Ausencia de tablas salariales actualizadas: ¿Tengo que subir salarios durante el periodo de ultraactividad del convenio colectivo?

Un caso habitual es la especificación por convenio colectivo de un incremento salarial por un periodo determinado sujeta a una posterior sustitución del convenio por otro para los siguientes ejercicios. Esta situación genera en múltiples ocasiones dudas de cómo actuar, ¿revalorizo las cantidades según los criterios del año anterior? ¿sigo pagando lo mismo?, ¿espero a la nueva publicación de un nuevo convenio pagando, de proceder, atrasos?... Lo explicamos en base a la STS 08/11/2016 (R. 102/2016).

STS 08/11/2016 (R. 102/2016) ¿Ha de aplicarse de una cláusula de revisión salarial durante el periodo de ultraactividad de un convenio colectivo?

El Alto tribunal es claro: PREVISTA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO HASTA SU SUSTITUCIÓN POR OTRO, NO PROCEDE ACTUALIZACIÓN SALARIAL DURANTE LA ULTRAACTIVIDAD. LA ACTUALIZACIÓN SALARIAL DISPUESTA EN EL CONVENIO, PESE A TRATARSE DE UNA CLÁUSULA NORMATIVA, ESTÁ PREVISTA ESPECÍFICAMENTE PARA UN DETERMINADO PERIODO Y NO CON CARÁCTER TEMPORALMENTE INDETERMINADO.

Antecedentes

El Acuerdo colectivo aplicable (Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de limpieza pública viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado de la provincia de Granada actualizada hasta el 31 de diciembre de 2010), tras fijar la tabla salarial en vigor a partir del 1 de enero del 2008, para las diferentes categorías de trabajadores, a continuación literalmente expresa: «Las cantidades anteriormente reseñadas se incrementaran con el IPC anual más el 0,9 % desde el día 1 de enero de 2004 hasta el día 31 de diciembre de 2010»

Del mismo modo, literalmente se dice: «CUARTA.- A los efectos de que el presente acuerdo tenga el carácter de convenio estatutario se acuerda lo siguiente: A.- Ámbito temporal: el presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2004, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2010, con independencia de la fecha de publicación en el BOP de Granada, a excepción de lo referido al número de horas trabajo semanal que se aplicará de conformidad con la cláusula 2ª del acuerdo del día 10 de junio de 2005. Una vez terminada su vigencia inicial o la de cualquiera de sus prorrogas anuales, continuará rigiendo hasta que sea sustituido por otro»

En base a lo anterior, desde el 1 de enero de 2011 la empresa no ha abonado a los trabajadores el incremento salarial del IPC + 0,9%. Ello ha dado lugar a reclamaciones individuales y plurales colectivas interpuestas por trabajadores, habiendo recaído en este aspecto sentencias favorables a los mismos, la mayoría de las mismas firmes al no haber prosperado el recurso de casación en unificación de doctrina interpuesto por las empresas promotoras del conflicto por falta de contradicción.

La empresa inició un conflicto colectivo solicitando una sentencia que declarara que, a la vista del contenido del convenio colectivo, desde el 31 de diciembre de 2010 no procede ninguna actualización salarial. Dicha petición fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, produciéndose la posterior presentación de recurso de casación para unificación de doctrina objeto de la sentencia de análisis

STS 08/11/2016 (R. 102/2016)

Sobre la específica materia de que tratamos -vigencia de las diferentes cláusulas del convenio en la fase de ultraactividad- el TS resume la doctrina sentada por la Sala IV en los siguientes puntos:

