La
Seguridad Social tiene un chollo ("cosa valiosa o apreciable que se
adquiere a muy bajo precio o con muy poco esfuerzo") con el paro y las
bajas de los autónomos, que le dejan cada año una ganancia neta de más de 200 millones que va a parar al fondo general del
sistema de protección.
En los seis primeros años de
aplicación del llamado 'cese de actividad', diseñado para cubrir el desempleo
de los trabajadores por cuenta propia, la Seguridad Social ha tenido una ganancia neta de 692 millones de euros que, de
mantenerse la tendencia, habrá superado los 800 al cierre de 2017.
Las cotizaciones ingresadas por este
concepto suman en esos años 819,84 millones de euros: 103,84 en 2011,
141,58 en 2012,
143,87 en 2013,
150,73 en 2014,
145,13 en 2015 y
134,69 en 2016,
a los que se suman los 108,98 recaudados entre enero
y octubre de este año, en el que la previsión es llegar a 132, y los
24,87 de retrasos cobrados en otros ejercicios.
El
gasto, por el contrario, con un récord de 18,03 millones en 2016, se quedó en
esos seis años en 50,29, lo que situaría el descuadre en 794,42 a favor de las
arcas públicas. Sin embargo, la diferencia final es menor por la paradójica
circunstancia de que gestionar el cese de actividad de los autónomos cuesta el
doble del dinero que distribuye: 102,23 millones de
euros en ese sexenio, en el que el año que el coste se ha acercado más a
las prestaciones fue en 2016, cuando repartir esos 18,03 millones (tras
recaudar 139,66) costó 21,07.
La última memoria de la Seguridad
Social admite que la Reserva Complementaria de Estabilización por
Cese de Actividad, a la que destina el sobrante de esta prestación, "a 31
de diciembre de 2016 asciende a 630,10 millones de euros".
Las bajas y la formación
El segundo chollo del sistema de
cotización de los autónomos, que aunque crean tanto empleo como las
administraciones siguen viéndose obligados a prolongar su cotización
para acceder a pensiones que en muchos casos no superan el nivel de subsistencia,
lo tiene la Seguridad Social en la formación de los trabajadores
del mar: los 14.500 empleados por cuenta propia cotizan un 0,7% de su base
para una formación de la que no disfrutan en la práctica y que ha dejado en la
última década una bolsa de 20 millones de euros.
14.500 empleados por cuenta
propia cotizan un 0,7% de su base para una formación de la que no
disfrutan
La gestión de las bajas por motivos
laborales (enfermedades y accidentes) de los autónomos también sale más que rentable
para las arcas públicas, ya que apenas se gasta nada de los 172
millones de euros anuales que estos pagan vía cotización para cubrir los periodos de
inactividad provocados por ese tipo de contingencias, para los que cotiza un
84% del total: de los 3,2 millones de autónomos censados a
finales de septiembre, 2.768.887 cotizan para tener cobertura de baja por enfermedades
profesionales y accidentes laborales.
Una de las causas principales de la 'mala salud de hierro' de
los trabajadores por cuenta propia se encuentra, precisamente, en
las condiciones de esa incapacidad transitoria: se
cobra el 75% de la base de cotización (669,82 euros de 893 para la inmensa
mayoría) a partir de la tercera semana (antes, el 60%) pero con la obligación
de seguir cotizando (275 euros para el 85% del sector), por lo que en la
práctica, y salvo que se trate de una dolencia realmente incapacitante, sale
más a cuenta no cogerla e intentar trabajar lo posible durante la convalecencia
para generar algún ingreso.
Una baja por cada 40 autónomos
Y tampoco sale mal del todo la
gestión de las contingencias comunes, para la que está teóricamente reservada
el grueso de los 10.152 millones de euros que aportan cada año en cotizaciones
esos 3,2 millones de autónomos.
En los nueve primeros meses de
2017 solo cogieron bajas 73.764 autónomos
Así, en los nueve primeros meses de
2017 solo cogieron bajas 73.764 autónomos, que equivalen al 2,66% de los
asegurados para acceder a ella, y cuyas convalecencias, con una duración media
de 87,84 días, supusieron un gasto en prestaciones de en torno a 140 millones
de euros. Se trata de contingencias comunes, que se financian con la cotización
básica como las pensiones, y no de procesos causados por accidentes laborales y
enfermedades profesionales, cuya cobertura apenas genera gasto a las arcas
públicas.
El sobrante de esos 10.152 de contingencias comunes y los 172 de las laborales, una vez descontados los
gastos de gestión, se destina a la hucha de las pensiones de un sistema que da
a los autónomos una cobertura inferior a los mínimos de subsistencia en
situaciones de invalidez y viudedad y que los supera por escaso margen (1.600
euros anuales) en el caso de la jubilación.
"Le sale muy rentable al sistema"
"Le sale muy rentable al sistema
que haya muy pocas bajas y que la prestación que generan sea de poca cuantía.
El nivel de bajas es muy escaso y el fraude, más aún", explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).
"El nivel de bajas es muy
escaso y el fraude, más aún"
En el caso del cese de actividad, por
otro lado, se está produciendo una situación de limbo con los fondos destinados
a la formación. Un 1% de esa cantidad, entre uno y 1,5 millones de euros anuales,
debería ser transferido a las comunidades autónomas (de manera proporcional a
su volumen de cotizantes) para que estas lo destinaran a la preparación para reincorporar al mercado laboral a los autónomos que
abandonan. Sin embargo, ni el Gobierno central lo envía ni los autonómicos
lo reclaman.
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