazo, teniéndose en cuenta dicho periodo como consumido para el computo del tiempo máximo de bonificación.

• No haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves no prescritas, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo contratos bonificados quedarán excluidas por un período de doce meses de las bonificaciones establecidas en este programa.

Las empresas deberán solicitar los trabajadores con discapacidad de la correspondiente Oficina de Empleo.

Incentivos

• Subvención de 3.907 euros por cada contrato celebrado a tiempo completo.

Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, la subvención de 3.907 euros se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.

• Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social:

• Si el contrato se celebra a tiempo completo, la empresa tendrá derecho a las siguientes bonificaciones:

- Trabajadores sin discapacidad severa: Hombres Mujeres

Menores de 45 años 4.500 €/año 5.350 €/año

Mayores de 45 años 5.700 €/año 5.700 €/año

- Trabajadores con discapacidad severa: Hombres Mujeres

Menores de 45 años 5.100 €/año 5.950 €/año

Mayores de 45 años 6.300 €/año 6.300 €/año

• Si la contratación se realiza a tiempo parcial, la cuantía de la bonificación corresponderá a lo establecido en el artículo 2.7 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, según redacción dada por el artículo 6.Dos de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

•La empresa, para poder bonificarse en la cuota empresarial, tendrá que cumplir los requisitos establecidos en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (BOE

de 30 de diciembre).

• Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal hasta 901,52 euros.

• Deducción de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%, contratados por el contribuyente, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior.

• Deducción de la cuota íntegra la cantidad de 12.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, contratados por el contribuyente, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior.

Obligaciones de la empresa

• Las empresas beneficiarias estarán obligadas a mantener la estabilidad de estos trabajadores por un tiempo mínimo de tres años y, en caso de cese voluntario, despido procedente o extinción de la relación laboral por causas objetivas deberán sustituirlos por otros trabajadores con discapacidad.

En caso de incumplir esta obligación la empresa deberá reintegrar las cantidades correspondientes al periodo de incumplimiento; este reintegro de cantidades debe limitarse a la subvención recibida, no estando obligada a devolver cantidad alguna por las bonificaciones disfrutadas hasta el momento. La

devolución de la cantidad correspondiente por la subvención será la parte proporcional al tiempo durante el cual el trabajador no está en la plantilla de la empresa, es decir, el tiempo que resta desde la fecha del cese voluntario, despido procedente o extinción de la relación laboral por causas objetivas. En el

supuesto de despido improcedente la devolución será por la totalidad de la cantidad de subvención recibida.

Normativa

• Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo o las

medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos. [BOE legislación consolidada]

• Artículo 57 del capítulo II de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se

modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. [BOE]

• Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en

la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos. [BOE]

• Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. [BOE legislación consolidadada]

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. [BOE legislación consolidada]

Extinción pensión compensatoria por convivencia marital con otra persona. Fecha en que se producen los efectos de la extinción

30 Jul, 2018.- Se confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca que declara extinguida la pensión compensatoria desde la fecha de presentación de la demanda. Resulta evidente que la causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio habrá de producir su efectos desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que se interpone la demanda.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2018. Recurso nº 735/2017. Ponente: Antonio Salas Carceller

SEGUNDO.- El recurso de casación, único admitido, se interpone al amparo del artículo 477.2.3.º LEC y se estructura en dos motivos. El primero, por oponerse la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial de esta sala con infracción de los artículos 97 y 101 CC, en relación con los artículos 106 CC y 774.5 LEC, por la improcedente declaración de retroactividad de la extinción de la pensión compensatoria al momento de la presentación de la demanda cuando la doctrina jurisprudencial sostiene que las resoluciones sobre modificación de medidas desplegarán su eficacia desde la fecha en que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente. Cita las sentencias de esta sala de 3 de octubre de 2008, recurso 2727/2004; 6 de octubre de 2011, recurso 926/2010; 26 de marzo de 2014, recurso 1088/2013; y 16 de noviembre de 2016, recurso 448/2016. Ninguna de las sentencias citadas se refiere al momento en que ha de producir efecto la extinción de la pensión compensatoria por la causa ahora alegada y todas ellas, salvo la última, se refieren a pensiones de alimentos que, lógicamente, tienen un régimen distinto por la finalidad a que responden. Incluso la citada en último lugar -sentencia de 16 de noviembre de 2016- se refiere a modificación de cuantía de la pensión compensatoria y no a su extinción. Por otra parte, la recurrente se refiere a «modificación de medidas» y aun cuando -en un sentido amplio- cabe entender por «modificación» cualquier alteración que sufran las establecidas por la sentencia que las fija, en un sentido estricto se ha de distinguir entre la simple modificación y la extinción de la medida por haber perdido su razón de ser, como ocurre en el caso de la extinción de la pensión compensatoria. Tal extinción se produce por las causas establecidas en el artículo 101 CC -mientras que a la modificación de la pensión compensatoria se refiere el artículo 100- y son: el cese de la causa que determinó su establecimiento, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o el de - aunque no exista matrimonio- vivir maritalmente con otra persona, lo que se equipara a la situación anterior.

