Nuevas funcionalidades y mejoras disponibles en la sede electrónica |
Apreciado señor, Apreciada señora,
La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha implementado nuevas funcionalidades y mejoras en la tramitación a través de la sede electrónica, que ya se encuentran a disposición de la ciudadanía y afectan a los siguientes trámites:
– Obtención del certificado de estar al corriente del pago de deudas a la ATC: el certificado que se obtiene cuando existen deudas pendientes incorpora la carta de pago para poder pagarlas y toda la información para realizar el trámite.
– Registro telemático: se ha ampliado el límite del tamaño de los documentos que pueden aportarse en una presentación hasta cinco documentos de un máximo de 10 MB cada uno.
– Transmisión de vehículos (modelo 620): se ha activado el filtro de modelos por tipos de motor, con el objetivo de mejorar el proceso de selección del modelo del vehículo que se transmite.
– Ampliación del límite de pago de autoliquidaciones con Bizum hasta el importe máximo que cada entidad aplique a sus clientes.
Puede ampliar la información leyendo esta noticia publicada en la sede electrónica de la ATC.
Esperamos que esta información le sea útil y le agradeceremos que la difunda entre los miembros de su colectivo.
Cordialmente,
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Eudald Vigo Tarrés Jefe del Área de Estrategia, Relaciones Externas y Comunicación |
lunes, 15 de abril de 2024
Nuevas funcionalidades y mejoras disponibles en la sede electrónica.
martes, 6 de febrero de 2024
Agencia Tributaria de Galicia: novedades y mejoras que encontrarán en la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Galicia (OVT)
Les informamos de las novedades y mejoras que encontraran en la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Galicia (OVT).
- OVT-Pago mediante Bizúm
Desde abril del 2023 la ciudadanía ya puede pagar sus impuestos, tasas o ingresos gestionados por la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga), a través de la plataforma Bizum.
Con esta forma de pago, abierta tanto a particulares como a empresas, se amplían los canales ya disponibles para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la ciudadanía, evitar desplazamientos y permitir el ahorro de tiempo en los trámites.
El pago con la Plataforma Bizum se puede llevar a cabo a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual Tributaria de la Atriga, con todas las entidades bancarias que dispongan de Bizum para comercios. Esta modalidad de pago cuenta con los siguientes límites, sin perjuicio de los que cada entidad bancaria establezca para sus clientes: 1.500€ por operación, 2.500€ por persona y día, 9.000€ por persona y mes y no podrán realizarse pagos inferiores a 1€.
- OVT-Acceso a determinados servicios de la OVT mediante Chave365
Desde el junio de 2023 se habilitó la Chave365 como una nueva modalidad de acceso a la OVTributaria para que las personas usuarias puedan identificarse con su NIF y clave personal, sin necesidad de usar certificados digitales ni DNI electrónico.
Esta modalidad de acceso permite su autenticación desde “Mi Espacio”, donde podrá acceder a los servicios directamente sin tener que volver a introducir las credenciales, o desde las fichas de los servicios habilitados.
Por el momento, los servicios que incorporan la posibilidad de autenticarse con Chave365 son:
- Pago de Tasas/Precios
- Pago de Multas/Sanciones
- Consulta y pago de deudas notificadas en voluntaria
- Pago de deudas (con justificante)
- Certificados de deudas y patrimonio
El pago autenticado con Chave365 solo se permitirá con tarjeta o Bizum.
Este método de identificación no está habilitado, por el momento, para la presentación de modelos de autoliquidación.
