El registro de cooperativas de Galicia después de muchos años y de gastos de partidas presupuestarias ingentes y sin explicaciones comienza tarde y mal a adaptarse a las nuevas tecnologías, veremos lo que pasa en la realidad de la práctica diaria.
Ver enlace Enlace a la norma del Registro de cooperativas de Galicia
Según un estudio de USB, las personas más ricas del mundo aumentaron el 14,6% su fortuna en en comparación con 2017, gracias a las subidas de los mercado. Hoy en día hay 2.189 multimillonarios , frente los 2.158 de 2017.
En conjunto, las personas más ricas del mundo obtuvieron un récord de 10,2 billones de dólares a finales de julio de 2020, un aumento del 14,6% de su riqueza en comparación con 2017, gracias principalmente a las subidas del mercado de valores. Hoy en día hay 2.189 multimillonarios en todo el mundo, frente a los 2.158 en 2017.
De ellos, 37 residen en Suiza y vieron crecer su patrimonio en un 29% entre abril y julio de 2020, hasta alcanzar una fortuna conjunta de 123 500 millones de francos (135 000 millones de dólares).
Entre los mayores beneficiados se encuentran los activos en el sector de la salud, dijo UBS, que realizó la encuesta junto con la empresa de contabilidad PwC. Los nuevos tratamientos, las innovaciones en el diagnóstico y, más recientemente, la investigación sobre el Covid-19, les han ayudado a registrar un aumento del 50% de su riqueza, hasta alcanzar los 658 000 millones de dólares. Pero son los multimillonarios de la tecnología los que alcanzan la mayor fortuna, 1,8 billones de dólares en total.
Este es el séptimo informe del banco suizo sobre la riqueza de los multimillonarios. Se analizaron 2.000 multimillonarios en 43 mercados diferentes, es decir, prácticamente todos los ricos del mundo, o, según indica este documento, el 98% de la población súper rica de la Tierra
Nueva entrega de legislación de interés, en este publicamos la legislación civil y complementaria. Pinchar en el enlace Legislación civil y complementaria
SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Titulación de arquitecto para suscribir certificados de licencias de segunda ocupación de viviendas en L’Alfás del Pi (UM/033/20)
Un ingeniero técnico de obras públicas planteó una reclamación contra el Ayuntamiento de L’Alfás del Pi, que considera solo a los arquitectos y arquitectos técnicos competentes para emitir certificados de licencias de segunda ocupación.
La CNMC concluye que el ayuntamiento no justifica ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha exigencia. El hecho de que las Administraciones Públicas exijan exclusivamente determinadas titulaciones para el desarrollo de una actividad es una medida contrataría a la LGUM. El Pleno del Consejo de la CNMC ha acordado recientemente remitir un requerimiento al consistorio antes de interponer un recurso especial del artículo 27 LGUM contra este. (UM/045/20).
Siguen en el enlace otras de interés. Resoluciones de la CNMC
EIAFormación,, busque sus cursos. Centro Formación EIAFORMACION Tl 986266151 Ver más Acceso al Aula Virtual y al entorno de EIAFORMACIÓN
Del examen de la normativa hasta ahora expuesta no se aprecia la exclusividad que pretende la Asociación recurrente que se reconozca a los Psicólogos especialistas en Psicología Clínica. La diferencia entre ambas profesiones no afecta ni a la adquisición de conocimientos ni a su formación sino al lugar donde unos y otros van a poder desarrollar sus competencias y conocimientos adquiridos. Únicamente hay diferencias en los ámbitos de actuación profesional. Así la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la Salud Pública, en la disposición adicional séptima, cuando regula la psicología en el ámbito sanitario, declara en su apartado cuarto que: "Los psicólogos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertado con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, deberán estar en posesión del título oficial de Psicólogo especialista en Psicología Clínica al que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada"Ver enlace Sentencia Psicólogos clínicos que desestima pretensiones de monopolio
El Tribunal Supremo ha resuelto mediante la STS nº 242/2020 de 3 de junio de 2020 la confrontación existente entre los criterios seguidos por las Audiencias Provinciales sobre el precepto y plazo de prescripción aplicable a las reclamaciones de deudas de comunidad, y es que mientras algunas Audiencias consideraban de aplicación el 1966.3º del Código Civil (plazo de 5 años), otras, mayoritariamente, se decantaban por la aplicación del artículo 1964 del Código Civil (plazo de 15 años).
Para completar la cuestión cabe señalar como a partir del 6 de octubre de 2015 por medio de la Ley 42/2015 de 5 de Octubre el artículo 1964 Código Civil fue modificado, estableciéndose un plazo de prescripción para las acciones personales de cinco (5) años, pero la Sentencia del Tribunal Supremo nº 242/2020 de 3 de junio de 2020, rec. 3299/2017 fija el criterio jurisprudencial aplicable, precisamente, para las deudas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015 de 5 de octubre.
