Los farmacéuticos auguran que la liberalización del sector favorecerá el monopolio de las multinacionales.
Como siempre intentan proteger sus intereses monopolísticos al amparo de las restricciones sin motivos y en claro beneficio económico perjudicando la libre competencia y el acceso de los jóvenes al mercado.
Los farmacéuticos advierten que la liberalización de farmacias anunciada por la Comisión Europea propiciará la formación de grandes monopolios de cadenas de distribución, un aumento de los precios en los medicamentos y la desaparición de las boticas en las zonas rurales. Así lo han manifestado representantes de este sector durante la celebración del Foro Europa 2008, organizado por la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (APROAFA) en Bruselas.
El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF), Pedro Capilla, ha denunciado que «a la Comisión sólo le interesa la libertad para las grandes multinacionales» y ha expresado su oposición a la propuesta europea, al igual que los representantes farmacéuticos italianos, alemanes y franceses que han participado en la reunión. En la misma línea, el director general de ABDA-Unión Federal Alemana de Asociaciones de Farmacéuticos, Eckart Bauer, ha abogado porque la «titularidad de las farmacias recaiga en los farmacéuticos» para asegurar «la independencia de los intereses comerciales» y garantizar la atención a los pacientes.
Los miembros de las asociaciones farmacéuticas europeas han puesto como ejemplo el caso de Noruega, país en el que la liberalización de las farmacias ha provocado que las grandes cadenas de distribución se apropien del 80 % del mercado, que suban los precios de los medicamentos y se dejen desabastecidas algunas zonas rurales.
Con la legislación actual de algunos países Europeos, entre ellos España, sólo los farmacéuticos tienen derecho a la titularidad de un farmacia, lo que para la Comisión Europea vulnera la normativa de libertad de establecimiento. En la primavera de 2009 el Tribunal de Justicia de Luxemburgo deberá emitir una sentencia sobre la denuncia del gobierno europeo.
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