- OVT-Modificaciones relacionadas con la LEY 10/2023, de 28 de diciembre , de medidas fiscales y administrativas 2024
Conforme a la Ley de medidas fiscales 2024, en el marco del impuesto de transmisiones patrimoniales, y para devengos desde 1.01.2024, se aplicaron modificaciones en las siguientes claves/conceptos del modelo 600, debido a la rebaja del tipo general de transmisiones patrimoniales, que pasó del 9% al 8% :
· TP0: Transmisión y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos: viviendas de protección oficial
· TR0: Transmisión y derechos reales sobre bienes inmuebles rústicos: secano
· TR1: Transmisión y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos: regadío
· TR2: Transmisión y derechos reales sobre bienes inmuebles rústicos: otros inmuebles rústicos
· TR3: Transmisión y derechos reales sobre bienes y muebles rústicos: expediente de dominio, actas de notoriedad, actas complementarios y certificados de dominio
· TS0: Transmisión de inmuebles rústicos y urbanos en @puxa judicial, administrativa o notarial
· TU0: Transmisión y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos: solares
· TU1: Transmisión y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos: viviendas
· TU2: Transmisión y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos: locales y otras edificaciones
· TU3: Transmisión y derechos reales sobre bienes inmuebles: expedientes de notoriedad, actas complementarios y certificados de dominio
· TV0: Transmisiones de valores art.314 Ley Comprado de Valores
Además, se crearon nuevas claves:
· TM4: Transmisión de bicicletas y vehículos de movilidad personal; tipo de gravamen = 0%
· TM5: Transmisión de remolques sin matrícula; tipo de gravamen = 3%
· TUF: Adquisición inmueble para inmediata rehabilitación; tipo de gravamen = 6%
· TUG: Adquisición inmueble para inmediata rehabilitación en zonas poco pobladas o áreas rurales; tipo de gravamen = 4%.
Asimismo, esta ley también implicó cambios en el impuesto de Transmisiones de medios de transporte usado (vehículos) modelo 620:
· Rebajar el tipo de gravamen del impuesto al 3% para todos los vehículos terrestres y vehículos especiales con devengo desde el 1.01.2024, excepto en los casos que corresponda una cuota fija.
· Añadir una casilla “Etiqueta ambiental 0 emisiones” para los subtipos: Turismo y similares, Moto eléctrica, Autocaravana, Quad, Furgoneta (vehículo mixto adaptable) pertenecientes a los vehículos terrestres. Permitirá reducir el gravamen al 0% siempre que el vehículo esté clasificado en el Registro de Vehículos con la categoría ambiental 0 emisiones, en cuyo caso, es necesario presentar el correspondiente distintivo ambiental aprobado por la Dirección General de Tráfico, a través del servicio PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA, en el caso de presentación telemática, o, con el resto de documentación complementaria en el momento de la presentación presencial.
- OFICINAS-Supresión de las Zonas de Recaudación de Ourense, A Coruña y Lugo
La recaudación en vía ejecutiva gestionada por las Zonas de Recaudación de Ourense, A Coruña y Lugo, actualmente se lleva a cabo por los Departamentos de Recaudación de las Delegaciones de Ourense, A Coruña y Lugo, respectivamente.
- PÁGINA WEB-Programa de Educación Cívico-Tributaria en los centros educativos
Se crea un nuevo apartado en la página web dedicado a la Pedagogía tributaria, que tiene por objeto fomentar la conciencia fiscal entre la ciudadanía más joven y transmitir valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal.
Más información: https://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/pedagoxia-tributaria
- PÁGINA WEB- Nuevo canal de denuncias tributarias
Nuevo servicio de denuncias tributarias, a través del cual, cualquier persona puede comunicarle a la Atriga hechos y situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos, de forma fácil y anónima.
Más información: https://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/denuncia-publica-tributaria
miércoles, 24 de enero de 2024
Por su naturaleza subsidiaria el careo no constituye un medio de prueba, sino que complementa a otros como pueden ser las declaraciones de acusados y testigos.
Por su naturaleza subsidiaria el careo no constituye un medio de prueba, sino que complementa a otros como pueden ser las declaraciones de acusados y testigos.
Los Art. 456-485 ,LECrim, vienen a establecer el régimen jurídico del informe pericial como diligencia sumarial en el proceso penal.