I. Planteamiento de la cuestión
Señala la STS 242/2020 de 3 de junio en su fundamento de Derecho Segundo que: “El único motivo del recurso se formula por infracción de los artículos 1964 y 1966-3.º Código Civil y alega la existencia de interés casacional por contradicción entre la doctrina seguida al respecto por las distintas audiencias provinciales”. Así se cita como representativas de la tesis que defiende la prescripción de cinco años las sentencias de: “la Audiencia Provincial de Málaga de 10 de junio de 2002, Las Palmas de 6 de noviembre de 2000 y 28 de noviembre de 2007, Albacete (Sección 2.ª) de 31 de enero de 2013, Málaga (Sección 5.ª) de 24 de noviembre de 2003, Madrid (Sección 21.ª) de 28 de marzo de 2000, 19 y 26 septiembre 2006, Sevilla (Sección 5.ª) de 22 de junio de 2013, Las Palmas (Sección 5.ª) de 12 de junio de 2006, Madrid (Sección 11.ª) de 31 de mayo de 2011 y Soria de 24 de junio de 1999”. En sentido contrario, cita las sentencias de: “la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 2.ª) de 29 de septiembre de 2011 y 28 de junio de 2016. Y como representativas a la aplicación del plazo de prescripción de 15 años y, en consecuencia, del artículo 1964 del CC las de Las Palmas (Sección 3.ª) de 6 noviembre 2006, Madrid de 14 diciembre 2006, Valladolid de 26 de junio de 2000, Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.ª) de 14 julio 2015, La Coruña (Sección 3.ª) de 28 noviembre 2014, y Madrid (Sección 10.ª) de 20 noviembre 2012, entre otras”.
Por tanto, es de resaltar y así lo dice expresamente la STS que: “El interés casacional de la cuestión jurídica afecta únicamente a las reclamaciones de cuotas impagadas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, pues la misma ha modificado el artículo 1964 CC estableciendo un plazo general de prescripción de acciones personales de cinco años, coincidente con el previsto en el artículo 1966-3.º, que no ha sido modificado”.
II. Causas y solución de la cuestión
El Tribunal Supremo resuelve la discrepancia entre las resoluciones de las Audiencias Provinciales al establecer que: “se ha de considerar aplicable a este supuesto el plazo de cinco años previsto en el citado artículo 1966-3.º, referido a las acciones ordenadas a exigir pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves, situación en la que resulta plenamente subsumible el caso de la contribución de los comuneros a los gastos comunes establecida como obligación en el artículo 9.1.e) LPH, sin que el hecho de tratarse de una obligación prevista en la propia ley haya de determinar la aplicación de un plazo distinto de prescripción.
Las causas que sostiene para validar este criterio pueden resumirse en que:
- Los presupuestos de la comunidad son anuales y en el ejercicio económico anual se producen los gastos correspondientes que han de ser satisfechos por los comuneros según la cuota asignada.
- Que el aplazamiento por mensualidades de los pagos, en este caso de las cuotas de comunidad, responde a la necesidad de no sobrecargar a las economías familiares que podrían ser destinatarias de una reclamación muy cuantiosa. Si bien considera expresamente: “Es cierto que se trata de una obligación esencial para el desarrollo de la vida comunitaria y que cesar en los pagos supone -salvo casos especialmente justificados- una actuación insolidaria”.
- Considera que resulta incomprensible que la comunidad deje transcurrir tan largo período de tiempo -en este caso, notablemente superior a los cinco años- para exigir el pago del comunero que reiteradamente falta al cumplimiento de sus obligaciones.
Otros argumentos que esgrime para acoger el criterio del art. 1966.3 CC son:
- Considera que “El plazo especial de cinco años pasó del artículo 2277 del Código civil francés al artículo 1971 del Proyecto de 1851 que ordenaba que: «se prescribe por cinco años la obligación de pagar los atrasos, 1º de pensiones alimenticias; 2º del precio de los arriendos, sea la finca rústica o urbana; 3º de todo lo que debe pagarse por años o en plazos o períodos más cortos». Llegando de este modo al artículo 1966 Código Civil, cuyo texto dice: “por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1º la de pagar pensiones alimenticias; 2º la de satisfacer el precio del arrendamiento de fincas rústicas o urbanas; 3º la de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves”.
