¿QUÉ MEDIDAS SE
FRUSTRAN Y CUÁLES SIGUEN ADELANTE TRAS EL VETO A LOS PRESUPUESTOS?
La devolución del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 al
Gobierno por parte del Congreso en la votación de totalidad ha dejado sin
efecto el anunciado incremento en las partidas dedicadas a la dependencia,
inversiones en distintos territorios y especialmente en Cataluña, donde iban a
aumentar especialmente, y una serie de modificaciones de impuestos, entre ellas
la subida del impuesto al diésel.
Al caer el proyecto presupuestario, quedan en el aire las distintas
modificaciones tributarias con las que el Gobierno buscaba aumentar un 9,5% la
recaudación, hasta los 227.356 millones de euros, y que ahora el Gobierno
tendrá que decidir si aprueba a través de decretos ley.
En el Impuesto de Sociedades, los Presupuestos contenían un tipo mínimo del
15% sobre la base imponible para grandes empresas (del 18% para las entidades
financieras y de explotación de hidrocarburos) y una rebaja de dos puntos,
hasta el 23%, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón
de euros.
En el IRPF, el Gobierno establecía una subida de dos puntos en el IRPF para
rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de
300.000 euros, mientras que para las del capital se aumentaba en cuatro puntos
para rentas de ahorro de más de 140.000 euros.
Los nuevos impuestos sí siguen su curso
También se incluía la subida al diésel, ya que se reducía su bonificación
para aumentar el impuesto especial sobre el gasóleo en 3,8 céntimos por litro.
Por contra, se rebajaba el IVA en varios productos, como los de higiene
femenina (del 10% al superreducido del 4%) o a las descargas y suscripciones
digitales de libros, periódicos o revistas (del 21% al 4%). El IVA a los
servicios veterinarios pasaba del 21% al 10%.
Únicamente siguen su tramitación
los dos impuestos de nueva creación, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales, ya que
una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos
fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su
tramitación parlamentaria, a
la espera de que el Gobierno los defienda ante el Congreso.
Una de las partidas que había experimentado un aumento más significativo
era la dedicada a la dependencia, que experimentaba en las cuentas una subida
del 58,3%, al subir en 831 millones de euros hasta su mayor dotación en el
sistema, con 2.231 millones.
Los Presupuestos recuperaban además la financiación de las cuotas sociales
de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia,
lo que habría afectado a 180.000 personas en una partida a la que las cuentas
dedicaban 315 millones de euros.
Por otro lado, se eliminaba también el copago farmacéutico para los
pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y para las personas
perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor
a cargo.
Aumento de becas y bajada de tasas
universitarias
Por otra parte, las cuentas contemplaban un aumento del 10,2% para el
sistema general de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones
de euros y establecían una bajada de las tasas universitarias para dejarlas a
niveles anteriores a la subida experimentada en 2012, habilitando para ello a
las comunidades autónomas.
También se habilitaba a las entidades locales para flexibilizar la
aplicación de la regla de gasto en su gasto en escuelas infantiles,
considerando las escuelas infantiles de 0 a 3 años como una inversión
financieramente sostenible. Por otro lado, se dotaba de 100 millones de euros
la financiación de la cobertura de libros de texto y material didáctico, duplicando
su cuantía respecto a 2018.
Un 41% más para vivienda
Respecto a vivienda, el Presupuesto tumbado por el Congreso dedicaba un 41%
más que el del año pasado, dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000
viviendas para incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios
asequibles o sociales.
Asimismo, se presupuestaban 25 millones de euros más para el programa de
protección familiar y de lucha contra pobreza infantil en proyectos para
mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad y se dotaban 30
millones de euros para aumentar los recursos de las entidades públicas
autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.
La inversión en infraestructuras subía
un 18%
En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno había esbozado un aumento de
las inversiones en infraestructuras de un 18% más que en las cuentas de 2018,
alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros.
De todas ellas, la alta velocidad se 'comía' uno de cada cuatro euros
presupuestados, al acumular 2.660 millones, más de la mitad de los 5.041
millones dirigidos al ferrocarril.
Otra de las partidas que se quedarán por ahora sin ver la luz es la
relativa a la inversión real territorializada, que en el proyecto
presupuestario contempla un alza del 20%, hasta los 12.181,94 millones de
euros, con incrementos para Cataluña (+52%), Andalucía (+44%) y Comunidad
Valenciana (+61%), frente a las regiones más castigadas: La Rioja (-39%),
Galicia (19%) o Comunidad de Madrid (congelada).
15 millones para las víctimas del
franquismo
Respecto al Ministerio de Justicia, las cuentas de Sánchez proyectaban un
aumento del 5% respecto a los últimos Presupuestos de Rajoy, elevando su
cuantía hasta los 1.869 millones de euros, 15 millones de los cuales se
reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria
Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
Guerra Civil y el Franquismo.
Asimismo, las partidas presupuestadas financiaban la creación de nuevas
unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las
nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de
Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y
fiscal.
La subida del Salario Mínimo y las
pensiones ya están en vigor
Las estimaciones que maneja el Gobierno, tras no aprobar los Presupuestos,
es que el déficit se eleve al 2,2% o al 2,4% del PIB, frente al 1,3%
comprometido con la Comisión Europea en la senda de estabilidad vigente.
Asimismo, el Ejecutivo calcula que se perderá además una renta de 4.174 euros
por ciudadano en forma de prestaciones y servicios públicos.
No obstante, el Gobierno ya ha aprobado varias medidas a través de la
figura del real decreto ley, como el aumento del 22,3% del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la
revalorización de un 1,6% de las pensiones (a la que se añadirá una décima más
por el IPC antes de abril) y de un 3% de las pensiones mínimas y no
contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.
Igualmente, aprobó en diciembre la subida salarial de los empleados
públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá
sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de
fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75%.
Además, ya dio luz verde a la subida del 1,25% de la base mínima de
cotización de los trabajadores autónomos, hasta los 944,40 euros al mes, ya que
el tipo de cotización ha pasado a ser del 30%, aunque se incluían mejoras para
el colectivo de autónomos como el acceso a la prestación por cese de actividad
(paro), flexibilizando los requisitos y ampliando la duración de la prestación.
También se ha prorrogado de manera indefinida el subsidio extraordinario
por desempleo (SED) de más de 400 euros para los parados sin prestaciones hasta
que se cuente con un modelo nuevo, y se ha reducido el número mínimo de
jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en
el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas (publicado en EXPANSION)