El careo (art. 451 a 455 LECrim)
Es una diligencia que consiste en confrontar ante el Juez instructor a los testigos, dos imputados o testigo e imputado con el fin de poder concretar la certeza de sus declaraciones mediante la puesta en conocimiento de ambos de las discrepancias existentes entre sus manifestaciones. Puede practicarse como diligencias de investigación (arts. 451 a 455 LECr) o como prueba en el acto del juicio oral (arts. 713 y 729.1º). Es posible que esta diligencia pueda violentar la libertad del declarante, y el TS como el TC la dejan al arbitrio del Juez o Tribunal de instancia. .Constituye una diligencia relacionada con el principio de inmediación (STS 190/2014, de 12 de marzo).
Por su naturaleza subsidiaria el careo no constituye un medio de prueba, sino que complementa a otros como pueden ser las declaraciones de acusados y testigos. Se podría decir que no es una diligencia sino un medio de verificación de la fiabilidad de otras pruebas, es por ello que el TC ha dicho que su rechazo no vulnera el 24.2 CE (S.T.C. 55/1984 de 7 de mayo); y la denegación de un careo no es base para un recurso de casación por denegación de prueba (STS 855/2015, de 23 de noviembre).
El art. 520 LECrim impone que la asistencia del abogado al detenido en el caso de las diligencias consistentes en la prestación de declaración.
El informe pericial
Los Art. 456-485 ,LECrim, vienen a establecer el régimen jurídico del informe pericial como diligencia sumarial en el proceso penal.
Un informe pericial es un documento que recoge el estudio realizado por parte de un experto de un área compleja y sobre la que hay controversia. Se realiza de cara a ayudar en la resolución de conflictos, ya sea por la vía extrajudicial, como en la judicial (STS 34/2018, de 23 de enero; STS 736/2017, de 15 de noviembre). La prueba pericial será necesaria, como señala el artículo 456 LECrim., cuando 'para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos', luego si el hecho por su naturaleza fuese evidente podrá prescindirse de dicha prueba (STS 674/2009, de 20 de mayo).
El informe pericial se puede realizar en una gran variedad de áreas, siempre que requieran conocimientos específicos. El Perito, además de dominar la materia, debe actuar conforme a los siguientes principios para que el informe tenga validez judicial:
• Obligación de decir la verdad.
• Obligación de actuar con independencia de quien le pague.
• Colaboración con el tribunal. El Perito es un auxiliar más de justicia.
• Voluntad de formación técnica. Su deber en la sala es dar su testimonio e instruir a los no expertos.
La regla rectora atribuye al Juez instructor la facultad de designación del perito cuya colaboración se requiere. Todo ello sin perjuicio del derecho que tienen las partes a conocer el llamamiento realizado (art. 466 de la LECRIM), así como recusar al designado en los términos del 467 y ss., o a nombrar a su costa otro perito que pueda intervenir (STS 50/2017, de 2 de febrero).
Con la reforma de la LECrim se amplió el espacio del perito, en cuanto a sus capacidades funcionales. Un claro ejemplo se refleja en el art. 335.1 que se extiende no sólo a "conocimientos científicos o artísticos", sino a los "técnicos o prácticos" (STS 134/2016, de 24 de febrero). Lo que se demanda de un profesional de esta clase es aquello de lo que precisamente carece el Juez, lo que implica un conocimiento ajeno o diferente al jurídico (STS 436/2013, de 17 de mayo).
En contraposición a esta figura está el intérprete. En este caso no se trata de un profesional capaz de determinar el criterio judicial como lo hace el perito, sino que se trata de un auxiliar de la administración de justicia llamado a hacer las declaraciones expresadas en un idioma distinto a aquel en el que se desarrolla el juicio.
Frente al informe pericial no cabe frente a cuestiones jurídicas. Existiendo jurisprudencia que se pronuncia sobre esto STS 941/2009, de 29 de septiembre.