- Destaca como parte de la doctrina considera que la regla se encuentra íntimamente ligada con la condena de la usura y trata de impedir la capitalización. Se trata de una norma inspirada en el favor debitoris, pues a través de ella se pretende impedir que los deudores se vean perjudicados mediante una continua y sucesiva acumulación que puede incluso en ocasiones conducirles, a través de elevadas demandas judiciales y el embargo de sus bienes, a la ruina; porque si el pago distanciado y periódico de las pequeñas sumas es algo que cabe dentro de las posibilidades económicas del deudor, la conversión de un cúmulo de posibilidades temporalmente distanciadas en una única deuda acumulada de mayor importe, por obra de la voluntad del acreedor que deja intencionadamente de reclamar las prestaciones durante algún tiempo, puede conducir a graves perjuicios.
Pese al criterio escogido y los argumentos esgrimidos, por su transcendencia para las Comunidades de Propietarios el Tribunal Supremo, probablemente, se vea en la necesidad de dejar expresamente señalado en la sentencia: “el lógico rechazo social que produce el hecho de la existencia de deudores morosos en las comunidades de propietarios”.
III. Responsabilidad del Presidente y Administrador
Una de las cuestiones más relevantes que contiene la sentencia es como ésta de forma explícita indica “Son los responsables en cada caso de dichas comunidades -presidente y administrador- quienes han de velar por el cumplimiento adecuado de tales obligaciones y quienes, en su caso, deberán responder ante la comunidad a la que administran y representan.”, lo que implica se deje expresa constancia del especial deber de diligencia tanto del presidente como del administrador ante este tipo de reclamaciones y de su responsabilidad frente a las Comunidades de Propietarios.
IV. Conclusiones
A modo de conclusión cabría decir que el Tribunal Supremo fija como criterio jurisprudencial aplicable que: el plazo de prescripción para reclamar los gastos comunes, derivados de cuotas impagadas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015 de 5 de octubre, que tienen las comunidades de propietarios contra los propietarios morosos es el de cinco años según lo previsto en el artículo 1966.3º del Código Civil.
Por otro
lado, la sentencia responsabiliza al
presidente y el administrador de la gestión de este tipo de deudas,
infiriéndose de ello la necesidad de observar un especial deber de diligencia
en cuanto a su reclamación.
Boletín completo en relación al COVID--19, pinchar enlace y podrá acceder al boletín con toda la normativa. Código legislativo sobre el COVID 19
Como sabe, el 1/10/2016, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (art. 14.2, 14.3 y 41.1), entró en vigor la obligatoriedad de recibir las notificaciones por vía electrónica para los colectivos siguientes (aunque la ATC no empezó a practicarlas hasta el 1 de octubre de 2018):
·
las personas jurídicas,
·
las entidades sin personalidad jurídica,
· aquellos que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que lleven a cabo con las administraciones públicas en ejercicio de la citada actividad profesional, y aquellos que representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
Asimismo, de acuerdo con el Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital (art. 73), los autónomos también están obligados a recibir notificaciones electrónicas cuando se deriven de su actividad profesional.
Si, como intermediario tributario (notario, gestor, presentador ...), tiene clientes que están obligados a recibir notificación electrónica, debe advertirles que si no comunican una dirección electrónica o un número de teléfono móvil para recibir el aviso (mediante correo electrónico o SMS) y no acceden, si procede, al buzón de notificación electrónica al que se les enviará, se les tendrá por notificados sin que tengan conocimiento del contenido de la notificación, con los posibles perjuicios por el transcurso de los plazos de impugnación y/o pago que ello les puede ocasionar.
Por lo tanto, le agradeceremos que difunda entre sus clientes el formulario de comunicación de datos (dirección electrónica / teléfono móvil), accesible con idCat Móvil o certificado digital, para que puedan recibir dicho aviso, o bien que les aconseje el otorgamiento de la representación para que, como intermediario tributario, pueda acceder directamente a la notificación electrónica por cuenta del sujeto pasivo.
Le recordamos que tiene disponible en la sede electrónica de la ATC toda la información sobre las notificaciones electrónicas que practica la Agencia, desde donde también pueden consultarse las preguntas frecuentes sobre este tema.
Esperamos que
esta información le sea útil y le agradeceremos que la difunda
entre los miembros de su colectivo.
1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.
El trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.
La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.
Y la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios dice:
Artículo 2. Firma del trabajador.
1. El recibo de salarios será firmado por el trabajador al hacerle entrega del duplicado del mismo y abonarle, en moneda de curso legal o mediante cheque o talón bancario, las cantidades resultantes de la liquidación. La firma del recibo dará fe de la percepción por el trabajador de dichas cantidades, sin que suponga su conformidad con las mismas.
2. Cuando el abono se realice mediante transferencia
bancaria, el empresario entregará al trabajador el duplicado del recibo sin
recabar su firma, que se entenderá sustituida, a los efectos previstos en
el apartado anterior, por el comprobante del abono expedido por la entidad
bancaria.
