Vulneración de los derechos al honor, la intimidad y la
protección de datos: ejercicio del denominado derecho al olvido respecto de
datos veraces que figuran en una hemeroteca digital; prohibición de indexación
de nombres y apellidos como medida limitativa de la libertad de información
idónea
16 Jul, 2018.- La prohibición de indexar los datos personales, en
concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso
por el motor de búsqueda interno de «El País» debe ser considerada una medida
limitativa de la libertad de información idónea, necesaria y proporcionada al
fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados.
Sentencia del Tribunal
Constitucional. Sala Primera. Sentencia 58/2018, de 4 de junio de 2018. Recurso
de amparo 2096-2016. BOE 7 de julio de 2018.
«8. La aplicación de la doctrina expuesta a
la presente demanda de amparo debe conducir a la estimación parcial del
recurso, teniendo en cuenta las circunstancias particulares, y absolutamente
circunscritas a este caso concreto, que han sido expuestas con detalle en los
antecedentes.
a) Las personas recurrentes en amparo
pretenden ejercitar el derecho al olvido respecto de una noticia que relata
hechos veraces. No se ha discutido en todo el procedimiento que, efectivamente,
en los años 80, fueron detenidas en el marco de una investigación policial por
tráfico de drogas, por el que finalmente fueron condenadas (si bien como
autoras del delito menos grave, entonces existente, de contrabando).
b) Sin embargo, la relevancia pública de la
información, considerada desde la perspectiva de que es una noticia antigua,
traída al momento presente por medio de la puesta a disposición en la
hemeroteca digital de la misma, puede ser cuestionada. Es cierto que la materia
de la noticia fue, y sigue siendo en buena media, de gran interés público, al
abordar el tema de la drogadicción y el tráfico de estupefacientes, y eso
confiere un interés objetivo a dicha información. Pero no lo es menos que las
personas recurrentes en amparo ni eran entonces, ni son ahora personajes
públicos. Y tampoco resulta indiferente que se revelen sobre ellas datos que
inciden muy directamente sobre su honor y su intimidad. Numerosas Sentencias de
este Tribunal reconocen que las noticias relativas a la implicación de la
persona en la comisión de un delito, como la del presente recurso, afectan
tanto a su reputación como a su intimidad (SSTC 14/2003, de 28 de enero,
52/2002, de 25 de febrero, FJ 4, y 144/1999, de 22 de julio, FJ 8).
Del mismo modo las referencias a la
adicción han sido consideradas atinentes al honor (en este sentido, STC
190/1996, de 25 de noviembre, FJ 2) y a la intimidad, en la medida en que
«pertenece a la esfera privada de la persona el hecho de haber consumido algún
género de drogas» (SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3, y 196/2004, de 15
de noviembre, FJ 5).
La noticia relata hechos pasados sin
ninguna incidencia en el presente. No se trata de una noticia nueva sobre
hechos actuales, ni de una nueva noticia sobre hechos pasados, que pueden
merecer una respuesta constitucional distinta. Su difusión actual en poco
contribuye al debate público. Por tanto, la retransmisión de la noticia en
cuestión, transcurridos más de treinta años desde que los hechos ocurrieron,
carece a día de hoy de toda relevancia para la formación de la opinión pública
libre, más allá de la derivada de la publicación en la hemeroteca digital. De
un lado, las personas recurrentes eran y son personas privadas, cuya relevancia
pública sólo se derivó de su participación en los hechos noticiables.
De otro lado, la noticia relata un suceso
penal, sobre los que este Tribunal ha reiterado que revisten interés público,
especialmente si entrañan una cierta gravedad o causan un impacto considerable
en la opinión pública (por todas, STC 185/2002, de 14 de octubre, FJ 4). Sin
embargo, en el caso de autos el delito relatado en la noticia ni fue
particularmente grave ni ocasionó especial impacto en la sociedad de la época.
En consecuencia, el transcurso de tan amplio margen de tiempo ha provocado que
el inicial interés que el asunto suscitó haya desaparecido por completo. A la
inversa, el daño que la difusión actual de la noticia produce en los derechos
al honor, intimidad y protección de datos personales de las personas
recurrentes reviste particular gravedad, por el fuerte descrédito que en su
vida personal y profesional origina la naturaleza de los datos difundidos
(participación en un delito, drogadicción). Este daño, por consiguiente, se
estima desproporcionado frente al escaso interés actual que la noticia suscita,
y que se limita a su condición de archivo periodístico.