Resulta evidente que la causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio habrá de producir su efecto desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que -conocida dicha situación- se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción. Ninguna razón existe para concluir que la solución adoptada por la Audiencia en el caso presente, llevando los efectos de la extinción a la fecha de presentación de la demanda, suponga una solución no acorde con el espíritu de la norma pues se ha podido determinar que la situación de convivencia que ha dado lugar a la extinción existía desde el año 2004 -más de diez años antes de la interposición de la demanda- por lo que carece de sentido prolongar más allá del ejercicio del derecho por el demandante la existencia de la obligación de pago de la pensión, cuya extinción podía haberse producido en la práctica mucho tiempo atrás. La razón de ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que -extinguido el vínculo- deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio; compensación que se extinguirá cuando esa comunidad de disfrute de instaura de nuevo con otra persona. El segundo motivo viene a combatir la argumentación de la Audiencia referida a «la mala fe procesal y abuso del derecho de la demandada que no pueden encontrar amparo en nuestro ordenamiento jurídico», que niega la recurrente afirmando que se ha infringido el artículo 7.2 CC. El motivo ha de ser desestimado ya que no es esa la «ratio decidenci» de la sentencia, que se apoya en otras consideraciones expresadas previamente, siendo así que esta sala ha negado efecto casacional al hecho de combatir argumentos empleados «ex abundantia» pues, aun prescindiendo de los mismos, la solución jurídica sería coincidente. Como reitera la sentencia núm. 344/2018, de 7 junio «Tiene declarado la sala, al decidir sobre la admisión de los recursos de casación, que debe combatirse en ellos únicamente los argumentos empleados para resolver las cuestiones objeto de debate que constituyan ratio decidendi (AA 30 de octubre y 4 de diciembre de 2007). Quedan excluidos los argumentos "obiter", a "mayor abundamiento" o "de refuerzo" (SSTS número 362/2011 de 7 de junio, y 327/2010, de 22 de junio, entre otras). La impugnación debe dirigirse contra la fundamentación de la resolución que tenga carácter decisivo o determinante del fallo, es decir, que constituya ratio decidendi SSTS número 238/2007, de 27 de noviembre; número 1348/2007, de 12 de diciembre; número 53/2008 de 25 de enero; número 58/2008, de 25 de enero; número 597/2008, de 20 de junio, entre otras)»

Naturaleza y ámbito territorial. (ITPYAJD)

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El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPYAJD), es un impuesto indirecto, real, objetivo, instantáneo y cesible.
NOVEDADES:

• La Ley 6/2018 de 3 de Jul (Presupuestos Generales del Estado para el año 2018), modifica con efectos desde 05/07/2018, la escala a que hace referencia el párrafo primero del Art. 43 (1)
• La Ley 3/2017 de 27 de Jun (Presupuestos Generales del Estado 2017), modifica con efectos desde 29/06/2017, la escala a que hace referencia el párrafo primero del Art. 43 
• Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, aprobando lo precios medios de venta aplicables al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (En vigor: 01/01/2017)

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, es un tributo de naturaleza indirecta que, gravará:

1. Las transmisiones patrimoniales onerosas.
2. Las operaciones societarias.
3. Los actos jurídicos documentado.

Se encuentra regulado en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como en el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El Art. 1 ,REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre señala que en ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias.
El ITPYAJD es un impuesto:

Indirecto	No grava una manifestación directa de riqueza
Real	No requiere relacionar el hecho con el sujeto pasivo
Objetivo	No tiene en cuenta las circunstancias del sujeto pasivo
Instantáneo	El hecho es un acto concreto y se devenga cuando se realiza
Cedible	A las CC.AA.

Se distinguen tres hechos imponibles diferentes:
1. Transmisiones patrimoniales onerosas: grava el tráfico patrimonial de carácter civil o entre particulares.
2. Operaciones societarias: financiación empresarial, derivados de contratos de sociedad y los desplazamientos patrimoniales ligados a éstos, como la constitución de una sociedad, fusión, etc.
3. Actos Jurídicos Documentados (AJD): documentos notariales, letras de cambio.
 El ámbito territorial de aplicación del impuesto será el establecido en el Art. 6 ,REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre

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(1) Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios:

Escala	Transmisiones directas – Euros	Transmisiones transversales – Euros	Rehabilitaciones y reconocimiento de títulos extranjeros – Euros
1.º Por cada título con grandeza	2.781	6.971	16.713
2.º Por cada grandeza sin título	1.988	4.983	11.932
3.º Por cada título sin grandeza	793	1.988	4.783

DISANTRIA

Dificultad para articular sonidos y palabras causada por una parálisis o una ataxia de los centros nerviosos que rigen los órganos fonatorios.

En una persona con disartria, un trastorno nervioso, cerebral o muscular dificulta el uso o control de los músculos de la boca, la lengua, la laringe o las cuerdas vocales. Los músculos pueden estar débiles o completamente paralizados. O puede ser difícil que trabajen juntos.7 abr. 2016

Los sujetos que padecen disfemia repiten frecuentemente palabras o frases y dudan al expresarse. ... define la disfemia como “el trastorno del habla caracterizado por la frecuente repetición o prolongación de los sonidos, sílabas o palabras, o por frecuentes dudas o pausas que interrumpen el flujo rítmico del habla".24 may. 2016

Tratamiento de la disartria y ejercicios. La disartria es un trastorno del habla que impide la correcta articulación de sonidos y palabras, dificulta la comunicación efectiva, y afecta también a la deglución. Conoce su tratamiento y los ejercicios más indicados.15 feb. 2018

ASPECTOS MÁS RELEVANTES Y DE INTERÉS PARA EL AÑO 2018, PGE.

Pulse enlace.
Resumen de Interés de los Presupuestos Generales Estado 2018.