Libro de Casos BioPsicoSociales para profesionales del campo pericial legal y forense https://eiaformacionintegral.blogspot.com/2020/08/publicado-un-nuevo-libro-de-casos.html
Las profesiones y la ciencia en el campo legal y forense.
El cerebro humano es un órgano complejo, con el maravilloso poder de lograr que el hombre pueda encontrar razones para seguir creyendo lo que él quiere creer.
Hablamos hoy de la ¨Logopedia Jurídica”, tratando de situarnos con los pies en el suelo y yendo contra corriente de algunos profesionales, y colegios profesionales que creen que todavía existen compartimentos estancos, –monopolios– que nos recuerda cuando cada médico tenía una enfermera para que escribiera. Es hora de situarnos en el nuevo siglo y especialmente en los nuevos paradigmas de las profesiones. Reclamar y dar excelencia, eficacia y eficiencia. Los Logopedas Jurídicos como muchos otros profesionales –Criminólogos, Pedagogos, Psicopedadogos, Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales etc–, están ahí, para ser los ojos de los jueces, para ilustrar, asesorar teniendo como base el método científico, y aportar, en las áreas del derecho sus conocimientos técnicos para dar a la justicia legitimidad y un plus de garantía de que el derecho no es palabrería o simples declaraciones, sino, cientificismo con postulados validos, fiables y replicables. Ver enlace https://www.periodistadigital.com/politica/20200730/logopedia-juridica-noticia-689404348092/
Valoración de Daños. Pérdida de Calidad de Vida –PCV—
Con el objetivo de construir una sugerencia razonable y proporcional de ponderación compensatoria o indemnizatoria del daño llamado 'pérdida de calidad de vida' este trabajo (1) se revisa el constructo internacional de la calidad de vida, (2) después se realiza una revisión superficial de los contenidos internacionales de esa calidad de vida como bien jurídico contemplado en otras legislaciones y tendencias jurídicas, (3) para, tras esta introducción, analizar la calidad de vida en nuestra nueva ley, y (4) finalmente acercarnos al objetivo último de sugerir una posible valoración de la 'calidad de vida en nuestra nueva Ley'. La pérdida de la calidad de vida ha conseguido tener una personalidad propia entre estos daños personales85 y está desarrollándose rápidamente como un tipo específico de la compensación por daños generales.
Ver Boletín Informativo completo BIANTAP
Resumen del contenido del BIANTAP
1. Ampliación convenio con EIA Consultoría Asesoría, servicio Laboral.
2. Oferta formativa por convenio.
3. Ley de Mediación Catalana, se adapta a la UE. Se adelantan.
4. Las profesiones y la ciencia en el campo legal y forense.
5. Tarjeta sanitaria condición de titular y beneficiario.
6. El Ministerio de Sanidad y Consumo como entidad promotora de la Mediación.
7. Valoración de Daños. Pérdida de Calidad de Vida –PCV—
8. Información legislativa.
9. Recordando.
10. Información Académica
Centro Mediación EIA Consultoría Asesoría, con su registro de mediación, un centro con años de mucha experiencia . Ver enlace Mediadores en EIA Consultoría Tl 986266151 Mail centromediación972@gmail.com
La normativa Europea de Mediación, ninguneada como es costumbre por cada gobierno de turno
Cataluña aprueba y pone en marcha el impulso a la mediación, haciendo que la norma procesal obligatoria de asistencia previa a los mediadores y a la mediación sea ya una realidad. Con la aprobación de la LEY 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado, los catalanes cumplen con la Unión Europea. -- La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles--., --Sentencia de 18 de marzo de 2010 (STJUE C-317/2008) Tribunal de Justicia de la Unión Europea.—
Nuestro sistema judicial y nuestra organización profesional debe llevarnos a un cambio total, especialmente obedecer de una vez por todas la normativa de la UE, con pasos como éstos y muy pequeños el país mejoraría y sobre todo tomaría ejemplo de obediencia a nuestras leyes y normas, y el Gobierno daría ejemplo, es su obligación cumplir y hacer cumplir las leyes.
Más de ocho millones de asuntos colapsan la justicia, que todo el mundo conoce como la justicia del cachondeo, una película de Cantinflas mal rodada, con nodo incluido y dirigida por auténticos impresentables, con un CGPJ, politizado y mediatizado por interés partidistas que nada tienen que ver con los ciudadanos y sus intereses. Las administraciones deben de poner coto a su pésimo hacer y cumplir de una vez con las normas de la UE, dejarse de circunloquios https://www.periodistadigital.com/politica/20191120/director-general-justicia-nuevamente-burla-ciudadanos-figura-mediador-noticia-689404191837/
Nuestra justicia y todo nuestro sistema judicial necesita y lo necesita urgentemente, reparar, ordenar, modernizar y hacer eficiente y eficaz nuestro sistema judicial, y especialmente dar entrada a los ciudadanos, permitiendo que ellos tengan dominio sobre sus problemas. No solamente con el tema de la mediación sino acercando la justicia a los ciudadanos liberando a ésta de monopolios, bloqueos o trabas que eliminen los derechos humanos de los justiciables, permitiendo no sólo ver lo que hacen los profesionales a los que contrata, sino, permitiendo hacer valer la carta del justiciable, Carta del Justiciable, una quimera pero legal y actual su derecho a la defensa sin barreras y sin profesionales obligatorios, tal y como se hace en el mundo de progreso y civilizado.