c) Es esta condición de la noticia, y su
inclusión en una hemeroteca, con la relevancia que este instrumento posee y que
ha sido ya expuesta, la que conduce a la conclusión siguiente, referida al
alcance de la estimación del amparo solicitado. A este respecto la Sentencia
del Tribunal Supremo aquí impugnada desestimó, por desproporcionadas en
relación con la libertad de prensa, las medidas siguientes: en primer lugar, la
medida consistente en impedir la indexación de la noticia a través de los
nombres y apellidos de las demandantes de amparo por el buscador interno de la
página, porque, una vez conjurado el riesgo de acceso masivo a la información
lesiva a través de la inutilización de los buscadores generales, la Sala estimó
que permitía la protección de la audiencia más activa en la búsqueda de la
información; en segundo lugar, la supresión de los nombres y apellidos de éstas,
o la sustitución por las respectivas iniciales, en el código fuente de aquélla,
en tanto las consideró desproporcionadas por alterar el contenido del archivo
periodístico. En línea de principio, debe recordarse que cuando, como resultado
de la ponderación entre ellos, uno de los derechos fundamentales es considerado
prevalente, el preterido no queda vacío de contenido, sino que debe ser
sacrificado sólo en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar la
efectividad del primero (SSTC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 5; 121/2002, de
20 de mayo, FJ 4; SSTJUE asuntos Tietosuojavaltuutettu contra Satakunnan
Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy (C-73/07), de 16 de diciembre de
2008, § 56; y Volker Und Markus Scheke y Eifert (C-92/09 y
C-93/09), de 9 de noviembre de 2010, §77 y STEDH asunto Mouvement raëlien
Suisse c. Suiza [GC], de 13 de julio de 2012, §75). A la hora de valorar el
sacrificio requerido a la libertad de información [art. 20.1 d) CE], para
asegurar el disfrute adecuado del derecho a la intimidad de las personas
recurrentes en conexión con el derecho a la autodeterminación informativa (art.
18.1 y 4 CE), es necesario recordar la importancia de las hemerotecas digitales
en el contexto de las actuales sociedades de la información. Esto significa que
serán conducentes al restablecimiento del derecho al honor, a la intimidad y a
la protección de los datos personales las medidas tecnológicas tendentes a
limitar adecuadamente la difusión de la noticia, que garanticen, en lo que sea
conciliable con dicha regla, la integridad de la hemeroteca y su accesibilidad
en general. Pues bien, la prohibición de indexar los datos personales, en
concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso
por el motor de búsqueda interno de «El País» debe ser considerada una medida
limitativa de la libertad de información idónea, necesaria y proporcionada al
fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados. La
medida requerida es necesaria porque su adopción, y solo ella, limitará la
búsqueda y localización de la noticia en la hemeroteca digital sobre la base de
datos personales inequívocamente identificativos de las personas recurrentes.
A este respecto debe tenerse en cuenta que
los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de
permitir el hallazgo y la divulgación de la noticia, y que esa función queda
garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo
al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia
pública alguna. Siempre será posible, si existe una finalidad investigadora en
la búsqueda de información alejada del mero interés periodístico en la persona
«investigada», localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal,
geográfica o de cualquier otro tipo. Una persona integrante de lo que el
Tribunal Supremo llama en su sentencia «audiencia más activa», puede acceder a
la noticia por múltiples vías, si lo que le mueve es el interés público que
pudiera tener dicha información en un contexto determinado. Ello da prueba de
la idoneidad de la medida. Sin embargo, la disposición solicitada por las
personas recurrentes impide que se pueda realizar un seguimiento ad personam
del pasado de un determinado individuo, insistimos en ello, sin ninguna
proyección pública, a través de una herramienta cuya finalidad es otra, y va
dirigida a garantizar la formación de una opinión pública plural, no a
satisfacer la curiosidad individual y focalizada. En este mismo sentido, la
STEDH de 22 de abril de 2013, asunto Animal Defenders International c.
Reino Unido [GC], § 124, establece que la disponibilidad de la información en
otro medio de comunicación alternativo es clave en la valoración de la
proporcionalidad de la injerencia. Y, en este caso, mutatis mutandis la
noticia seguiría estando disponible en soporte papel, y en soporte digital,
limitándose exclusivamente una modalidad muy concreta de acceso a la misma, por
lo que seguirá sirviendo a la formación de la opinión pública libre, lo que
asegura la proporcionalidad de la medida. No merece la misma valoración la
medida consistente en la supresión del nombre y apellidos o a la sustitución de
éstos por sus iniciales en el código fuente de la página web que contiene la
noticia. Una vez impedido el acceso a la noticia a través de la desindexación
basada en el nombre propio de las personas recurrentes, la alteración de su
contenido ya no resulta necesaria para satisfacer los derechos invocados por
las personas recurrentes, pues la difusión de la noticia potencialmente
vulneradora de éstos ha quedado reducida cuantitativa y cualitativamente, al
desvincularla de las menciones de identidad de aquéllas. Esta limitación en la
difusión de la noticia, que es lo que implica la protección de dichos derechos,
se puede lograr sin necesidad de acordar su anonimización. Esta opción, que
supondría una injerencia más intensa en la libertad de prensa que la simple
limitación en la difusión, resulta por tanto innecesaria. Y, descartada la
necesidad de la medida, huelga toda consideración en torno a la
proporcionalidad en sentido estricto de la misma.»