En cuanto a su naturaleza jurídica y atendiendo a las valoraciones del Tribunal Supremo en sentencias como STS 338/2015, de 2 de junio establecen la prueba pericial como una prueba personal, en el sentido en que integra la opinión de una persona, y al mismo tiempo, una prueba indirecta en tanto proporciona conocimientos técnicos para valorar los hechos controvertidos. Por contra, no se consideran pruebas documentales, aunque figuren documentados en las actuaciones por exigencias del sistema procesal.
La LECrim establece que los peritos pueden ser o no titulares en su artículo 457, aunque ordena el Juez preferir los primeros (art. 458), en este sentido los peritos no titulares son aquellos que tienen conocimientos especiales en alguna materia. Lo que en ningún momento se exige es un titulación específica, ya que entiende por titulares los que tiene un título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración (STS 888/2006, de 20 de septiembre).
El artículo 459 LECrim habla de la necesidad de concurrencia de dos peritos; sin embargo "se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible esperar la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario"; o también así lo referencia la STS 663/2007, de 12 de julio, que dice que la falta de duplicidad de peritos no provoca indefensión alguna. Se remite al artículo 353 de la misma Ley, que regula el lugar donde se debe proceder a su práctica y establece la presencia del secretario judicial para dar fe de lo que ocurra en la misma. Dispone este artículo en su párrafo 2º que si el Juez de instrucción no pudiere asistir a la operación anatómica, delegará en un funcionario de Policía judicial, dando fe de su asistencia, así como de lo que en aquélla ocurriere, el Secretario de la causa. Por lo tanto, no existe nada que impida la valoración del dictamen de los médicos forenses en relación con la diligencia de autopsia (STS 1031/2003, de 8 de septiembre). El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio con las formalidades requeridas en el articulo 175 de esta ley (art. 460). En ningún caso, salvo que esté legítimamente impedido, nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeñar un servicio pericial (art. 462), es importante destacar que existe jurisprudencia respecto a si la jubilación supone un obstáculo para estas prácticas. Pues bien, sentencias como STS 889/2008, de 17 de diciembre dice que no es un obstáculo para explicar ante un órgano jurisdiccional aquellas cuestiones técnicas que las partes quieran precisar y que se relaciones con un informe pericial prestado cuando el funcionario que dictamina se hallaba en activo. Cosa similar ocurre con la enfermedad no grave.
Retribución (artículo 465 LECrim)
Las personas que presten sus servicios en calidad de peritos, tendrán derecho a reclamar sus honorarios. Se exceptúan todas aquellas retribuciones fijas satisfechas por el Estado, por la Provincia o por el Municipio; a ellos habría que agregar a las Comunidades Autónomas. Según la STS 867/2002, de 29 de julio 28079120012002102259, los peritos no están incursos en ninguna causa de recusación sino que desempeñan su misión con objetividad e imparcialidad.
El artículo 466 de la LECrim se refiere a la notificación del nombramiento en el cual se habla del derecho de las partes a conocer el llamamiento del perito para colaborar en lo que se le requiera. En la STS 940/2013, 13 de diciembre, que el traslado del nombramiento de peritos exigido por el art. 466 de la LECrim tiene por objeto hacer posible el conocimiento por las partes del perfil técnico del profesional designado por el Juez instructor para la elaboración de la pericia y de aquellas otras circunstancias (art. 468 LECrim) que pudieran apoyar la recusación del inicialmente nombrado. Sin embargo, la parte recurrente no formula queja alguna sobre la capacitación de los médicos y psicólogos que intervinieron en la elaboración de los respectivos dictámenes o sobre la concurrencia de cualquier situación de hecho que pudiera haber puesto en peligro su imparcialidad (STS 458/2014, de 9 de junio).