Una muestra de ello es la mediación paralizada desoyendo a la UE y al sentido común otra es la falta de transparencia al hacer plataformas malgastando el dinero del contribuyente cada autonomía y un sistema de remisión electrónico caduco viejo y sin lógica ni eficacia como sucede con Lexnet, sistema opaco al justiciable que no permite al consumidor justiciable saber cómo están sus asuntos y qué hacen los profesionales a los que les paga.
Los profesionales de la mediación –Mediadores-- se rigen por una ley regulada y tienen una formación específica supervisada por el Ministerio de Justicia. Tienen que estar inscritos en el Registro del Ministerio de Justicia de España y cumplir con unos requisitos legales regulados por ley.
Los mediadores y mediadoras ofrecen la confianza de ser expertos en la resolución de los conflictos profesionales bien formados y de forma permanente. Ver enlace https://www.periodistadigital.com/politica/20191008/vision-justicia-mediacion-profesion-sanitaria-educativa-logopedas-noticia-689404157830/
Para finalizar. Tenemos un sistema judicial colapsado, caduco y que merma el progreso social y sobre todo monopolizado que no permite el derecho de autodefensa o de defenderse uno mismo, vulnerando los tratados internacionales que consagran como derecho fundamental el postular por uno mismo sin necesidad de nadie. El derecho a defenderse sin necesidad de abogado y procurador, la imperiosa necesidad de expulsar al poder público de las relaciones que pertenecen a la esfera privada y sobre todo, a tener la opción de buscar soluciones a sus conflictos que den permanencia y paz social y cognoscitiva para las familias, no debe hacerse esperar y la solución está en la mediación.
Para terminar Ya, La mediación es el presente, las partes resuelven sus conflictos siendo los soberanos y autónomos en el mismo. Participan y deciden, antes de ir a un juzgado para que otros resuelvan por ellos. El ministerio y el actual gobierno debe tomar medidas urgentes para que las mediaciones puedan ser inscritas en los registros --civiles mercantiles etc-- sin necesidad de largos procesos ante los jueces y juzgados y debe de dar respuestas unitarias y solventes de una vez, llevamos desde el año 2012, esperando soluciones a pesar de los años transcurridos y debe aprobar la norma procesal que haga obligatoria la asistencia a la mediación como paso previo a llegar a los tribunales. Sólo si no ha sido posible la mediación, el litigio puede ser una solución.
Con entrada en vigor el 5 de agosto de 2012, el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto (BOE de 4 de agosto), regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, establece el procedimiento para el reconocimiento de esa condición por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, y los mecanismos para su control y extinción, completándose lo anterior con siete disposiciones adicionales donde se “regulan” supuestos especiales de prestación de asistencia sanitaria, a lo que se añade una modificación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, al objeto de regular la comprobación del mantenimiento de las condiciones del derecho de residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Condición de asegurado y de
beneficiario del mismo (arts. 2 y 3)
Reconocimiento de la
condición de asegurado o de beneficiario (arts. 4 a 6)
Extinción de la condición
de asegurado o de beneficiario (art. 7)
Mecanismos de comunicación
y control (arts. 8 y 9)
Asistencia sanitaria para
españoles de origen retornados y residentes en el exterior desplazados
temporalmente a España (disp. adic. 1ª)
Asistencia sanitaria en
aplicación de reglamentos comunitarios y convenios internacionales (disp. adic.
2ª)
Convenio especial de
prestación de asistencia sanitaria (disp. adic. 3ª)
Prestación de asistencia
sanitaria para solicitantes de protección internacional y para víctimas de
trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión (disps.
adics. 4ª y 5ª)
Asistencia sanitaria a las
personas con discapacidad (dis. adic. 6ª)
Regímenes especiales de
funcionarios (disp. adic. 7ª)
Modificación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero (disp. final 2ª)
CONDICIÓN DE ASEGURADO Y DE
BENEFICIARIO DEL MISMO
El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, regula a lo largo de su articulado (arts. 1 a 9) quiénes tienen, a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud .Ver más Tarjeta Sanitaria, Titular Beneficiario
La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela.
Un nuevo libro que como los anteriores se sitúa en el paradigma de la innovación y de lacreatividad, adaptado al nuevo siglo.