• a) Que denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso que lo sustituya, en defecto de pacto en contrario, se mantiene en vigor todo el contenido normativo del anterior, tal como se desprende con claridad del art. 86.3 ET , salvo que en el mismo se disponga otra cosa, pues «[e]s cierto que conforme a la redacción actualmente vigente del art. 86 del ET [...], el propio convenio Colectivo puede establecer las reglas y soluciones que tenga por conveniente en orden a la vigencia de su contenido normativo durante el período de ultraactividad; y por tanto es totalmente lícito y admisible que un precepto del Convenio disponga que determinadas cláusulas del mismo, a pesar de su contenido normativo, pierdan su vigencia al iniciarse ese período de ultraactividad, es decir una vez finalizado el plazo de vigencia pactada de dicho convenio colectivo. Ahora bien, para que se pueda producir esta pérdida de vigencia de preceptos del convenio colectivo con contenido normativo, es de todo punto necesario que dicho convenio así lo establezca con claridad en alguna de sus disposiciones» (así, STS 25/01/07 -rco 63/06 -. Y con la misma doctrina, SSTS 18/04/12 -rco 150/11 -; 20/06/12 -rco 31/11 -; y 29/01/13 -rco 49/12 -).
• b) Que el régimen salarial pactado en los convenios colectivos tiene carácter normativo y no obligacional (por todas, SSTS 16/06/08 -rco 114/07 -; 02/07/09 -rcud 44/08 -; 18/04/12 -rco 150/11 -; y 29/01/13 -rco 49/12 -).
• c) Que el carácter normativo de las condiciones retributivas y su consiguiente ultraactividad no se pierden, aunque sean previsiones de futuro (SSTS 16/06/08 - rco 114/07 -; y 18/04/12 -rco 150/11 -).
• d) «Pero de igual manera ... también es evidente que esa ultraactividad es inaplicable respecto de cláusulas de las que inequívocamente se desprenda su pactada limitación temporal, aún a pesar de la previsión contenida en el art. 86.3 in fine respecto de que "en defecto de pacto se mantendrá en vigor el contenido normativo del Convenio", porque "[l]a vigencia del contenido normativo ... se producirá en los términos que se hubieren establecido en el propio convenio"» (literalmente, STS 29/01/13 -rco 49/12 -).

En base a todo lo anterior, el TS asevera que la limitación temporal establecida en el acuerdo colectivo analizado (desde 2004 hasta 2010) no admite dudas y resulta ajustada a derecho, sentando doctrina por la que debemos entender que, en aquellos supuestos donde la cláusula de revisión salarial establece de forma expresa revalorización de salarios para un periodo temporal determinado, no procederá revisión durante el periodo de ultraactividad del convenio colectivo.

Entonces... ¿Cuándo hay que subir el sueldo de los empleados?

Como analizamos en el caso práctico: «Ausencia de actualización salarial durante el periodo de ultraactividad de convenio», sería correcto aplicar las tablas existentes hasta un nuevo convenio o tabla en el que se indicará el pago de atrasos y su forma.

IMPORTANTE: - Para que la actualización salarial sea obligatoria para la empresa, las tablas salariales (o su revalorización) tienen que estar publicadas en el Boletín Oficial que corresponda. - Las actualizaciones alcanzan a trabajadores que ya no presten servicios como, por ejmp.: despedidos, de baja, en excedencia, etc. - Si el trabajador/a viniese cobrando cantidades por encima del convenio los atrasos no procederían.

Ley  6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018      Ayer, 4 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Hemos realizado un resumen con los puntos clave para que puedan conocer de manera rápida las principales novedades que esta Ley dispone.  Así mismo les adjuntamos el Texto normativo completo para su consulta.   Esperamos que esta información sea de su interés. Aprovechamos la ocasión para agradecerle la confianza que deposita en nuestra Entidad. Por gentileza Mutua Universal

Asesor fiscal, ¿una profesión de alto riesgo?

