Acceso a los partes médicos de baja, alta
y confirmación.
De acuerdo con la normativa contenida, básicamente, en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 575/1997 (Modificado por Real Decreto 1117/1998), artículos
· A presentar el parte de baja a la empresa en el plazo de 3 días desde su expedición, para lo cual se le hacen dos copias de dicho parte. A su vez, la empresa lo remite sellado y firmado a la entidad gestora (INSS) o Mutua en el plazo de 5 días desde su recepción, salvo que haya asumido el pago de la prestación económica de IT en régimen de colaboración voluntaria.
· A presentar, en su caso, los partes de confirmación a la empresa, con el mismo procedimiento que el de baja.
· A presentar el parte de alta dentro de las 24 horas siguientes a la empresa, que lo remitirá a la entidad gestora o mutua dentro de los 5 días siguientes.
Parece claro, por tanto, que el trabajador debe entregar dicha información relativa a su salud al empresario, no sólo para su comunicación a las correspondientes entidades, sino como cumplimiento del deber de buena fe que ha de presidir toda relación laboral y que, en caso de incumplimiento, podría suponer sanciones para el trabajador a tenor del Estatuto de los Trabajadores, así como permite al trabajador acceder a la prestación por Incapacidad Temporal, asistencia sanitaria y , en su caso, al complemento que algunos Convenios Colectivos configuran en estos casos...
Mecanismos de vigilancia de la incapacidad temporal :
Para las Administraciones
Públicas, Entidades Gestoras, etc se han establecido sistemas de control que se
recogen, a nivel estatal, en el Real Decreto 575/1997 de 18 de abril y en la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de
la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal. Entre
los aspectos de este Real Decreto cabe destacar las facultades de comprobación
que tienen los médicos en cuanto a que los motivos de baja médica
no sean ficticios, así como la posibilidad de dar el alta médica (que podrá ser
impugnada) a aquellos trabajadores que sin motivo no se sometan a los
reconocimientos necesarios (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social de Sevilla de 18 junio de 2003 y Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Social) de 24 enero de
1994.).
Existen situaciones en las
que el mayor perjudicado por la baja temporal, además del propio trabajador y la propia Administración ,
es el empresario para quien dicho trabajador presta servicios. Hay una fuerza
de trabajo no disponible y ello, por sí mismo, suele originar un daño
patrimonial a la empresa o, cuanto menos, problemas funcionales y operativos.
Los perjuicios se acrecientan, obviamente, cuando existe una conducta ilícita
en la declaración y/o continuación de la incapacidad temporal. Ya se ha
indicado que la Administración tiene instrumentos para controlar, al menos en
cierta medida, el uso fraudulento de sus recursos pero ¿ocurre lo mismo en el
caso de los empresarios? No pocas veces la percepción de los empresarios es muy
negativa sobre este punto y consideran que se les genera una situación de
indefensión, por ello es importante que conozcan las posibles soluciones.
En la actualidad los
empresarios deben abonar directamente los gastos de la prestación de asistencia
sanitaria desde el cuarto día de la baja hasta el decimoquinto. Lo que se
pretende con esa medida es que las empresas controlen las ausencias del
trabajador, dado el enorme coste económico y funcional que suponen para nuestra
sociedad. El periodo de tiempo necesario para que el trabajador sane de sus
lesiones y secuelas y que, a la par, reciba una cantidad monetaria que le
permita subsistir es un derecho absolutamente legítimo y no puede ser
vulnerado, no obstante, existen instrumentos suficientes dentro de la legalidad
para que el empresario evite conductas de simulación y engaño.