Ya está en las librerías el nuevo libro de nuestro compañero y presidente del Movimiento Democrático de la Guardia Civil UMD historia –SUGC--,José Piñeiro, Docente, por vocación. Este nuevo libro forma parte de otros libros o volúmenes de la Biblioteca de Capacitación Profesional –BCP—ya publicados en su día dedicados a la formación permanente y continua dentro de los campos profesionales de diversos ámbitos. Ver enlace Centro de Formación EIAFORMACIÓN
El nuevo volumen nos trae un resumen del campo Legal, Forense y pericial y nos aporta un nutrido número de casos prácticos diversos para que los profesionales que quieran dedicarse al mundo pericial, legal y forense puedan ilustrarse tomando ejemplo de los casos que el libro presenta y el formato que puede servir de base para que cada uno lo utilice para ir modelándolos en su práctica profesional a su estilo. Todo ello está basado en la experiencia y en la práctica diaria del autor ante los tribunales de justicia y ante la administración.
Cada libro del docente José Piñeiro, nos aportan un plus de mejora, de creatividad, y como nos dice el autor: Debemos repensar nuestro hacer profesional adentrarnos en los nuevos campos del conocimiento y hacer lo que otros no han hecho, pasar del pensamiento vulgar al pensamiento científico y de la creatividad, hablar de progreso y del cambio y no de las modas estáticas que nos sitúan en nuestra formas de confort, eso quiere decir que hay que perder el miedo, y dejar de hacer por imitación o aprendizaje vicario lo que se suponen hacen todos, que es lo mejor y lo que se debe hacer.
Es imprescindible aportar al campo legal o jurídico y en todos los ámbitos el método científico, se dice que los peritos son los ojos de los jueces, unos asesores especiales que aportan al campo legal y a sus profesionales, métodos para que de la ley pasemos a la justicia, en una palabra del discurso grandilocuente en los foros a la ciencia real.
El nuevo siglo, que es el de la mente y el de la Inteligencia Artificial, hace que sea obligatorio aprender a aprender y a desaprender a lo largo y ancho de toda la vida, hay que poner en alza el método científico y los medios electrónicos, ya no se puede ver para atrás, no hay otra solución, es pasar de la calidad a la excelencia y a lo que se denomina problemas cero, que es lo que pide nuestra sociedad, nuestros pacientes y nuestro clientes..
Es muy difícil hacerse entender o comunicar para que nos entiendan, nos dice, pero es imprescindible seguir haciéndolo porque los cambios son vertiginosos, lo que hoy sirve mañana no vale, cada día aparecen nuevas profesiones y nuevos profesionales, lo que hacen que otras pierdan su valor o necesidad y que nos obligue a la formación continua y permanente y sobre todo prepararse para las profesiones que todavía no existen pero que ya son una realidad que no quieren ver.
El libro se edita bajo el título: Casos Prácticos BioPsicoSociales, lo distribuye la editorial Mascato, pudiendo hacer los pedidos al correo josecarlosperiodista@gmail.com y al teléfono 986266151. Se inicia con una breve y simple descripción de los conceptos legales relacionados con los peritos, con los dictámenes periciales y se da una breve explicación de los conceptos, para terminar centrándose en los casos prácticos. Ver enlace, Oferta formativa Centro de Formación EIAFORMACIÓN
Para terminar Ya, El mundo y las profesiones están en cambio permanente, es imprescindible adaptarse a las nuevas realidades y en la formación permanente y continua, ver con otros prismáticos y mirar con otros ojos, adentrarse en otras paradigmas y realidades; el que no lo haga llegará tarde a todo. España y los profesionales tienen que darse cuenta que haciendo lo mismo que se viene haciendo nos hace perder todas los retos que nos presenta el nuevo mundo, y que la muerte será por agotamiento y por asfixia del propio mercado, que es soberano y elige a los mejores, aquellos que saben hacer se llamen como se llamen.
Solicita tu auditoria informática gratuita
Más información Alcalde Gregorio Espino, 52 – Entlo. Oficina 3 – 36205 VIGO 986266 151 vigo@asesoriaeia.com
Desde EIA CONSULTORIA ASESORIA, en colaboración con SOFYCOM, empresa de servicios informáticos y nuevas tecnologías, te proponemos realizar una AUDITORIA INFORMÁTICA GRATUITA para analizar tu instalación tecnológica, sus herramientas vinculadas y su implicación en los procesos laborales de tu empresa en el día a día.
Es muy sencillo:
1) Concretaremos una visita técnica para revisar tus instalaciones.
2) Elaboramos tú informe detallado sobre la situación de tu negocio.