Ante unos «criterios interpretativos que fluctúan» que pueden sorprender al asesor fiscal, independientemente de la letra de la Ley, este profesional se puede enfrentar a una triple responsabilidad: tributaria, penal y civil

Carlos Manso Chicote 29/06/2018 02:36h

Como ha definido el presidente de (FETTAF), Juan Torres, el asesor hará todo lo posible para que el contribuyente «pague lo justo por lo que hace, no menos» - FOTOLIA

El próximo lunes 2 de julio concluye la Campaña de la Renta y, con ella, muchos ciudadanos habrán ajustado cuentas con Hacienda para lo que también se habrán asegurado un asesoramiento profesional a través de un asesor fiscal. Tras los casos recientes del exministro de Cultura Máxim Huertasy de jugadores de fútbol como Leo Messi o Cristiano Ronaldo, la figura de estos profesionales ha estado en el ojo del huracán. Pero, ¿cuáles son los límites de su labor? ¿En qué responsabilidades podrían incurrir en caso de una mala práxis?

Para José Andrés Sánchez Pedroche, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) estamos ante «una profesión de alto riesgo» en la que «hay criterios interpretativos que fluctúan» y en la que el asesor se puede ver sorprendido, independientemente de la letra de la Ley. Desde el sindicato de técnicos de Hacienda, su presidente Carlos Cruzado ha pedido que «no meter en el mismo saco a todos los asesores, ni siquiera a la mayoría». Al respecto, el exrector de la Udima ha apuntado que el asesor fiscal debe «saber lo que dice la Ley, qué interpreta la Administración y cuáles son los criterios que aplicarían los tribunales, una vez tuviera lugar el conflicto».

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF), Juan Torres, ha señalado que el asesor tiene que hacer todo lo posible para que el contribuyente «pague lo justo por lo que hace, no menos: se trata de optimizar para que abone lo justo dentro de las normas».

Triple responsabilidad

Pero, ¿a qué responsabilidades se enfrentan desde el punto de vista legal? El profesor Sánchez Pedroche ha apuntado a tres tipos de responsabilidad: la tributaria, la penal y la civil. Sobre la primera ha constatado que tanto Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) como en los reglamentos que la desarrollan «no hay ninguna referencia a la asesoría». En este sentido, este experto ha explicado que «no se regula la coautoría, sino que hay una única cuota, interés o sanción: si paga el contribuyente no hay ninguna responsabilidad». A juicio de este especialista, en cualquier caso, habría una suerte de «responsabilidad solidaria del contribuyente» Es decir, la regulación se preocuparía de asegurar el cobro no de perseguir o sancionar a los individuos que han colaborado en la posible infracción. «Lo que quiere la Ley (artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria) es una garantía para que se pague», ha apuntado.

Sobre la responsabilidad penal, Sánchez Pedroche ha explicado que en este ámbito el campo se amplía ya que «hay tantas infracciones como conductas ilícitas». Al hilo de lo anterior, ha recordado que este tipo de delitos comienzan con una inspección de Hacienda y que no estamos hablando de uno cualquiera. «El delito contra la Hacienda Pública - regulado en el artículo 305 y posteriores - es especial y de infracción del deber en el que el contribuyente solo puede ser auxiliado por terceros o extraños», ha comentado este experto que apunta a tres tipos penales para los presuntos defraudadores: cooperador necesario, cómplice o inductor. «En el 95% de los casos las condenas son por el primer tipo, luego una pequeña parte por cómplice y las sentencias por inducción son casi testimoniales», ha añadido matizando que en caso de condena tendrían la misma condena que los contriyente pero con los matices de que vería su responsabilidad civil limitada y podría beneficiarse de determinados atenuantes.

Por último, la responsabilidad civil es para Juan Torres (FETTAF) corresponde a la «que tenemos todos los profesionales» y hace referencia a discrepancias a nivel contractual o extracontractual. Como ha recordado, Sánchez Pedroche ante el riesgo de posibles equivocaciones por los cambios en criterios interpretativos se empiezan a «generalizar cláusulas de responsabilidad civil» entre los asesores fiscales.

Sin estatuto ni regulación

Todos los expertos consultados han coincidido en recordar que en España no existe un Estatuto del Asesor Fiscal ni una regulación específica de esta actividad. En cualquier caso, han matizado estas fuentes, hay códigos deontológicos en aquellos colectivos que están adscritos a algún colegios profesional como en el caso de los abogados o los economistas, estos últimos a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf). De igual modo, ha añadido el máximo responsable de la FETTAF, de la mano del último Ejecutivo se estaba en un proceso de elaboración «muy avanzado» de un código voluntario que regule la relación de estos profesionales con la Agencia Tributaria.