Posible recusación (artículos 467 a 471 LECrim)
La recusación surge como el fruto de la imposibilidad de reproducción del informe pericial en el juicio oral (artículo 467 LECrim). Atendiendo a este precepto cuando la materia u objeto de la pericia puede desaparecer o transformarse de forma esencial la ley permite la intervención de las partes, porque las operaciones de análisis o exámenes no podrán reiterarse, lo que podría originar un supuesto de preconstitución probatoria. En estos casos resulta lógico que los peritos sean rigurosamente imparciales, admitiéndose la recusación de los mismos. También las partes procesales pueden nombrar un perito de su elección (art. 471 ) y por último, cabe también la intervención del querellante y procesado, con sus representantes (art. 471 y 476 L.E.Cr.) (STS 1212/2003, de 9 de octubre 28079120012003103919).
El artículo 468 prevé las causas de recusación de los peritos: el parentesco de consanguinidad o afinidad con el querellante; el interés directo o indirecto con la causa y la amistad íntima manifiesta. Luego corresponde el artículo 469 "iniciar el incidente por escrito antes de empezar la diligencia pericial, expresando la causa de la recusación y la prueba testifical que ofrece, y acompañando la documental o designando el lugar en que ésta se halle si no la tuviera a su disposición" (STS 324/2016, de 19 de abril).
La recusación no implica que el perito quede inhabilitado de forma absoluta para conocer la pericia. Este derecho que se le concede a las partes en caso de no ser ejercido, el perito comparecerá en juicio oral (STS 1276/2006, de 20 de diciembre).
Nombramiento de perito a instancia de parte (artículo 472 LECrim): podrán hacer uso de esta facultad exceptuando los momentos en que ya haya empezado la operación de reconocimiento. Se le da este dereho a las partes siempre que concurran las circunstancias del artículo 471.
Emisión del dictamen e intervención de partes, con posible auxilio por parte del Juez de Instrucción (artículos 473 a 485 LECrim):
1. El Juez resolverá la admisión den la forma establecida en el art. 470.
2. Antes de comenzar el acto pericial, todos los peritos deberán prestar juramento.
3. El Juez manifestará a los peritos el objeto de su informe.
4. Al acto deberán concurrir el querellante con su representación y el procesado con la suya. Lo que se pretende con esto es garantizar el principio de contradicción. A parte esta garantía ya estaría cubierta con la posibilidad que se le ofrece a la defensa de interrogar al perito que comparece en el plenario (STS 458/2014, de 9 de junio).
5. En el acto pericial estarán presentes: el Juez instructor o el Juez municipal, se podrá delegar a un funcionario de la Policía Judicial y el Letrado de la Administración de Justicia.
6. En el informe se incluirán:
1. Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo.
2. Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado.
3. Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos.
7. En caso de ser necesaria la destrucción o alteración de los objetos, deberán conservar parte de ellos a disposición del Juez. Todo con la finalidad de que si fuese necesario se practicarían otros análisis.
8. Una vez concluido el reconocimiento los peritos podrán retirarse a deliberar y redactar las conclusiones. En tónica con ello, si necesitasen descansar el Juez podría concederles el tiempo necesario o posponer diligencias.
9. El Juez por su parte podrá formularles las preguntas que se estimen oportunas en base a las conclusiones aportadas por los peritos. En sintonía con este precepto la STS 1231/09 de 25 de noviembre dice que "no es habitual que un perito proporcione a las partes sus instrumentos, medios o métodos de trabajo poniendo a disposición de cualquier parte interesada en el proceso el material del que se vale y los métodos con que opera para obtener sus resultados", añadiendo "cosa muy distinta es que en su comparecencia de la vista oral del juicio, o ya antes en el trámite de aclaración de la pericia en la fase de instrucción (artículo 483 LECrim.), el perito responda a las preguntas que le formule cualquiera de las partes para esclarecer los distintos puntos del informe y su método de elaboración". En conclusión, no se utilizan causas científicas o técnicas para reproducir una pericia ya realizada por un Laboratorio (STS 1383/2009, de 23 de diciembre).
10. Si los peritos estuviesen discordes y su número fuese par, el Juez puede prever el nombramiento de uno más. Y dispone la norma que nuevamente los tres, si fuese posible, podrán volver a practicar las operaciones de peritaje.