Con esta auditoría buscamos encontrar mejoras y soluciones para que todas las áreas o procesos de tu empresa se realicen de la manera lo más óptima posible y con ello mejore todos sus procesos cotidianos, mejorando así tu productividad.
Para más información, ponte en contacto con nosotros.
Alcalde Gregorio Espino, 52 – Entlo. Oficina 3 – 36205 VIGO 986266 151 vigo@asesoriaeia.com
No se debe dejar la elección del CGPJ, en manos de políticos o jueces, grupos que ya han demostrado la indecencia de sus actos.
La Justicia no está ciega está cara al Sol. Tendrás tanta justicia como dinero tengas para pagarla, una realidad asumida por la población.“Que los ciudadanos decidan” en vez de que los jueces y políticos decidan por todos. La experiencia demuestra que el control judicial por los gremios es caótica y corrupta.
Nuevamente surge el debate ante la renovación de una institución --“Consejo General del Poder Judicial”, --CGPJ-- que ha demostrado ineptitud por todos los lados, lo que a los ciudadanos les da igual porque la justicia ni funciona, ni es justa, ni es legítima, ni se le espera.
El debate está servido, unos quieren que este órgano viciado, sea elegido por el parlamento y otros que lo sea por su gremio, por las asociaciones judiciales, debate que ignora que hay otra forma de elegir más democrática que evitaría el poder de los grupos que centran el debate, sólo, única y exclusivamente en sus intereses gremiales, por no llamarlos de otra forma.
Otra de las fórmulas sería eliminarlo, lo cual estamos seguro haría más competente a la justicia, trasladando sus funciones al ministerio de justicia, lo que redundaría por lo menos en menor gasto, más eficiencia y más eficacia, lo que no estaría mal visto por la UE y por todos los ciudadanos porque el ente viene a ser un nuevo refugio de elefantes a servir a los intereses de los que los han propuesto y elegido.
Poner fin a la utilización política de uno de los poderes claves de una sociedad, nos llevaría a empoderar a toda la sociedad, y si es ésta la que participa mediante una elección general con un colegio único en toda España, con el voto universal y secreto, devolvería la fe en la justicia y sobre todo sería un puntal de ajuste de cuentas cuando la justicia y los profesionales jueces y magistrados doblan sus rodillas ante los poderosos, con interpretaciones y argumentaciones que desde el conocimiento popular son cuando menos escandalosas e inasumibles. La justicia debe ser igual para todos, y en España se tiene la sensación y la creencia de que no es así.
La práctica diaria en la realidad de cada día, cada vez que el justiciable se acerca a la justicia y especialmente al poder judicial CGPJ, demuestra que no es una institución que sirva para algo. Los ciudadanos reciben cada día tarde y mal y si reciben contestaciones a sus reclamaciones, todas estandarizadas y diciendo lo mismo, en una palabra, burocracia e incompetencia, cuando no burla a la ciudadanía.
Cada cinco años, en esta ocasión más porque los padres de la patria no se ponen de acuerdo, cada uno quiere poner a los suyos, para de este modo que la justicia no vaya contra sus intereses y se arrodille ante los suyos, sean personas o intereses. Lo que ha puesto a la justicia al borde del desprestigio, y al borde del ridículo, ya nadie cree en ella, y a mayores ya se escucha, cuando se dicta una sentencia en el rumor popular como una broma extendida : “Sentencia emitida en nombre de su Majestad el Rey”, para mayor cachondeo.
Para terminar Ya, Una celebre escritora conocida por Ayn Rand año 1950 dijo: "Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno por las influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio , entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada".
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,la electricidad y la energía atómica: "La voluntad". Albert Einstein.
Una titulación no hace una profesión sino que, sirve para muchas otras.
El cerebro humano es un órgano complejo, con el maravilloso poder de lograr que el hombre pueda encontrar razones para seguir creyendo lo que él quiere creer.
Hablamos hoy de la ¨Logopedia Jurídica”, tratando de situarnos con los pies en el suelo y yendo contra corriente de algunos profesionales, y colegios profesionales que creen que todavía existen compartimentos estancos, --monopolios-- que nos recuerda cuando cada médico tenía una enfermera para que escribiera. Es hora de situarnos en el nuevo siglo y especialmente en los nuevos paradigmas de las profesiones. Reclamar y dar excelencia, eficacia y eficiencia.
Los Logopedas Jurídicos como muchos otros profesionales –Criminólogos, Pedagogos, Psicopedadogos, Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales etc--, están ahí, para ser los ojos de los jueces, para ilustrar, asesorar teniendo como base el método científico, y aportar, en las áreas del derecho sus conocimientos técnicos para dar a la justicia legitimidad y un plus de garantía de que el derecho no es palabrería o simples declaraciones, sino, cientificismo con postulados validos, fiables y replicables.