En esta línea, Cruzado (Gestha) se ha mostrado partidario de que se apruebe un estatuto del asesor fiscal «que limite el ámbito de sus responsabilidades» y ha constatado que «en muy pocos casos» la Agencia Tributaria imponga una sanción por responsabilidad solidaria contra algún asesor. Al respecto, para el máximo responsable del sindicato de técnicos de Hacienda, «la responsabilidad está sobre el papel, pero vemos pocos casos en que se exija».

OBLIGACIÓN DEFINITIVA DE QUE LOS AUTOMOS TRASMITAN POR EL SISTEMA RED.

Como sabe el pasado 6 de marzo se publico en el BOE la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. Esta norma establece la obligatoriedad de que todos los autónomos, con alguna pequeña exclusión, estén con fecha 1 de octubre incorporados al sistema RED y a NOTESS. 

Relación de documentos que se ponen en el enlace que sigue abajo Pulse para ver.

Autónomos obligación Sistema Red.

-Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.

-Presentación que nos ha facilitado la Tesorería General de la Seguridad Social.

-Tríptico elaborado por el citado organismo con las novedades que afectan al trabajador autónomo.

El TSJUE analiza la reconvención del empleador en demanda por despido.

Para el TSJUE el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, confiere al empresario el derecho de presentar una reconvención ante el tribunal al que el trabajador presentó válidamente su demanda y que dicho tribunal puede pronunciarse sobre esa reconvención siempre que haya sido presentada para resolver todas las pretensiones recíprocas que tienen un origen común.

El concepto de «reconvención» que figura en el artículo 6, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001, ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, permitiendo a las partes, en interés de una buena administración de la justicia, que se resuelva en el mismo procedimiento y ante el mismo juez acerca de todas sus pretensiones recíprocas que tienen un origen común. De este modo, se evitan múltiples y superfluos procedimientos. 

• Cuestión prejudicial

El Tribunal de Apelación de Turín, Italia, solicita petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Livio Guida, domiciliado en Polonia, y su antiguo empresario, la sociedad italiana Petronas Lubricants Italy SpA (en lo sucesivo, «PL Italy»), con domicilio social en Italia, con respecto al despido que le notificó dicha sociedad.

El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia - como ya había adelantado el abogado general, Yves Bot,  en su escrito de conclusiones del pasado 7 de marzo de 2018-  la oportunidad de «definir por primera vez el concepto de «reconvención» previsto en una de las disposiciones particulares del capítulo II, sección 5, del Reglamento n.º 44/2001, que establece las reglas de competencia en materia de contratos individuales de trabajo, a la luz de la jurisprudencia más reciente sobre ese mismo concepto tal como se define en el artículo 6, punto 3, de dicho Reglamento, comprendido en la sección 2 del mismo capítulo, relativa a las competencias especiales».

• El Tribunal de Justicia declara:

«El artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, confiere al empresario el derecho de presentar, ante el tribunal que conoce de la demanda principal interpuesta válidamente ante él por un trabajador, una reconvención basada en un contrato de cesión de crédito celebrado entre el empresario y el titular inicial del crédito en una fecha posterior a la interposición de la demanda principal.»

• SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 21 de junio de 2018 «Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia en materia de contratos individuales de trabajo — Artículo 20, apartado 2 — Empresario demandado ante los tribunales del Estado miembro de su domicilio — Reconvención del empresario — Determinación del órgano jurisdiccional competente»

Sentencia del TC sobre la vulneración del derecho al olvido recogido en el RGPD

A través de una nota de prensa, el Tribunal Constitucional informa de la sentencia dictada por la Sala Primera del TC, sobre un recurso de amparo interpuesto por dos personas que consideraron vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad y a la protección de datos por el uso de las tecnologías de internet, al aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de hemerotecas digitales. Consideraban vulnerado su derecho al olvido, recogido el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de Abr DOUE (Reglamento general europeo de protección de datos (GDPR/RGPD)) , como derecho a la supresión de los datos personales.