11. Por último, el Juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para la práctica de las diligencias.
Comunicado Agencia Tributaria Catalana -ATC--.
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24 de enero de 2024
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| Publicados los convenios de colaboración en materia tributaria entre la ATC y las diputaciones de Barcelona i Girona |
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| Apreciado señor, Apreciada señora, Le informamos que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha firmado dos convenios de colaboración en materia tributaria, uno con el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona y otro con la Diputación de Girona. Estos convenios de colaboración, en el contexto de la red Tributs de Catalunya, tienen por objeto establecer un marco general de colaboración en materia tributaria entre la ATC y los organismos implicados, con el fin de incrementar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública en la aplicación de los tributos, facilitar el uso conjunto de medios y servicios públicos, y mejorar la calidad de los distintos servicios tributarios que se prestan a la ciudadanía. Puede ampliar esta información consultando estas dos noticias publicadas en la sede electrónica de la ATC:
Esperamos que esta información le sea útil y le agradeceremos que la difunda entre los miembros de su colectivo. Cordialmente,
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| Eudald Vigo Tarrés Jefe del Área de Estrategia, Relaciones Externas y Comunicación |
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martes, 23 de enero de 2024
Comunidad de Propietarios, los presidentes y sentencia del Supremo.
Un duro golpe para las comunidades de propietarios: el Tribunal Supremo (STS 242/2020 de 3 de junio) fija como doctrina el plazo de prescripción de 5 años para reclamar deudas de comunidad, por cuotas impagadas comunidad de propietarios
Introducción:
El Tribunal Supremo ha resuelto mediante la STS nº 242/2020 de 3 de junio de 2020 la confrontación existente entre los criterios seguidos por las Audiencias Provinciales sobre el precepto y plazo de prescripción aplicable a las reclamaciones de deudas de comunidad, y es que mientras algunas Audiencias consideraban de aplicación el 1966.3º del Código Civil (plazo de 5 años), otras, mayoritariamente, se decantaban por la aplicación del artículo 1964 del Código Civil (plazo de 15 años).
Para completar la cuestión cabe señalar como a partir del 6 de octubre de 2015 por medio de la Ley 42/2015 de 5 de Octubre el artículo 1964 Código Civil fue modificado, estableciéndose un plazo de prescripción para las acciones personales de cinco (5) años, pero la Sentencia del Tribunal Supremo nº 242/2020 de 3 de junio de 2020, rec. 3299/2017 fija el criterio jurisprudencial aplicable, precisamente, para las deudas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015 de 5 de octubre.
I. Planteamiento de la cuestión
Señala la STS 242/2020 de 3 de junio en su fundamento de Derecho Segundo que: “El único motivo del recurso se formula por infracción de los artículos 1964 y 1966-3.º Código Civil y alega la existencia de interés casacional por contradicción entre la doctrina seguida al respecto por las distintas audiencias provinciales”. Así se cita como representativas de la tesis que defiende la prescripción de cinco años las sentencias de: “la Audiencia Provincial de Málaga de 10 de junio de 2002, Las Palmas de 6 de noviembre de 2000 y 28 de noviembre de 2007, Albacete (Sección 2.ª) de 31 de enero de 2013, Málaga (Sección 5.ª) de 24 de noviembre de 2003, Madrid (Sección 21.ª) de 28 de marzo de 2000, 19 y 26 septiembre 2006, Sevilla (Sección 5.ª) de 22 de junio de 2013, Las Palmas (Sección 5.ª) de 12 de junio de 2006, Madrid (Sección 11.ª) de 31 de mayo de 2011 y Soria de 24 de junio de 1999”. En sentido contrario, cita las sentencias de: “la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 2.ª) de 29 de septiembre de 2011 y 28 de junio de 2016. Y como representativas a la aplicación del plazo de prescripción de 15 años y, en consecuencia, del artículo 1964 del CC las de Las Palmas (Sección 3.ª) de 6 noviembre 2006, Madrid de 14 diciembre 2006, Valladolid de 26 de junio de 2000, Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.ª) de 14 julio 2015, La Coruña (Sección 3.ª) de 28 noviembre 2014, y Madrid (Sección 10.ª) de 20 noviembre 2012, entre otras”.
