EL
‘TASAZO’ CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO JUDICIAL
Despachos cerrados, bajadas de
precios de las minutas, proliferación de los pactos por ‘cuota litis’, más
demandas colectivas, impulso del arbitraje y la mediación, menores multas
impuestas por los jueces… El ‘tasazo’ judicial no sólo ha provocado una caída
de la litigiosidad en los juzgados de toda España y desatado la ira de
abogados, consumidores, jueces y fiscales, que un año después de su
entrada en vigor siguen reclamando la derogación de la Ley 10/2012. Además, la
normativa impuesta por Gallardón ya ha comenzado a desencadenar cambios en las
reglas de juego que tradicionalmente imperaban en el sector legal.
“Los pleitos descienden un 15% en lo
contencioso-administrativo” (Expansión). “Las tasas judiciales reducen a
la mitad las denuncias de los agricultores por impagos” (Levante). “Las tasas disuaden de recurrir el
27% de las sentencias por despido” (ABC). “Los pleitos contra el poder
bajan un 40% por las tasas (Canarias7). “La litigiodad en Galicia cae un 7,2%
por las tasas judiciales (Faro de Vigo). Las tasas reducen a la mitad los
pleitos con la Administración en Murcia (La Verdad). “El efecto disuasorio de
las tasas se cifra en un 20% menos de pleitos” (Diario de Córdoba)… Estos son
algunos de los titulares aparecidos en la prensa española que evidencian como
el ‘tasazo’ acometido por el Gobierno de Mariano Rajoy hace un año está
provocando una caída de litigiosidad en los juzgados de toda España. Se habla
de un descenso medio de los pleitos del 10%. En medio de la crisis económica
más profunda de la Historia reciente española, con una devaluación interna que
ha golpeado el bolsillo de todos y seis millones de parados, la subida de tasas judiciales está
provocando que miles de ciudadanos de clase media desistan de reclamar justicia.
En algunos casos porque no compensa el coste del pleito y en otros por
incapacidad económica para acometer la demanda.
Para recurrir ante el juzgado contra una multa de tráfico de 100 euros hay
que pagar previamente una tasa de 200. Para reclamar por una ayuda por la ley
de dependencia denegada por valor de 5.000 euros, resulta que tienes que abonar
unas tasas judiciales de 1.800 euros, una cantidad elevada para la actual clase
media española. Incluso un trabajador por despido improcedente se lo tendrá que
pensar dos veces a la hora de reclamar, ya que desde su posición de parado
tendrá que abonar 500 euros para poder demandar a su empresa. Tampoco en
ocasiones compensará a un autónomo o pequeña empresa, en precaria situación
económica por el desplome del consumo y la falta de financiación, llevar a
juicio a un cliente que no pague una cantidad pequeña. “Cuando haces el
presupuesto de lo que supondrá pagar al abogado, el procurador y las tasas, el
cliente se lleva una gran decepción. En muchas ocasiones prefiere no pleitear, más
con la lentitud de la Justicia española”, explica Carmen López, abogada en un
pequeño bufete, quien afirma que la subida de las tasas judiciales ha sido “la puntilla para sellar la
defunción de muchos pequeños despachos”.
Sin duda, uno de los objetivos que
esgrimió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para justificar la
subida de las tasas judiciales al menos se ha conseguido: disminuir la
litigiosidad. “En España tenemos un nivel de litigiosidad
desproporcionado” clamó el titular de Justicia hace un año en un intento de
defender un subida criticada por abogados, jueces, procuradores, fiscales,
secretarios judiciales, asociaciones de consumidores, autónomos, pequeños
empresarios y ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno ha fracasado en los otros
objetivos perseguidos con la imposición del ‘tasazo’. El departamento dirigido
por Gallardón tenía previsto recaudar este año 305 millones de euros, sin
contabilizar las tasas variables pero, hasta septiembre, sólo había conseguido
101 millones, según los datos de la AEAT. En la presentación en el Congreso de
los Diputados del Presupuesto del Ministerio de Justicia para 2014, el secretario de Estado, Juan
Bravo, reconoció el fracaso recaudatorio del incremento de las tasas. Señaló que en 2013 las tasas
judiciales recaudarán menos de lo esperado, aunque no precisó cuánto. Fuentes
del ministerio apuntan a que se cerrará el año con unos ingresos por tasas que
apenas llegarán a los 150 millones, menos de la mitad del objetivo fijado.