→ Consulte la Sentencia Constitucional Nº 58/2018, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 2096/2016, 04-06-2018

Según se extrae de la propia sentencia, “la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno de El País debe ser limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados”.

El recurso amparo presentado ante el TC, fue interpuesto contra una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 15/10/2015, que reconocía el derecho al olvido digital de personas procesadas por implicación en un caso de tráfico y consumo de drogas en los años ochenta. El TS rechazó la procedencia de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues consideró que estas medidas suponían una restricción excesiva de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.

En la Nota informativa publicada por el Constitucional, se expresa que, en la resolución de este conflicto hay que tener en cuenta el equilibrio entre las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación informativa, donde juega un papel importante el efecto del paso del tiempo sobre la función que desempeñan los medios de comunicación y, sobre la doble dimensión (informativa o investigadora) de esa función.

La sentencia del TC finaliza exponiendo que, debe tenerse en cuenta que los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de permitir el hallazgo y la divulgación de la noticia y que esa función queda garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia pública alguna.

Por tanto, “siempre será posible si existe una finalidad investigadora en la búsqueda de información alejada del mero interés periodístico en la persona investigada, localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo”.

Concluyendo que, no son necesarios los datos personales de los solicitantes del amparo, que nada agregan al interés de la noticia, bastando las iniciales del nombre y los apellidos.

FUENTE:

NOTA INFORMATIVA TC

PRENSA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cambio de criterio del TS en relación al plazo de prescripción de acciones tras sucesión de empresa.

El Art. 44, Estatuto de los Trabajadores establece, una responsabilidad solidaria entre los empresarios sucesivos respecto a las obligaciones laborales anteriores y posteriores a la sucesión, respondiendo solidariamente durante TRES AÑOS de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. No obstante, el apdo. 1, Art. 59, ET, establece que las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán AL AÑO DE SU TERMINACIÓN.

Como tuvimos la oportunidad de aclarar en nuestro: «Caso práctico: Prescripción de la responsabilidad solidaria del cedente y cesionario ante el cambio en la titularidad de la empresa.», hasta el momento la doctrina venía entendiendo que a partir de la fecha de transmisión empresarial comienza a contar un plazo especial de prescripción de tres años que prevalece sobre el general de un año. No obstante, según la reciente STS 17 de Abril de 2018 (Rec 78/2016), el plazo de prescripción de la acción para reclamar deudas salariales es -conforme al art. 59 ET - el de un año, y carece de soporte argumental pretender que por mor de la subrogación, este único plazo legal:

• «a) o bien se amplíe frente al empresario cesionario -deudor inicial- hasta los tres años;

• b) o - todavía resulta más artificial- se desdoble, persistiendo el de un año para el originario deudor y se añada el de tres años para el corresponsable solidario».

Para la Sala IV, cambiando el criterio establecido en su momento por la STS 13/11/92 (Rud. 1181/1991), «La acción es única y como tal su plazo de prescripción también lo es, y si el nuevo empresario queda «subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior», el significado técnico de la subrogación como «acto por el que una persona sustituye a otra en los derechos y obligaciones propios de determinada relación» [DEJ], nos sitúa frente a la asunción de la deuda con todas sus singularidades, entre ellas el plazo de prescripción de la acción».

El Tribunal Supremo cambia el criterio establecido hasta la fecha y declara que el plazo de prescripción para reclamar deudas salariales es de un año sin posible extensión a tres años en caso de sucesión de empresa.

Plazo de prescripción de acciones tras sucesión de empresa. Sentencia SOCIAL Nº 402/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 78/2016 de 17 de Abril de 2018

Contrato de transporte genérico con trabajador autónomo (condición de TRADE)

El contrato de transporte de mercancías es aquél por el que el porteador se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato. (Art. 2 Ley 15/2009, de 11 de noviembre).