Por tanto, es de resaltar y así lo dice expresamente la STS que: “El interés casacional de la cuestión jurídica afecta únicamente a las reclamaciones de cuotas impagadas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, pues la misma ha modificado el artículo 1964 CC estableciendo un plazo general de prescripción de acciones personales de cinco años, coincidente con el previsto en el artículo 1966-3.º, que no ha sido modificado”.
II. Causas y solución de la cuestión
El Tribunal Supremo resuelve la discrepancia entre las resoluciones de las Audiencias Provinciales al establecer que: “se ha de considerar aplicable a este supuesto el plazo de cinco años previsto en el citado artículo 1966-3.º, referido a las acciones ordenadas a exigir pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves, situación en la que resulta plenamente subsumible el caso de la contribución de los comuneros a los gastos comunes establecida como obligación en el artículo 9.1.e) LPH, sin que el hecho de tratarse de una obligación prevista en la propia ley haya de determinar la aplicación de un plazo distinto de prescripción.
Las causas que sostiene para validar este criterio pueden resumirse en que:
- Los presupuestos de la comunidad son anuales y en el ejercicio económico anual se producen los gastos correspondientes que han de ser satisfechos por los comuneros según la cuota asignada.
- Que el aplazamiento por mensualidades de los pagos, en este caso de las cuotas de comunidad, responde a la necesidad de no sobrecargar a las economías familiares que podrían ser destinatarias de una reclamación muy cuantiosa. Si bien considera expresamente: “Es cierto que se trata de una obligación esencial para el desarrollo de la vida comunitaria y que cesar en los pagos supone -salvo casos especialmente justificados- una actuación insolidaria”.
- Considera que resulta incomprensible que la comunidad deje transcurrir tan largo período de tiempo -en este caso, notablemente superior a los cinco años- para exigir el pago del comunero que reiteradamente falta al cumplimiento de sus obligaciones.
Otros argumentos que esgrime para acoger el criterio del art. 1966.3 CC son:
- Considera que “El plazo especial de cinco años pasó del artículo 2277 del Código civil francés al artículo 1971 del Proyecto de 1851 que ordenaba que: «se prescribe por cinco años la obligación de pagar los atrasos, 1º de pensiones alimenticias; 2º del precio de los arriendos, sea la finca rústica o urbana; 3º de todo lo que debe pagarse por años o en plazos o períodos más cortos». Llegando de este modo al artículo 1966 Código Civil, cuyo texto dice: “por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1º la de pagar pensiones alimenticias; 2º la de satisfacer el precio del arrendamiento de fincas rústicas o urbanas; 3º la de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves”.
- Destaca como parte de la doctrina considera que la regla se encuentra íntimamente ligada con la condena de la usura y trata de impedir la capitalización. Se trata de una norma inspirada en el favor debitoris, pues a través de ella se pretende impedir que los deudores se vean perjudicados mediante una continua y sucesiva acumulación que puede incluso en ocasiones conducirles, a través de elevadas demandas judiciales y el embargo de sus bienes, a la ruina; porque si el pago distanciado y periódico de las pequeñas sumas es algo que cabe dentro de las posibilidades económicas del deudor, la conversión de un cúmulo de posibilidades temporalmente distanciadas en una única deuda acumulada de mayor importe, por obra de la voluntad del acreedor que deja intencionadamente de reclamar las prestaciones durante algún tiempo, puede conducir a graves perjuicios.
Pese al criterio escogido y los argumentos esgrimidos, por su transcendencia para las Comunidades de Propietarios el Tribunal Supremo, probablemente, se vea en la necesidad de dejar expresamente señalado en la sentencia: “el lógico rechazo social que produce el hecho de la existencia de deudores morosos en las comunidades de propietarios”.