Dentro del campo de la Logopedia jurídica se hallan entre otros muchos, la mediación, un instrumento potente y sobre todo de prestigio en cualquier sociedad democrática que se precie, como dice algunos célebres profesionales estadunidenses: “La profesión de mayor prestigio del mundo”; ámbitos que algunos profesionales todavía ni entienden, ni conocen, lo que nos muestra que no se han hecho bien los deberes de nuestra reforma de grado, siendo por lo tanto un fracaso sin paliativos.
Para continuar, primero lo primero, no hay exclusividad de titulación alguna en estos ámbitos, --Jurídico, legal, forense, victimología, penitenciaria, testimonio, memoria-- cualquier titulado con preparación adecuada puede ejercer de perito ante cualquier tribunal ante el que sea requerido. El interesado, cliente, paciente elige al profesional en el que más confíe, en el más idóneo, esté colegiado o asociado o no lo esté. No debiendo despreciar la acreditación académica, muy al contrario es una garantía de calidad, pero tampoco se debe desacreditar la experiencia, debemos tener en cuenta que el perito se define de la siguiente manera: la persona especialmente cualificada en razón de sus conocimientos en materias que no son conocidas con tanta precisión, por las demás personas de su mismo nivel cultural y social.
Seguimos para mayor abundancia dejando una pequeña idea del intrusismo, que sin ánimo de extendernos, es aquella norma que protege un bien jurídico especialmente protegido o a proteger, como puede ser la vida,--nada más que la vida-- éste es el único y exclusivo bien que permite acusar a alguien de ejercer actos ilícitos, sin tener acreditación alguna sea de formación reglada o no reglada, cuestión que ciertos gremios caducos y sin sentido comunitario y del bien común utilizan de forma torticera para situarse en el mercado conculcando los principios básicos de nuestra economía libre de mercado y nuestros derechos humanos constitucionales. Esto nos hace recordar lo que decía Ginés de los Rios –Escuela Ilista-- sobre las profesiones y profesionales: “Son todas iguales, tanto universitarias como profesionales o aprendidas con la experiencia”. Un mecánico es tan profesional como un médico o como cualquier otro profesional titulado.
Con los fondos de reconstrucción nacional que la UE nos va dotar por la epidemia del COVID-19, se abre otro reto de envergadura que se ciñe a que la UE, nos va a permitir librar fondos siempre y cuando cumplamos de una vez por todas con la normativa de la Unión Europea –no somos un país fiable-- que hace años ya debía ser aplicada en España. Ejemplo de ello va a ser el nuevo mapa de nuestros municipios, el cumplimiento real de las leyes ómnibus y paraguas, y los cambios en las profesiones y en los colegios profesionales, situación que trae de los nervios a gremios y direcciones de estas entidades que van a verse obligadas a situarse en otro terreno muy distinto del actual, y que tendrá que redundar en una buena gestión en beneficio de los colegiados que les pagan. Buena prueba de ello es la rapidez en firmar convenios para unirse con privilegios a los nuevos modos de ver el mundo y la sociedad.
Consideramos al Logopeda Jurídico como agente activo en el mundo del derecho, en la resolución de los casos judiciales, cuestiones que sin duda ocupan a éstos y a los juristas y a otros profesionales de estos ámbitos. La ley y el derecho afectan a todos, y más a los que se ocupan de la educación, de la salud y de las personas. Con estas claves es necesario destacar la Logopedia Jurídica, como una práctica sanitario-educativa que se desenvuelve en un ambiente institucionalizado, organizado, y sistematizado por las leyes y reglas que se visan regularmente en trabajo y beneficio de la sociedad para la mejor contribución en la resolución de problemas legales y de la paz social.
Para terminar, señalar que el Logopeda actúa en todos las áreas o ámbitos de la sociedad, en contextos esenciales y diferentes y lo hace con planteamientos científicos desde la perspectiva Biopsicosocial y participa con gran acierto y responsabilidad, tomando como base siempre a las personas, la sociedad y los derechos humanos, con clara vocación de hacer una sociedad democrática y en libertad, apoyando los pilares básicos de cualquier estado de derecho: “La salud y la Educación”.
Para finalizar Ya, la Logopedia Jurídica es un ámbito más del profesional de la Logopedia, --Legal, forense, mediación, victimología, testimonio, memoria, penitenciarías etc--, las próximas reformas que se lleven a cabo en el marco de la regulación profesional deben ir encaminadas a igualar a todas las profesiones y profesionales, cumplir con las resoluciones del Servicio Nacional del Mercado y de la Competencia y de la jurisprudencia Europea y nacional, poniendo fin a un montón de profesiones reguladas que en nada deben estar al no proteger un bien jurídico especialmente protegido como es la vida, ni entrar en los pilares del estado, como son la Salud y la Educación, salvo éstos ningunos.