El transportista, para el ejercicio profesional de la actividad de transporte, debe cumplir con las condiciones previstas en los arts. 42 a 56 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

En orden a la descripción de las mercancías objeto del transporte, es necesario identificar, no sólo la naturaleza de las mercancías, sino también los bultos que componen cada envío, los cuales deberán estar claramente señalizados mediante los correspondientes signos conforme dispone el art. 21 Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (LCTTM).] 

Para el caso de los transportistas, la DA11ª Estatuto del trabajo autónomo (Ley 20/2007 de 11 de Jul), en relación con lo dispuesto en el artículo 1.3 g) del Estatuto de los Trabajadores, considera como trabajadores autónomos a las personas prestadoras del servicio del transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada mediante el correspondiente precio con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador. Añade dicha disposición que si se cumplen los requisitos de los artículos 11.1 y 11.2 .a de la misma se tratará en todo caso de trabajadores autónomos económicamente dependientes. Por tanto, para que dentro de este sector de trabajadores autónomos exista un trabajador autónomo económicamente dependiente la Ley no exige los requisitos de las letras b a c del número 2 del artículo 11, LETA, ni el del número 3 del mismo artículo. (Sentencia Social TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1019/2008, 29-10-2008)

Complementos a incluir en la retribución de vacaciones. 

Los pluses correspondientes a la actividad ordinaria de la empresa, son conceptos en abstracto computables, pero no se aplican a los trabajadores que los hubiesen percibido ocasionalmente, salvo que el convenio disponga lo contrario. La ocasionalidad puede determinarse en negociación colectiva, pero si no se hiciese ha de entenderse ocasional su devengo si se ha producido en menos de seis meses de entre los once anteriores a las vacaciones. Reitera doctrina.

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Duración y pago de la prestación por Incapacidad Temporal

La duración y pago de la prestación por Incapacidad Temporal, se regulan en los Art. 173-176 ,Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

La Df 31, PGE 2017 ha dado nueva redacción al apdo. 2, Art. 170, LGSS, atribuyendo a la entidad gestora, a la Mutua o a la empresa colaboradora directamente, el pago del subsidio por IT entre la fecha de resolución del alta médica por el INSS y su notificación, una vez agotado el plazo de 365 días.

Duración del subsidio por Incapacidad Temporal

El subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad temporal, debida a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, y tendrá una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días (12 meses), prorrogables por otros ciento ochenta días (6 meses) cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación ( apdo. 1.a,  Art. 169 , RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-) )

CONTINGENCIAS INCAPACIDAD TEMPORAL.	.	DURACIÓN DE LA SITUACIÓN
Enfermedad Común y accidente no laboral	.	365 días + 180 días de prórroga. Cuando se presuma que, durante ellos, el trabajador pueda ser dado de alta médica por curación (545 días en total).
Enfermedad Profesional  y accidente no laboral	.	365 días + 180 días de prórroga. Cuando se presuma que, durante ellos, el trabajador pueda ser dado de alta médica por curación (545 días en total).
Periodo de observación	.	6 meses + 6 meses. Cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

Prórroga de la Incapacidad Temporal

A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, y de su posible prórroga, se computarán los de recaída y de observación.

• IT por Contingencias comunes.

Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días indicado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para ( Art. 170, LGSS ):

• reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta días más. (1)
• determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente
• - emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En este supuesto, cesará la colaboración obligatoria de las empresas en el pago de la prestación el día en que se dicte dicha resolución, abonándose directamente por la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social el subsidio correspondiente durante el periodo que transcurra entre la fecha de la citada resolución y su notificación al interesado. Las empresas que colaboren en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal conforme a lo previsto en el apdo. 1 a) o b), Art. 102, LGSS, vendrán igualmente obligadas al pago directo del subsidio correspondiente al referido periodo.
• - emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal producida, por la misma o similar patología, en los ciento ochenta días naturales posteriores a la citada alta médica.