Fracaso recaudatorio
En 2011, antes de la entrada en
vigor de la Ley de Tasas, cuando los ciudadanos no pagaban tasas judiciales y
sólo las abonaban las grandes compañías, las empresas recaudaron 164,4 millones
de euros, según señala el propio Ministerio de Justicia.
“Han recaudado mucho menos de lo
previsto, lo que demuestra que ha fracasado la recaudación pero ha triunfado la
disuasión”, afirma el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos
Carnicer, quien ha denunciado, una y otra vez, que con la subida de tasas
amplios sectores de la sociedad han quedado excluidos del sistema legal. La
Abogacía considera que es una barrera para los ciudadanos de a pie para
defender sus derechos ante los tribunales. En especial, cuando la parte
contraria es la Administración. Las cifras hablan por si solas. Los recursos contenciosos contra la
Administración han caído un 24% en lo que va de año, con respecto a la
entrada en vigor de la ley en enero de 2013, según datos ofrecidos por el
subsecretario de Justicia Juan Bravo en el Congreso.
“Un año después de aquel error
político que fue la Ley de Tasas, el Estado de Derecho, fruto del pacto
constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano. Nuestra justicia
está lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy menos democracia”, ha
señalado el líder de la abogacía.
Pero además, el dinero recaudado
con el ‘tasazo’ no ha ido, al menos de momento, a mejorar la justicia gratuita
como prometió Gallardón sino que se ha perdido en el pozo recaudatorio.
El Ministerio de Justicia ha presupuestado para 2014 invertir 34,1 millones de
euros en Justicia Gratuita, poco más del 2% del presupuesto total. Los 150
millones que previsiblemente se recaudarán por las tasas judiciales en 2013 no
se sabe dónde irán, ya que no aparecen en los Presupuestos de Justicia para el
próximo ejercicio.
Y aunque hay menos litigiosidad en
los juzgados, éstos siguen atascados de demandas a las que no pueden dar salida
y, ahora, además, con mil y una dudas sobre la aplicación de la Ley de Tasas.
La nueva normativa ha generado una avalancha de decenas de consultas
vinculantes en la Dirección General de Tributos (DGT) sobre diversos aspectos
de su aplicación práctica. Un año después de la criticada ley, ya se han
aclarado muchos aspectos que planteaban dudas, pero todavía quedan cuestiones
sobre las que no existe consenso unánime.
Pendientes de los altos tribunales
Concentraciones por España,
recogidas de firmas, protestas, movilizaciones varias… un año después de la
implantación de la Ley de Tasas la lucha para conseguir su derogación continúa.
La esperanza de muchos en el sector de la abogacía está en el Tribunal Constitucional,
que el pasado mes de octubre admitió a trámite los recursos de
inconstitucionalidad promovidos por los Gobiernos de Aragón y Canarias contra
la Ley 10/2012. En el caso de Aragón el escrito se centra en la aplicación al
recurso de casación foral aragonés. Por su parte, el ejecutivo canario
interpuso el recurso por considerar que la nueva normativa establece unas tasas
lesivas del derecho a la tutela efectiva reconocido en la Constitución. El
Grupo Parlamentario socialista, la Generalitat de Catalunya y el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía también han interpuesto recursos al TC, al
considerar las tasas como una barrera económica a la Justicia por parte de los
ciudadanos. Además, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional planteó cuestión de inconstitucionalidad al entender que puede
condicionar el acceso de los ciudadanos a su derecho a un juicio justo.
Pero una vez más topamos con la
lentitud de la Justicia. Por esta razón Carnicer ha remitido una carta al presidente
del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez Cobos, pidiendo que “se agilice en
lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad
interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales”. Carnicer pide celeridad para
terminar con una ley injusta más cuando se teme la llegada de nuevos efectos
demoledores del tasazo con la futura Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
La nueva Ley de Seguridad
Ciudadana disparará el importe de las sanciones por lo que su reclamación
vía judicial será costosísima. “La futura normativa de Seguridad Ciudadana
sumada a las nuevas tasas judiciales generará “indefensiones a barullos”, anunció
esta semana Carceller.