Estos instrumentos se
exponen básicamente en los artículos 20.4 y 54.2 a ) y d) del Estatuto de
los Trabajadores:
•El trabajador que se
encuentra en situación de incapacidad temporal está obligado a ser reconocido
por personal facultativo de la empresa en la que venía prestando servicios o
por otros médicos designados por su empresa. Si de forma no motivada, el
trabajador se negara al examen médico, el empresario podrá suspender los
derechos económicos que inicialmente pudieran existir a cargo del empresario en
situaciones de baja temporal. Los problemas más habituales surgen cuando son
distintos los criterios del personal médico de la empresa y el del facultativo
de la Seguridad
Social , Mutua, etc. que decide dar y/o prolongar la baja
laboral del trabajador. En este caso, el empresario debe poner los hechos en
conocimiento de la inspección de los servicios sanitarios, a los que trasladará
los resultados del reconocimiento médico realizado a su cargo, fundamentando
sus sospechas de posible fraude en materia de Incapacidad Temporal. Si la
inspección de los servicios sanitarios no emite el alta médica, el empresario
puede reiterar la solicitud de la misma ante los servicios médicos del
Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
•El trabajador no puede
durante ese periodo realizar tareas incompatibles con su estado, sean por
cuenta propia o ajena. Es obligación del trabajador la colaboración activa en
su proceso de recuperación y, si no cumple, estaremos ante una infracción muy
grave que podrá dar lugar a un despido disciplinario, entre otras
consecuencias. El empresario está facultado para comprobar que el trabajador
está contribuyendo a su sanidad.
•La falta de presentación
de los partes de baja o confirmación supone, también, un incumplimiento de la
buena fe contractual que podría originar la adopción de medidas disciplinarias
por parte de la empresa.
Si se da el caso de una posible falsedad documental, más allá
de acciones judiciales, la empresa puede poner los hechos ante la Inspección de
trabajo, razonando que se pretenden, por parte del trabajador, obtener
prestaciones que no debiera recibir. De conformidad con el artículo 26.1 de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), estas acciones
implican una falta muy grave, que lleva aparejada la pérdida de la pensión
durante un período de seis meses o la extinción de la prestación o subsidio por
desempleo (artículo 47.1 c) de la LISOS).
•Por último, una vez que el
trabajador reciba el alta médica, si incumple indebidamente su obligación de
reincorporarse a su puesto de trabajo, el empresario podría interpretarlo como
baja voluntaria del trabajador o abandono de su puesto de trabajo y ambas
situaciones facultan a la empresa para dar por finalizada la relación laboral.
Los límites del empresario en las
facultades de vigilancia de la incapacidad temporal
No es sencillo determinar
genéricamente cuáles son los casos en los que se sobrepasan los límites
normales de supervisión por parte del empresario. Los tribunales deben valorar
cada caso concreto. Sin embargo, lo que es evidente es que no pueden vulnerarse
derechos fundamentales de los trabajadores para realizar este control, por lo
que debe modularse ”de un lado, el ejercicio de la facultad
empresarial de exigir, en todo momento, el correcto cumplimiento de los deberes
y de las obligaciones laborales impuestas al trabajador, así como instrumentar,
al efecto, los mecanismos de vigilancia y medidas de control oportunas que
autoricen, en su caso, la ulterior y explicable actuación de la actividad de la
empleadora de dirección, mando e incluso sancionadora, que han de producirse
lógicamente, dentro del debido respeto a la dignidad personal y profesional del
trabajador, con arreglo a lo previsto, ya de forma específica, en los artículos
4-2-e), 5-a), 18 y 20-2-3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores.. Y por otra
parte hay que tener en cuenta el derecho a la integridad e intimidad y demás
sentimientos que forman la propia personalidad de la persona, que tiene, como
es obvio, una clara configuración como patrimonio moral interno del individuo,
comprendiendo, entre otros, el derecho a la igualdad ante la Ley, sin
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, según declara el
artículo 14 de la
Constitución Española , así como la libertad ideológica dentro
de los diversos aspectos y alternativas que ofrece la política, recogida en el
artículo 16-1 de la
propia Carta Magna.” , como bien ha indicado el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala la de
lo Social de Málaga, de 13 julio de 2001).
En este sentido hay que
señalar que la exigencia de solicitar, desde el primer día de baja médica, los
documentos médicos que lo acrediten ha sido considerada por el Tribunal Supremo
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de 24 septiembre 2004) como
un hecho perfectamente legal, dado que “(…) esa
decisión empresarial se ajusta a las previsiones del artículo 20.2 del Estatuto
de los Trabajadores, desde el momento en que esa exigencia se incardina dentro
del ámbito del poder organizativo y de dirección de empresario y se corresponde
también con el artículo 131 de la Ley General de la Seguridad Social
y más específicamente con el artículo 2 y siguientes de la Orden de 19 de junio
de 1997 , por la que se Desarrolla el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril ,
que modifica determinados aspectos de la gestión y del control de la prestación
económica de la
Seguridad Social por incapacidad temporal.”
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