Tradicionalmente, el Tribunal Supremo, siguiendo doctrina unificada (SSTS de 8 de mayo de 1995, 10 de diciembre de 1997, 7 de abril de 1998 y 23 de julio de 1999), había reiterado que una misma enfermedad podía dar lugar a diferentes procesos de incapacidad temporal cuando se produce el alta y sobreviene una nueva baja después de transcurridos seis meses de actividad. No obstante, CON EFECTOS DE 01/01/2014, a efectos de determinar la duración del subsidio, se computarán los períodos de RECAÍDA en un mismo proceso. Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior (174 ,Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)     (2)

• IT por Contingencias profesionales.

Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días indicado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será igualmente el único competente, salvo los supuestos en los que la cobertura corresponda a una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, en cuyo caso (RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina asumiran competencias en relacion con la gestion de la prestacion por incapacidad temporal.): 

- La Mutua Colaboradora con la Seguridad Social emitirá propuesta de alta.

- El INSS se pronunciará antes de 5 días aceptando o denegando el alta (de no existir Resolución en ese plazo  se entiende aceptada la propuesta)

Pago

* Ver cuadro en Cuantía y base reguladora de la prestación por incapacidad temporal"

La prestación la efectuará la empresa con la misma periodicidad que los salarios, en virtud de la colaboración de las empresas en la gestión del Régimen General de la Seguridad Social y corre a cargo de:

• Instituto Nacional de la Seguridad Social.
• Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
• Instituto Social de la Marina
• Empresa autorizada para colaborar en la gestión.

En los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4º a 15º (ambos incluidos) de baja en el trabajo correrán a cargo del empresario, como responsabilidad directa establecida legalmente. En caso de impago el Instituto Nacional de la Seguridad Social, como entidad gestora es responsable subsidiaria respecto de la empresa.

A partir del día 16º de baja, la responsabilidad del abono incumbe al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en su caso, aunque la empresa continúe abonando la prestación en concepto de pago delegado (compensando su importe en concepto del pago de cuotas (apdo. c, Art. 102 del RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-)).

El abono de la prestación económica lo efectúa la empresa con la misma periodicidad que los salarios, en virtud de la colaboración obligatoria  (3)  de las empresas en la gestión del Régimen General de la Seguridad Social, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cuotas a la Seguridad Social.

Pago de la prestación económica por incapacidad temporal.

1. La colaboración obligatoria de las empresas en el pago de la prestación por IT cesará el último día del mes en que la Entidad gestora competente haya dictado la resolución en la que se declare expresamente la prórroga de dicha situación o la iniciación de un expediente de incapacidad permanente (IP). No obstante, seguirán abonando la mencionada prestación en los supuestos señalados en el mismo, bien hasta la extinción de la situación de la IT bien hasta la calificación de la IP, las empresas autorizadas para colaborar en la gestión de aquélla y las corporaciones locales respecto del personal al que vinieran reconociendo y abonando la prestación por IT (apdo. 1.a), Art. 169, LGSS).
2. Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación de desempleo y pase a la situación de incapacidad temporal, el SEPE abonará la prestación por IT en régimen de pago delegado hasta que se agote la duración de la prestación por desempleo, así como  las cotizaciones a la Seguridad Social (la aportación de la empresa y el complemento del 35% a que se reduce la aportación del trabajador (apdo. 3, Art. 222, de la LGSS). El Servicio Público de Empleo Estatal únicamente seguirá abonando la prestación económica por incapacidad temporal cuando se declare por la entidad gestora la prórroga expresa de dicha situación, en virtud de las competencias, con el límite máximo de la duración de la prestación por desempleo.