Incluso los defensores de un
copago de la Justicia reconocen que ni el momento ni las formas han sido
oportunos. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis
Concepción, aunque reconoce que las tasas judiciales han reducido claramente la
litigiosidad, considera que “Alguien tiene que pagar y es razonable que lo
pague quien más lo usa”. Sin embargo, considera que se ha llegado a soluciones
inadecuadas. “La tasa debía de haberse previsto al final del procedimiento y no al
principio, para que la abonara quien pierde el procedimiento, no quien
acude a este”, afirmó recientemente en una charla
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
Beneficiados
Abogados y juristas coinciden al
afirmar que la Ley de Tasas de Gallardón sólo beneficia al incumplidor, que
además de resguardarse para seguir su delictiva conducta en una justicia
excesivamente lenta e impredecible ahora contará con la disuasión que supone el
elevado coste para el potencial demandante.
En otras palabras, con la Ley de
Tasas, se reduce todavía más el coste del incumplidor y aumenta su incentivo a
incumplir.
Bancos, grandes empresas de
servicios como las eléctricas o telecos también son las grandes favorecidas del
‘tasazo’. La asociaciones de consumidores afirman que con la subida de las
tasas la indefensión del consumidor se multiplica. “Muchas veces las empresas
se niegan a atender reclamaciones y a someterse al arbitraje de Consumo. Así
las cosas, a menudo la única opción para el consumidor es reclamar sus derechos
por la vía judicial. Pero las reclamaciones de consumo, que suelen ser de
pequeñas cuantías, pagar 150 euros por presentar una demanda será absolutamente
disuasorio y dificultará al máximo la posibilidad de resarcimiento del
consumidor”, afirman en la OCU. En otras palabras, las grandes compañías y
entidades financieras, aseguradoras salen ganando con la Ley de tasas de
Gallardón.
Nuevas tendencias
Algunos abogados advierten de que
la subida de tasas está cambiando las reglas de juego en el sector de la
abogacía. Se está incentivando el florecimiento de un nuevo tipo de abogado
deseoso de captar clientes sin los recursos suficientes para entablar una
demanda a cambio de un elevado porcentaje de ganancia en caso de éxito. En
otras palabras, la subida de tasas está impulsando los temidos pactos de ‘cuota
litis’ en el sector de la abogacía española. Abogados que toman casos con
grandes probabilidades de éxito en los que el cliente no asume ni un euro por
adelantado pero donde el despacho se lleva cuantías de hasta 30% de la
indemnización conseguida.
Y lógicamente si hay despachos que
trabajan por éxito, la competencia se dispara y la guerra de precios se desata.
Conscientes del elevado coste de las tasas judiciales, los problemas
financieros de los clientes y la creciente competencia todos los despachos, en
mayor o menor medida, todos los bufetes han tenido que bajar precios. ¿Cuánto?
“Nadie lo dice. Ese es un secreto que se quedan los despachos, pero es una
realidad que se han bajado precios”, afirma Iñigo Navarro, decano de la
facultad de Derecho de ICADE.
El mayor coste de la litigiosidad
está provocando, además, que los despachos impulsen el arbitraje y la mediación
como método más barato y rápido para la solución de conflictos. “La mediación
genera opciones que los tribunales no pueden crear, y puede convertir una
controversia en una oportunidad de negocio. Es un método alternativo a la
litigación que permite a las partes, con la ayuda de un tercero neutral e
imparcial, buscar una solución segura gestionada por ellos mismos, en un
período de tiempo muy breve y con un coste reducido”, explica Cuatrecasas.
Sin duda, el incremento de las
tasas va a ayudar a impulsar la mediación y el arbitraje en España, fórmulas de
resolución de conflictos todavía con baja implantación, sobre todo entre
particulares.
Por su parte, los jueces a la hora
de imponer las multas ahora tienen mucho más en cuenta el coste de las tasas.
“Como sabemos que el condenado va a tener que pagar las tasas, algunos jueces
lo que hacemos, cuando se puede, es reducir la cuantía de la multa para
compensar y no gravar en exceso”, explica un magistrado de Madrid.
Algunos juristas creen que la subida
de tasas, además, va a impulsar las demandas colectivas, un fenómeno
nuevo en España surgido al color de escándalos como el de las preferentes o las
cláusulas suelo, que ha propiciado la unión de los afectados y
reclamaciones colectivas vía judicial. “Colectivamente se puede hacer mucho más
que individualmente. Puedes acceder a mejores abogados y tienes mucha más
fuerza”, afirma el decano de la facultad de Derecho de ICADE.