III. Responsabilidad del Presidente y Administrador
Una de las cuestiones más relevantes que contiene la sentencia es como ésta de forma explícita indica “Son los responsables en cada caso de dichas comunidades -presidente y administrador- quienes han de velar por el cumplimiento adecuado de tales obligaciones y quienes, en su caso, deberán responder ante la comunidad a la que administran y representan.”, lo que implica se deje expresa constancia del especial deber de diligencia tanto del presidente como del administrador ante este tipo de reclamaciones y de su responsabilidad frente a las Comunidades de Propietarios.
IV. Conclusiones
A modo de conclusión cabría decir que el Tribunal Supremo fija como criterio jurisprudencial aplicable que: el plazo de prescripción para reclamar los gastos comunes, derivados de cuotas impagadas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015 de 5 de octubre, que tienen las comunidades de propietarios contra los propietarios morosos es el de cinco años según lo previsto en el artículo 1966.3º del Código Civil.
Por otro lado, la sentencia responsabiliza al presidente y el administrador de la gestión de este tipo de deudas, infiriéndose de ello la necesidad de observar un especial deber de diligencia en cuanto a su reclamación.
sábado, 20 de enero de 2024
El congreso de los diputados carece de medios electrónicos para que los ciudadanos puedan dirigirse directamente a ellos.
El congreso de los diputados carece de medios electrónicos para que los ciudadanos puedan dirigirse directamente a ellos.
Predican y aprueban leyes que ellos ni siquiera consideran. El acceso a nuestros representantes políticos debe ser algo básico y natural, aquí con la casta política de nuevo cuño, sólo saben subirse al auto oficial, subirse sus sueltos y prebendas para vivir del cuento como en un cuento.
"Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno por las influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio , entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada". Any Rand 1950.
Al caso. No nos lo podemos creer hasta que oímos las propias grabaciones hechas por un ciudadano que se dirige al congreso para exponer a la comisión de peticiones una denuncia para que intervengan si es su competencia.
Llama al congreso para que le indicaran, ya que no lo encontraba, el medio de cómo poder dirigirse a los padres de la patria, de forma electrónica como lo hacía con el resto de las administraciones y así remitir su solicitud a la comisión de peticiones, con una respuesta propia del siglo quince y con mucha amabilidad le indican “que tiene que ir personalmente al registro del congreso”. Le indica que vive en Coruña y por su enfermedad le es imposible hacerlo, respondiendo que entonces fuera a una oficina de correos.
Como se puede ver los congresistas no tienen ni gozan de las normas que aprueban, y el contacto con sus votantes y con sus ciudadanos sólo es a través de sus mítines en campaña electoral para cantar la célebre canción de: “Vamos a contar mentiras”.
Los ciudadanos, incluso los que no son nativos digitales, es decir, los mayores se ven obligados a utilizar cualquier tipo de relaciones por medios digitales, a pedir cita por medios digitales y a esperar meses para poder incluso preparar su pensión de jubilación, ahora vean la los padres de la patria.
Si algún ciudadano quiere comunicar con sus representantes elegidos, no tiene forma ni medios, debe esperar a las elecciones para que éstos hasta abracen a los niños por muy feos que sean. Si quiere presentar alguna petición la respuesta: “que vaya a Madrid al registro del congreso personalmente y que lo haga presencialmente”.
Aquí se palpa la tontería para ser vista. El congreso aprueba leyes que no va con ellos, hablan de la era digital pero no para ellos. Son una clase especial alejada de cualquier norma, y especialmente en lo que se refiere a sus sueldos, dietas y demás privilegiadas retribuciones, que no respetan ni las normas básicas para el tope de los salarios mínimos.
Para finalizar Ya, el congreso y los congresistas son una élite especial, ellos aprueban las leyes para que otras las cumplan. Son un grupo de elegidos para ver por el pueblo pero sin ellos. No se molesten en contactar con ellos, ellos ya saben sus problemas, sus necesidades y ya están ocupados en ustedes.