Casos especiales

• Trabajadores incluidos en el Sistema especial para empleados del hogar. Con efectos de 01-01-12, el subsidio de IT, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, se abonará a partir del noveno día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive. El pago del subsidio causado por los trabajadores incluidos en este sistema especial se efectuará directamente por la entidad a la que corresponda su gestión, no procediendo el pago delegado del mismo.
• Trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios -. A partir de 01-01-12, la prestación será abonada directamente por la Entidad a la que corresponda su gestión, no procediendo el pago delegado de la misma, a excepción de los supuestos en que aquéllos estén percibiendo la prestación contributiva por desempleo y pasen a la situación de IT, a que se refiere el apdo. 2, Art. 283, LGSS.

(1) Si el plazo estimado de curación supera los 180 días no procederá la prórroga; iniciándose un expediente de Incapacidad Permanente, aún cuando las secuelas invalidantes no sean definitivas.

(2) El período de 180 días necesarios para generar una nueva IT por la misma patología comenzará a computar, no a partir de la propuesta de invalidez (como sucedia con anterioridad), sino a partir de la denegación o aprobación de la incapacidad permanente por el INSS. Nos encontramos ante una gran novedad ya que, dicho período de 180 días para generar una nueva IT por la misma patología no son 180 días de actividad laboral. La nueva redacción únicamente señala 180 días naturales. Es decir, el trabajador podrá tener suspendido el contrato, sin actividad laboral, ya que normalmente en dichos casos no pueden trabajar. Hasta ahora, muchas empresas acababan abonando durante esos 180 días el salario al trabajador, ya que estaba de alta médica pero no podían trabajar por encontrarse realmente impedidos.

(3) Con efectos de 1 de enero de 2014, la DF4 ,Ley 22/2013, de 23 de diciembre, ha definido la COLABORACIÓN OBLIGATORIA como el pago por la empresa a sus trabajadores, a cargo de la Entidad Gestora o Colaboradora, de las prestaciones económicas, compensándose su importe en la liquidación de las cotizaciones sociales que aquella debe ingresar. La empresa deberá comunicar a la Entidad Gestora, a través de los medios electrónicos, informáticos o telemáticos establecidos, los datos obligación de la misma requeridos en el parte médico de baja, en los términos que se establezcan reglamentariamente. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá suspender o dejar sin efecto la colaboración obligatoria cuando la empresa incumpla las obligaciones establecidas (Art. 77 ,Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).

Estado: Redacción actual VIGENT. Orden: Labor .Fecha última revisión: 29/06/2017

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Si vas a contratar en 2018 existen varias bonificaciones para la contratación de un descendiente o familiar que debes conocer

Si eres autónomo y estás planteándote incorporar a tu plantilla a algún familiar, este artículo te interesa. A continuación vamos a ver cuáles son las modalidades de contrato que te permiten contratar a personas con parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad y además, aplicar interesantes bonificaciones en los seguros sociales.

Te comentamos algunas que ya existían y otras que se han ampliado o creado a raíz de la nueva Ley del Autónomo:

Contrato para la formación y el aprendizaje

El contrato para la formación y el aprendizaje es una modalidad de contrato a tiempo completo, que combina el trabajo con una parte de jornada destinada a formarse online. Para ser más exactos, el 25% de la jornada sería para formación y el 75% para trabajo.

Este contrato es muy beneficioso porque se puede prorrogar incluso hasta por 3 años, durante los cuáles no pagarías nada de seguros sociales.

Y además podrías aplicar otras dos bonificaciones, una por la formación que recibe la persona contratada, y otra de entre 60 y 80 euros para la empresa.

Si eres autónomo, puedes contratar a tu hijo/a menor de 30 años con el contrato de formación, independientemente de si vive contigo o no, y aplicar todas estas ventajas.

Si se trata de un familiar menor de 30 años, que no convive contigo, ni existe dependencia, también podrás utilizar este contrato si eres autónomo sin ningún trabajador en plantilla.

El contrato para la formación y el aprendizaje también es una oportunidad para tu familiar, ya que accederá a una formación oficial de Certificado de Profesionalidad y podrá conseguir dicho título a la vez que trabaja.